En Pantelhó, la autonomía es letra muerta para caciques y policía
Hermann Bellinghausen, enviado, Pantelhó, Chis., 14 de enero Ť El conflicto en el municipio autónomo de Santa Catarina -con los priístas de la región, y por extensión con la seguridad política y el aparato de justicia estatal- da una buena idea de lo que está pasando por acá, y por tantas otras partes de la República donde hay pueblos indios.
Por lo pronto, en Pantelhó y sus alrededores el ambiente está descompuesto. Agentes policiacos de civil vigilan subrepticiamente todo lo que se mueve aquí y en los alrededores.
Desde hace dos días, una calma crispada y frágil recorre la región de Los Altos, y al llegar a éste, el más lejano municipio, estalla. Una es la historia verdadera y otra la que se cuenta oficialmente, y que es la que por lo visto cuenta. Tan es así que las víctimas son hoy los presos en la cárcel de San Cristóbal, y los agresores quienes tienen la ley de su parte, y la actitud amenazante. Su versión es la que se impone.
Niños indígenas a la expectativa de la paz, con la
consecuente reivindicación de estos pueblos que
han resistido más de 500 años de marginación.
Foto: Ana Isabel Patiño
A contracorriente, las autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Santa Catarina, Municipio Autónomo, ``antes Pantelhó'', denuncian: ``El día 12 de enero inició el problema como a las 5 de la tarde. El señor Mariano Jiménez Gómez fue golpeado en la calle, (iba) inocentemente y fue apedreado por la espalda y privado unos cinco minutos. Después fue a pedir auxilio a la Presidencia Autónomo el hijo del señor Mariano. El presidente municipal mandó a capturar el culpable. Fueron los Mayoles a detener el culpable. En ese momento vino a defender el culpable el síndico municipal del PRI y sacó una navaja para defender el culpable''.
La relación de las autoridades de Santa Catarina asienta que ``los Mayoles se defendieron y lo llevaron el síndico al juzgado municipal autónomo. En ese momento el síndico del PRI mandó agitar más gente para enfrentar, que traigan armas para atacar el autoridad autónomo. Cuando oímos que ya nos quieren enfrentar nos hicimos de lado para no provocar enfrentamiento.
``Cuando llegaron a la oficina autónomo empezaron a disparar balas, golpear gentes, destruir casas y otras más. Participó la Seguridad Pública en traje de civil, armados''. Hacen la denuncia Alonso López Pérez, presidente municipal autónomo, Fernando Entzin Gómez y José Jiménez Pérez.
Como resultado de la redada policiaca encubierta se encuentran detenidos, fuera del municipio, Mariano Jiménez Gómez, José Jiménez Pérez y el juez suplente de Santa Catarina, Ramón Pérez Ruiz. La versión oficial acusa de provocar una riña a Mariano Jiménez, miembro del PRD y ex alcalde de Pantelhó. La acción de los Mayoles, según la policía fue un ``jaloneo'', en el cual resultó herido Antonio Santiz Gómez (uno de los agresores de Mariano). La detención del síndico priísta, otro Mariano, esté Gómez Gómez, fue considerada ``secuestro'' por la policía. Este Mariano fue el que sacó la navaja, y el que impuso su versión.
En la cabecera municipal de Pantelhó el ambiente es tenso, hostil, triunfante. En el pueblo de Santa Catarina, la gente espera justicia, con sus casas destruidas y la decisión de no dejarse.
En esta, la región más remota, y de más difícil acceso de Los Altos, los caminos se derrumban con frecuencia. Actualmente están en reparación, y en muy mal estado.
Las autoridades de Santa Catarina manifiestan ``la inconformidad de que no es justo que el señor Mariano Jiménez fue detenido'' y exige la pronta libertad de los tres presos ``para no provocar más problemas en nuestro municipio''. Además, exige reparación de los daños materiales sufridos en el ataque de antier y la destitución de las autoridades priístas ``para no acostumbrar a enfrentar las gentes''.
El caso ilustra, puntualmente, las necesidades de una nueva legislación que permita coexistir a los pueblos en su libre determinación, por encima de las fuerzas caciquiles con las autoridades estatales de su lado. En fin: impunidad como siempre.
Pero cómo van a conocerse estas historias en su verdadera dimensión y no en los amañamientos del poder, si las comunidades y sus cuerpos de gobierno elegidos y reconocidos de común acuerdo (lo que llaman ``usos y costumbres'' en otras partes) no tienen leyes que los protejan, ni acceso a los medios de comunicación, ese punto de los Acuerdos de San Andrés que, ya firmado por el gobierno, arranca del asesor presidencial Ignacio Burgoa Orihuela un comentario memorable, que recoge José Gil Olmos en su nota del pasado viernes.
Burgoa, según Gil Olmos, no sólo critica la propuesta legislativa de la Cocopa (y que recoge los Acuerdos de San Andrés), sino que ironiza cuando habla del derecho de los indígenas a adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación: ``¿Cuáles son esos medios?'' se pregunta el especialista consultado, y por lo visto escuchado, por la Secretaría de Gobernación, y agrega: ``¿Serán acémilas, los asnos, las carretas o los tamemes?'' que, todavía explica, ``eran los seres humanos dedicados a la transportación de mercaderías y personas''.
Para qué quieren las autoridades del Pueblo Autónoma de Santa Catarina acceso a los medios de comunicación y otros beneficios legales, si basta con la versión del Ministerio Público de San Cristóbal.
Que los de Santa Catarina se contenten con sus burros, y mientras, que se pudran las víctimas transformadas en culpables, su hijo, y el juez suplente del poblado. La ley no es de ellos, ni los medios de comunicación, ni la libre determinación, ni nada. Las acémilas ¿si serán suyas.