Tendrá un mayor rigor académico la segunda edición del examen único

Rosa Elvira Vargas Ť Este año, en la segunda edición del examen único al bachillerato se aplicarán criterios de ``mayor exigencia y rigor académicos''. Asimismo, las instituciones convocantes analizan todavía qué peso dar tanto a la puntuación obtenida en el examen como a las opciones de plantel que marquen los estudiantes. La prueba se aplicará el 23 de junio y, una vez más, solicitarla costará cien pesos.

Para registrarse al concurso de selección -del 20 al 31 de mayo- los aspirantes deberán acreditar que son alumnos en situación académica regular en el tercer grado de secundaria y, en caso de ser egresados de otros años, tener en regla su certificado de secundaria. Los resultados del examen se harán públicos, como el año pasado, el 2 de agosto.

En un documento titulado Informe Final del Concurso de Selección para la Educación Media Superior 1996, que elaboró la Comisión Metropolitana (Comipems), se explica que el promedio de aciertos de los 260 mil 074 alumnos examinados fue de 50.6, pero que por área de conocimiento el menor puntaje lo obtuvieron en matemáticas (42.6), español (45.9) física (46.7), biología (48.6), historia (48.9) y geografía (49.3).

Asimismo, los estudiantes tuvieron en promedio, arriba del 50 por ciento de aciertos en química (50.2), civismo (52.9), habilidad matemática (53.8) y habilidad verbal (55.8). Sin embargo, en el renglón de resultados, el informe de la Comipems admite que ``no se ha logrado explicar con claridad suficiente la diferencia entre un examen para seleccionar y un examen para certificar o acreditar'', y añade que por ello ``ha surgido confusión sobre el sentido que tienen los resultados'' de la prueba utilizada en ese proceso.

Remarca lo anterior, porque ``lo que técnicamente se considera un buen logro -el hecho de tener 50.6 por ciento en promedio de aciertos- en un examen de selección, fue interpretado por algunas personas como una evidencia de `reprobación general', al suponer erróneamente que se trata de un examen de acreditación''.

El análisis admite que el proceso enfrentó ``deficiencias y algunos cuestionamientos'', como insuficiencia de personal e infraestructura para atender a los solicitantes; sedes de aplicación del examen muy grandes, en las que la concurrencia de estudiantes y familiares provocó aglomeraciones y caos vial; instructivo con información y orientaciones ``no siempre'' claras y suficientes, así como dificultad en el manejo de diferentes bases de datos, sobre todo en lo relativo a los certificados de secundaria.

Sin embargo, un párrafo aparte menciona que: ``asignar un lugar a todos los aspirantes que se examinaron y concluyeron oportunamente la secundaria es algo susceptible de ser analizado con mayor profundidad.¿Por qué dar un lugar, incluso en planteles no deseados? ¿Por qué inscribir a quienes obtuvieron calificaciones muy bajas?''

Enseguida, el documento señala que los criterios para la selección se fijaron tras varias sesiones de trabajo de los miembros de la Comipems, y con ello se buscó aplicar el menor número posible de restricciones de acceso a la educación media superior, y además ``se tuvo en cuenta que socialmente era más pertinente iniciar este nuevo proceso con políticas flexibles y desde ahí avanzar progresivamente generando las actitudes y la disciplina necesarias, hacia condiciones de mayor exigencia y rigor académicos''.

También se reiteran datos conocidos sobre la inversión que requirió la apertura de 48 mil 924 lugares en la oferta de las instituciones convocantes -Colegio de Bachilleres, UNAM, IPN, Conalep, Dgeta, Dgeti, Dirección General de Bachillerato, Educación y Cultura del estado de México y la Universidad Autónoma de esa entidad-, la cual inicialmente fue de 150 millones de pesos, pero que se elevarán hasta 200 millones una vez que se presupuesten las nuevas plazas docentes y otras necesidades administrativas.

Finalmente, un punto que el propio documento de la Comipems deja entrever como aún sin consenso y solución por las instituciones que la conforman, es el relativo a la fijación de criterios para la asignación de lugares, donde tendrá que definirse si se privilegia la calificación obtenida en la prueba o las opciones de plantel marcadas por los aspirantes. Dice el informe:

``También se cuestionó en ciertos medios el no haber dado al puntaje obtenido en el examen plena prioridad como criterio para asignar las opciones educativas. Hubo quienes consideraron que privilegiar el orden de las preferencias señaladas por los solicitantes restaba valor al enfoque académico en el concurso, con lo cual adquirían mayor importancia factores que se calificaron incluso como azarosos''.

Explica entonces los criterios que se siguieron para la asignación y que de haber atendido preeminentemente el puntaje, ``acentuarían la segmentación en la calidad del alumnado que reciben las diferentes instituciones'', y que si bien con el método elegido ese fenómeno ``persiste'', el tema sigue analizándose a través de encuestas entre alumnos, padres de familia, maestros y orientadores.

No deja tampoco de mencionar que frente a cuestionamientos hacia la flexibilidad y admisión casi irrestricta de los alumnos, hubo otros reclamos y presiones ``de quienes plantearon el ingreso virtualmente automático y el crecimiento mecánico y literal de la oferta educativa según las características de la demanda''.