En el discurso, el gravísimo problema de la deuda pública externa mexicana se ha resuelto, definitivamente, en no menos de tres ocasiones a lo largo de los últimos cinco lustros y medio. Pero ninguna solución provocó tal festín como la personificada --el 4 de febrero de 1990-- por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y su secretario de Hacienda, Pedro Aspe.

Ambos personajes informaron a la nación que los vampiros de la banca trasnacional se habían doblegado ante los argumentos del gobierno mexicano.

Y qué bueno que fue así, porque a lo largo de 1997 la versión 1994-2000 del gobierno mexicano sólo tendrá que amortizar (sin considerar el pago de intereses) alrededor de 10 mil millones de dólares.

Después de renegociar, restructurar y recalendarizar la deuda pública externa decenas de ocasiones, cada una de ellas acompañada de sesudos comentarios en torno de la solución definitiva del problema, durante el presente año (el de la recuperación también definitiva) el gobierno sólo transferirá al exterior algo así como el equivalente a 3.33 por ciento del producto interno bruto (PIB).

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, México deberá pagar 9 mil 811.1 millones de dólares a la banca comercial internacional y a los organismos financie- ros multilaterales. Ello sin considerar los ya acostumbrados prepagos al gobierno de Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional, montos que --dicho sea de paso-- poco después son requeridos, de nueva cuenta, aunque son registrados como nuevas muestras de confianza y buena voluntad por parte de esas instancias hacia la política económica del régimen zedillista y la inobjetable recuperación que de ella resulta.

En este contexto, el propio secretario Guillermo Ortiz encabeza las negociaciones con el FMI y sus generosos funcionarios para firmar una nueva carta de intención. No hay que olvidar que el próximo 15 de febrero vence el acuerdo de derecho de giro que el gobierno mexicano firmó con el Fondo el primero de febrero de 1995 por un total de 12 mil 70.2 millones de derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a cerca de 17 mil 500 millones de dólares.

Aunque las autoridades hacendarias aseguraron que no se utilizarían los recursos del FMI debido a la franca y notoria efectividad de la política económica puesta en marcha y sus extraordinarios resultados, ahora el gobierno mexicano se prepara para solicitar acceso a los 3 mil 312.18 millones de DEG restantes de dicho acuerdo con el Fondo.

Pero México no sólo está en el Fondo. Las cifras de Hacienda revelan que en 1997 el gobierno pagará 2 mil 100 millones de dólares por amortizaciones (sin considerar intereses) al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo.

Sin considerar los nuevos créditos obtenidos ni la inminente firma de un nuevo paquete de apoyo con el FMI, el gobierno (versiones 1994-2000 y 2000-2006) amortizará (sin intereses) cerca de 66 mil millones de dólares, equivalentes a 22 por ciento del PIB a precios actuales.

Bien por la solución definitiva del problema de la deuda.

Las opciones de la crisis

Un número no abundante pero sí representativo de la debilitada clase media mexicana recurrió a la inversión bancaria y/o a la especulación con divisas, en su desesperado intento para paliar los efectos del crack.

En la primera etapa de la crisis --1995--, dichos ahorradores obtuvieron rendimientos nominalmente sustanciosos y un tipo de cambio inconteniblemente al alza. Las cosas han girado de manera drástica, y todo aquel que vio en esos mecanismos una forma de obtener ingresos adicionales se quedó --en la segunda etapa de la crisis, 1996-- con las ganas.

Los especialistas del Grupo Financiero Banamex-Accival reportan que en 1996 todo aquel que especuló con divisas reportó pérdidas reales. El dólar cayó -0.15 por ciento; el marco alemán -2.92; el yen japonés -0.24; el franco suizo -2.63, y la libra esterlina -2.71 por ciento.

Por lo que toca a las inversiones bancarias, los resultados fueron prácticamente iguales a la inflación. En 1996 los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento a 28 días ofrecieron una ganancia real de 0.65 por ciento; a 3 meses de 0.63 y a 6 meses de 0.60 por ciento. La ganancia real ofrecida por los Cetes fue de 0.71 por ciento a 28 días de plazo; 0.70 a 91 días; 0.67 a 182 días, y 0.64 por ciento a 364 días.

En el mercado de los metales la situación no fue distinta. El precio del centenario perdió 3.42 por ciento, el de la onza troy de oro en Estados Unidos 2.46 y el de la onza troy de plata 3.30 por ciento.

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