Plantea México a la OEA modificar el sistema de protección de derechos humanos

Jesús Aranda Ť El gobierno mexicano se ha sumado a un conjunto de propuestas de naciones del continente para modificar el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, a fin de limitar el acceso a éste a las víctimas de las violaciones y a las Organizaciones No Gubernamentales que las representan, señala el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Washington.

En un análisis sobre los posiciones adoptadas recientemente por la la administración del presidente Ernesto Zedillo, el organismo precisa que México propone a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) el establecimiento de reglas ``restrictivas e inadecuadas'' de inadmisibilidad y un sistema estrecho de legitimación procesal ``para incrementar el control político'' sobre los órganos del sistema interamericano de derechos humanos.

El documento agrega que la diplomacia mexicana se opone a la transparencia de los informes que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las propuestas de México se efectuaron en el marco del emplazamiento que le hizo la CIDH para que libere al general José Francisco Gallardo Rodríguez y cuando enfrenta 110 peticiones de víctimas mexicanas ante la CIDH -como los casos del ejido Morelia y la matanza de Aguas Blancas.

En el Seminario sobre el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos que se realizó en Washington en diciembre pasado, el gobierno de México expuso su posición en torno a este sistema.

Entre los planteamientos centrales que hizo nuestro país ante los representantes de la Organización de Estados Americanos, la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Organizaciones No Gubernamentales del continente, destacan los siguientes:

La promoción de una ``estricta confidencialidad'' en el procedimiento y en los informes de la CIDH, lo que se opone al principio de ``transparencia'' que ha caracterizado a la Comisión desde su fundación.

También durante ese encuentro, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien formó parte de la delegación mexicana, propuso el ``involucramiento de los ombudsman, fiscalías y defensorías en el sistema interamericano de derechos humanos'', proponiendo así que ``recurrir a esas instancias sea un recurso a agotar''.

Esta propuesta fue recibida por el CIJEL con cautela, toda vez que podría prestarse a que se dieran ``procedimientos desiguales'' basados exclusivamente en la calidad del peticionario. ``La rapidez del procedimientos debe depender de la prueba aportada, no de si la presente el ombudsman, una ONG, un gobierno o un experto famoso''.

Para el gobierno mexicano, el asunto del ``agotamiento de los recursos internos'' como requisito ineludible para que la CIDH pueda conocer un caso es fundamental.

Los expertos reunidos en el encuentro, indica el escrito, consideraron que, si bien dicho requisito debe mantenerse, el problema es que, cuando el Poder Judicial o los ministerios públicos de los países no investigan, ``se viola el debido proceso, hay irregularidad en la causa, hay un retardo injustificado, etcétera'', razones por las cuales se opusieron a la propuesta.