Se le pide a la Cocopa que traslade sin más correcciones su propuesta de reformas al Congreso. Me temo que eso no es posible, a menos que los comisionados, que pertenecen a todos los partidos, cuenten para ello con el respaldo pleno de sus respectivos grupos parlamentarios, lo cual a estas alturas no es seguro, salvo en el caso del PRD y tal vez del PT. La condición para que el Congreso, por decir así, se comprometiera a aprobar ``automáticamente'' la iniciativa de la Cocopa era, justamente, acceder a un acuerdo explícito entre las partes, condición que por desgracia no se dio y, al parecer, ya es casi imposible. Corresponde entonces a la Cocopa valorar las diferencias, en relación a los acuerdos pactados en San Andrés, pero teniendo a la vista no ya los principios generales sino las formulaciones contenidas en su propia iniciativa y las últimas ``observaciones'' del gobierno y los zapatistas, a fin de emitir a la brevedad posible un nuevo dictamen que permita salir del atolladero actual. En todo caso, la Cocopa tiene ante sí la delicada tarea de reencauzar el diálogo y salvar la mediación o, cuando menos, disponerse a morir en el intento.

Si después de todo no es posible lograr el tan esperado consenso (más de once meses), nadie nos ahorrará el debate (y las votaciones), a menos que la ley se congele un vez más a dormir el sueño de los justos. Pero eso sería lo peor. No me atrevo a contradecir a quienes creen que las diferencias surgidas en esta fase no son meramente semánticas, en el sentido trivializador del término, pero es obvio que no todos los asuntos en litigio tienen el mismo significado e importancia, mucho menos creo que las diferencias provengan de una ``traición'' al espíritu de San Andrés. A su modo, cada quien reclama fidelidad a los principios allí firmados. El desacuerdo básico se refiere al modo como se traducen en leyes y en nuevas relaciones políticas los temas capitales de la agenda, sobre los cuales desde el comienzo de este largo debate (que no se inicia en enero de 1994) hay diferentes --y al parecer, inevitables-- interpretaciones: autonomía, libre autodeterminación, territorialidad, términos que reaparecen una y otra vez en todas partes y en todas las discusiones sobre el tema, sin que hasta el día de hoy alguien ofrezca una definición unívoca y consistente, susceptible de traducirse en propuestas de valor jurídico de aceptación universal. Ya no se trata de buscar analogías, sino de formular definiciones precisas que no se presten a mayor confusión. Tal vez no sea factible, pero siempre sería útil, para preservar nuestra salud política, que en las instancias correspondientes se ventilen pública y abiertamente todas las consideraciones y no solamente las diferencias más significativas, asumiendo que éstas no son el fruto de una voluntad malsana, sino el resultado de discrepancias reales en la sociedad mexicana. Tal vez también veríamos con sorpresa que los acuerdos y las convergencias son muchos más de los que imaginábamos. En definitiva, quedar claramente establecido que el sentido de la reforma es contribuir, precisamente, a fortalecer el conjunto de derechos ejercibles por los pueblos y comunidades indígenas para abatir una situación de intolerable injusticia y desigualdad, evitando cualquier confusión con los conceptos de soberanía o extraterritorialidad, o con fórmulas que implican limitación a los derechos humanos y políticos de los ciudadanos indígenas de este país.

Como quiera que sea, se ha cerrado un ciclo. De aquí en adelante habrá que inventar nuevos mecanismos para reanudar el diálogo. Pero hará falta un mayor compromiso para evitar que las instancias negociadoras sean exprimidas hasta agotarlas en virtud del juego político general. La paz en Chiapas es un fin que no debiera subordinarse a la coyuntura.

La Cocopa confiaba en una negociación silenciosa con las partes para salir del empantanamiento al que se había llegado en San Andrés. La crisis replantea todo el esquema. Ahora la Cocopa también está en riesgo de fracasar, a menos que encuentre en las próximas horas y días una propuesta capaz de reanudar el diálogo. Cabe esperar, en última instancia, que los legisladores en pleno, y no sólo los integrantes de la Comisión, asuman su responsabilidad y actúen en consecuencia. No debería posponerse más el periodo extraordinario para zanjar esta cuestión.