León Bendesky
Una deuda saldada

El gobierno anunció la cancelación del remanente de la deuda contraída con el Tesoro de Estados Unidos a raíz de la crisis económica de fines de 1994. Así, se pagarán 3 mil 500 millones de dólares y se cancelará la obligación financiera asumida con el gobierno de Clinton. Además se cubrirá por adelantado un compromiso con el Fondo Monetario Internacional por mil 500 millones de dólares como parte de los arreglos para negociar un programa de facilidad ampliada con ese organismo. Esta operación, por un total de 5 mil millones de dólares, no disminuye el saldo de la deuda pública externa total, pero sí modifica su composición puesto que para hacer los mencionados pagos se han conseguido nuevos créditos que, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Hacienda, tienen mejores condiciones de tasas de interés y plazos de vencimiento. Desde esta perspectiva ésta es, pues, una actividad normal de Hacienda, es decir, refinanciar la deuda existente en la medida en que no existen las condiciones para que los pagos reduzcan efectivamente el endeudamiento del país. Sin embargo, la transacción se anunció con un claro componente político que es justificable.

Cuando el gobierno del presidente Zedillo tuvo que recurrir a Washington para conseguir un apoyo financiero, el mismo se calculó en 50 mil millones de dólares. El conflicto se trasladó al Congreso de Estados Unidos que negó la autorización de tal cantidad para la ayuda financiera a México. Clinton utilizó entonces su poder como jefe de la rama ejecutiva del gobierno para conceder finalmente el préstamo a fines de febrero de 1995. De tal cantidad se usó solamente una porción, que se fue amortizando en diversas partes desde octubre de 1995 hasta cubrir la cantidad final que ahora se está pagando. Para ambos gobiernos era necesario que este crédito no representara un problema político, puesto que habían empeñado en él mucha de su respectiva credibilidad. Con la cancelación del crédito, Clinton puede mostrar que juzgó bien su intervención en el caso mexicano, que con el colapso financiero ponía en riesgo abundantes recursos de los fondos de inversiones de ese país. Y Zedillo puede mostrar que su estrategia de apoyarse en el gobierno de Estados Unidos funcionó en el corto plazo para cubrir las necesidades de recursos externos.

La deuda externa pública es de 100 mil millones de dólares, y sigue constituyendo una pesada carga para el desenvolvimiento de la economía. Los intereses que se pagan por ella al año representan entre 8 y 9 por ciento de las exportaciones de mercancías, y aunque la deuda de corto plazo ha disminuido recientemente como proporción del total, constituye en su conjunto una verdadera hipoteca para el país. No es válido comparar los niveles de endeudamiento con respecto al producto interno bruto de diversas economías y señalar, a partir de ese dato, que México tiene una proporción relativamente baja, sino que se debe enmarcar la deuda en la capacidad de generar de manera constante los recursos para servirla sin que el sector externo se convierta en una restricción al crecimiento. No debe olvidarse que la economía mexicana ha pasado en los 15 últimos años por diversos episodios de crisis asociados todos con restricciones financieras y que, en ese mismo lapso, sólo ha logrado crecer en promedio 1 por ciento al año. Los costos del lento crecimiento y los requerimientos de recursos que exige la deuda externa han repercutido de manera muy adversa sobre el nivel de vida de la mayoría de la población, y sobre la capacidad de sobrevivencia de un gran número de empresas. Para el gobierno, los compromisos derivados de la deuda externa exigen una parte significativa de sus recursos en circunstancias en que la recaudación se ha reducido grandemente y hay exigencias para aumentar el gasto público para alentar el crecimiento de la demanda interna y satisfacer el rezago en las necesidades sociales.

El anuncio de la liquidación del paquete financiero concedido por el gobierno de Estados Unidos y del pago anticipado del adeudo con el Fondo Monetario Internacional, se hace en un momento en que son reducidas las presiones de los mercados financieros. Las tasas de interés de los Cetes han estado a la baja en el último par de semanas, y el tipo de cambio del peso frente al dólar ha tendido a apreciarse. El marco económico es, así, favorable políticamente para una acción como la que tomó el gobierno. Esto sirvió para que el gobernador Mancera, del Banco de México, reiterara que el comportamiento de los intereses y el tipo de cambio están determinados exclusivamente por las fuerzas del mercado. Pero esta situación está todavía caracterizada por un comportamiento de muy corto plazo de los inversionistas, que observan de cerca el desempeño de la inflación y de los rendimientos reales de sus colocaciones en pesos, igual que el saldo de la balanza comercial y las posibles restricciones financieras que ella puede imponer dentro de unos cuantos meses. La volatilidad financiera es una condición que no se ha eliminado de los mercados de dinero y capitales, y sigue delimitando la evolución de la economía en su conjunto, la fragilidad producida por el sobreendeudamiento sigue afectando a las familias, las empresas y al sistema bancario y, al mismo tiempo, persisten las limitaciones estructurales de la producción que el ya largo proceso de reforma económica no ha logrado superar.

Si se cumplen las expectativas de crecimiento económico para 1997, éste será un año en el que se vuelva apenas a los niveles de producción de antes de la crisis, y se estará aún en un entorno de alta inflación. Eso significa que consolidar la recuperación y sentar las bases de una expansión sostenida del producto llevaría, en las mejores condiciones, varios años más. En todo caso, el asunto se reduce a una circunstancia que el mismo gobierno ha aceptado de manera abierta y que se refiere a la posibilidad real de que el ajuste de las cuentas económicas agregadas se verifique en el mejoramiento de los ingresos y de las condiciones de vida de los mexicanos.