Adriana Díaz Enciso
A propósito de ``La hora de la Cocopa''

Tiene razón el señor Héctor Aguilar Camín al afirmar que la actuación de la Cocopa será decisiva en estos momentos para la resolución del conflicto en Chiapas (La Jornada, 13/I/97). Sin embargo, en otros aspectos su lectura de los recientes acontecimientos no me parece tan clara. En el texto mencionado el autor duda de ``hasta qué punto esa ley (de iniciativa de la Cocopa) es de interés nacional'', o de ``si la legislación indígena es tan trascendental para el futuro de México como se dice.'' Claro, todo depende de en qué estamos pensando cuando decimos ``México''. Seguramente una legislación de esta naturaleza no tiene importancia alguna para quien cree que los pueblos indígenas no pertenecen al espejismo de país moderno y democrático que nos dijeron que teníamos durante el sexenio pasado, y que no tienen ningún derecho ni a la paz, ni a la justicia ni al acceso a los recursos nacionales. No obstante, aun si existen muchos mexicanos que piensan así, hacen mal en minimizar la trascendencia de dicha ley, porque los hechos indican que la definición del futuro de México no podrá desembarazarse más, para bien o para mal, de su realidad indígena. De no ser así, el Ejecutivo no se tomaría siquiera la molestía de dialogar (o hacer como que dialoga) con el EZLN.

Calificar como exagerada la reacción del EZLN a las observaciones del Ejecutivo a la iniciativa de ley de la Cocopa me parece una grave inexactitud. No creo que las diferencias entre ambos textos sean, como afirma Aguilar Camin, ``de simple redacción'' (para qué se habría preocupado el Ejecutivo por tales minucias). No se necesita ser muy perspicaz ni trabajar con la palabra para comprender la diferencia esencial entre los términos ``en consulta con los pueblos indígenas'' y ``tomando en cuenta la opinión de los pueblos indígenas''; ``intérpretes y defensores particulares o de oficio'' e ``intérpretes y defensores'', simplemente; ``las comunidades indígenas como entidades de derecho público'' y ``las comunidades de los pueblos indígenas como entidades de interés público''; ``el Estado les garantizará su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional'' y ``el Estado promoverá su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional'', y ``los distritos electorales deberán ajustarse conforme a la distribución geográfica de dichos pueblos'' y ``en la conformación de los distritos electorales uninominales se tomará en cuenta la distribución geográfica de dichos pueblos''. Más osadas aún son las modificaciones del Ejecutivo a otros artículos, pero creo que las comparaciones anteriores sirven como ejemplo para demostrar cómo, ante el esfuerzo evidente de ofrecer una iniciativa de ley que responda meticulosamente a problemas específicos, el Ejecutivo ha respondido generalizando de nueva cuenta, precisamente, lo específico, dando así margen a que la ley se ejerza con la ambigüedad que la caracteriza en nuestro país, y que ha permitido, entre tantas otras desgracias, que los pueblos indígenas vivan en condiciones extremas de pobreza y marginación. ¿Por qué se les promete a los indígenas de nuestra nación que su opinión ``será tomada en cuenta'' en lo que respecta a sus derechos? ¿Es que no son ciudadanos ``de altura'' que merezcan un trato un poco menos ambiguo y oscuro por parte de sus gobernantes? ¿De verdad creen la Secretaría de Gobernación y el presidente Zedillo que el EZLN se levantó en armas con la determinación de dejarse engañar tres años después? Quien toma las armas está dispuesto a luchar, está dispuesto a morir, y ésas son decisiones muy serias como para pretender inocentemente que un ejército de esta naturaleza se conforme con una legislación engañosa que no les prometa más que seguir viviendo en las condiciones de marginación y pobreza que originaron el conflicto. Por eso la respuesta del Ejecutivo no es sino una provocación más para romper la frágil paz que el EZLN, a pesar de ser la guerrilla que se levantó en armas, ha hecho todo lo que está en su mano por conservar. Pero no olvidemos --y por supuesto ni nuestros gobernantes ni nuestro Ejército lo olvidan-- que siguen siendo un grupo armado, y que por lo tanto la consecuencia del juego absurdo a que el Ejecutivo ha apostado en su supuesto diálogo con los zapatistas bien puede ser la guerra, ésa que la sociedad civil le ha explicado por todos los medios que no quiere.

También afirma el señor Aguilar Camín que los zapatistas están ``levantando la voz de más para reparar el hecho de que cada vez su voz se escucha menos.'' Lo cual, de ser cierto, debería alarmarnos a todos. Porque no es casualidad que, ante el exceso de problemas que los ciudadanos mexicanos tenemos que afrontar diariamente en medio de esta crisis (económica, política, social y moral), y ante los oídos sordos de nuestros gobernantes a la multitud de esfuerzos con que hemos propuesto alternativas para un país no sólo justo y equitativo, sino --quizá ahí radique la raíz de todo-- digno, nos hemos desgastado y con frecuencia desesperamos ante una realidad en verdad ominosa. Por lo mismo, yo no considero motivo de regocijo el que la voz de los indígenas de Chiapas que exigen el reconocimiento a su autonomía y el respeto a sus derechos se oiga cada vez menos. ¿Qué motivo podría haber detrás de ese regocijo, si no el secreto deseo de que vuelvan a quedar relegados en el olvido criminal e injusto con que durante cientos de años los obsequió la conciencia nacional? Si, como dice nuestro autor, ``ni la más autonómica (sic) y zapatista legislación especial para los pueblos indígenas resolverá la marginación y la explotación de esos pueblos'', ¿qué sugiere entonces como primer paso para acelerar un necesario proceso de equidad y justicia que, obviamente --todos lo sabemos-- llevará años para construirse? Si una legislación tal sería de hecho insignificante, ¿a qué está jugando el gobierno mexicano haciéndole modificaciones que encierran, detrás de su ``redacción'', su inamovible idea de que los indígenas de México son todos una especie de ciudadanos menores de edad?.