DEUDA PAGADA Y DEUDA VIGENTE
La cancelación del préstamo que el Departamento estadunidense del Tesoro concedió a México en febrero de 1995, anunciada ayer por el presidente Ernesto Zedillo y por el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, así como el prepago de mil 500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, constituyen decisiones pertinentes y plausibles por varias razones que cabe destacar.
El finiquito de la deuda con Estados Unidos resulta, además de una medida financiera atinada, una acción que opera positivamente en el ámbito de la soberanía nacional, en la medida en que significa la recuperación del pleno dominio de nuestras exportaciones petroleras, 80 por ciento de las cuales estaba comprometido como respaldo del adeudo hoy cancelado.
En el terreno propiamente económico, los hechos mencionados mejoran la situación del gobierno ante la comunidad financiera inter-
nacional, al incrementar la confianza en nuestro país de los inversionistas extranjeros y extender las obligaciones hacia el exterior a plazos más largos; y porque permiten un ahorro en los intereses que podrá ser utilizado en programas sociales.
Tales decisiones, aunadas a las positivas informaciones sobre el crecimiento de la producción industrial y el buen desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores, constituyen un hecho esperanzador acerca de la situación económica del país. Sin embargo, sería improcedente y riesgoso alimentar, con base en estos datos, actitudes triunfalistas, o suponer que marcan el fin de la crisis económica que ha sufrido el país desde diciembre de 1994.
Si bien los pagos adelantados al Departamento del Tesoro y al FMI representan pasos importantes y decisivos para la normalización de las relaciones de México con la comunidad financiera y con los inversionistas del exterior, y reconociendo el hecho de que implican una mejoría en las condiciones de pago de la deuda externa, debe recordarse que ésta sigue gravitando, en forma negativa, sobre la economía nacional. El cumplimiento adelantado de las obligaciones financieras, anunciado ayer, se realizó, a decir del secretario de Hacienda, con fondos procedentes de emisiones de bonos gubernamentales en los mercados internacionales de dinero. Se han postergado, así, los plazos de una parte de la deuda externa nacional, pero ésta no se ha reducido de manera importante.
Las abultadas obligaciones financieras con agentes del exterior no sólo lastran el desempeño económico nacional -y el de casi todos los países de América Latina- sino que implican riesgos de padecer crisis cíclicas. Debe constatarse que, por desgracia, el país no ha logrado salir de la lógica del barril sin fondo de la deuda externa en la que se encuentra atrapada nuestra economía desde la década pasada. De poco sirve, ante esta situación, alegrarse en comparar favorablemente nuestra deuda con las de las naciones industrializadas de la OCDE, toda vez que las economías de éstas son mucho más sólidas y mucho menos vulnerables que la nuestra ante factores externos y ante vicisitudes políticas internas.
Finalmente, los anuncios de ayer no deben llevarnos a olvidar que el positivo desempeño de los indicadores macroeconómicos y de las finanzas nacionales ante los acreedores externos distan mucho de haberse traducido en el abatimiento de los rezagos en materia de justicia social ni en una mejoría significativa de las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Con ésta, la deuda de la nación sigue íntegra, vigente y lacerante. La mayoría de los mexicanos, afectados por los descalabros cambiarios y financieros de fines de 1994 y principios de 1995, siguen viviendo la emergencia económica como una dura realidad cotidiana.