IFE: podrán contender sólo 9 grupos ciudadanos

José Antonio Román Ť El Consejo General del IFE redujo a nueve el número de agrupaciones políticas que podrán contender en las elecciones federales del presente año, luego de severos cuestionamientos de los representantes partidistas a los criterios con que los consejeros electorales dictaminaron las solicitudes presentadas por 23 asociaciones ciudadanas.

Los representantes de todos los partidos acusaron en algún momento a la Comisión Dictaminadora de que hubo parcialidad, omisión en la revisión de los documentos y requisitos, así como una entrega tardía de los dictámenes para su estudio.

Durante la sesión extraordinaria del IFE, la cual se prolongó ininterrumpidamente por casi 11 horas, el Consejo General se enfrascó en un intenso debate sobre las facultades y atribuciones de dichas agrupaciones políticas nacionales.

Las discusiones más prolongadas se dieron en torno de los dictámenes de las agrupaciones Diana Laura, Causa Ciudadana y Alianza Cívica, la cual deberá modificar en un plazo de 30 días sus estatutos, para renunciar a su tarea de obser- vadora electoral, pues de no hacerlo se le cancelería su registro; y la llamada Sociedad Nacionalista, cuyo dictamen, originalmente aprobatorio, fue rechazado por los consejeros.

De esta forma, de las 23 asociaciones solicitantes sólo nueve se vieron beneficiadas: Frente Liberal Mexicano Siglo XXI, la cual tiene relación estrecha a las logias masónicas; la Unión Nacional Opositora (UNO); Coordinadora Ciudadana, del ex líder empresarial Antonio Sánchez Díaz de Rivera; Convergencia por la Democracia, que impulsara el ex gobernador Dante Delgado Rannauro, y Diana Laura.

Asimismo, se dio el registro a la Unión Obrera y Socialista (UNIOS); Causa Ciudadana, de Demetrio Sodi y José Agustín Ortiz Pinchetti; Alianza Cívica, de Sergio Aguayo, y la Organización Auténtica de la Revolución Mexicana, del parmista Carlos Guzmán Pérez.

Los representantes de Cruzada Democrática Nacional, a la que están afiliados los juristas Ignacio Burgoa Orihuela y Raúl Carrancá y Rivas, entre otros, así como los de Convergencia Socialista, que tiene relación con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), anunciaron que recurrirán al recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial.

En ambos casos se les negó el registro por no acreditar suficientemente el mínimo de siete mil afiliados que exige el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Penales (Cofipe).

Aun cuando fueron muchos y severos los cuestionamientos por parte de los representantes partidistas, los consejeros electorales votaron unánimemente en 21 de los 23 dictámenes. En el caso de Diana Laura, el consejero Jaime Cárdenas fue el único que votó en contra, por considerar que los estatutos y documentos básicos de dicha agrupación no mencionaban el nombre de Diana Laura ni tampoco se explicaba por qué lo adoptaba, y que presumiblemente se refería a Diana Riojas de Colosio.

El caso de Alianza Cívica fue muy particular, pues la aprobación del dictamen se dividió en dos: la primera para aprobar el registro, que fue unánime; y la segunda, en la que se le pedía modificar sus estatutos para renunciar a ser observadora electoral, y en la cual la votación quedó seis a tres en favor del dictamen que contenía dicho apercibimiento.

De plano se dio marcha atrás al dictamen aprobatorio de la agrupación Sociedad Nacionalista, de Gustavo Riojas, luego de una serie se cuestionamientos, principalmente por parte del PAN y del PRD.

Hay que aclarar que el PRI objetó fundamentalmente a Causa Ciudadana y a Alianza Cívica, a las cuales se les comprobó duplicidad en la afiliación; es decir, que una sola persona pertenecía a una y otra agrupación indistintamente. En este caso, el representante priísta, Enrique Ibarra, pidió de principio a fin que se desaprobara dicho dictamen.

Al inicio de la discusión sobre las agrupaciones, la consejera electoral que presidió la Comisión Revisora, Jaqueline Peschard, dijo que el resurgimiento de esta figura de agrupación se da en un contexto en el que el pluralismo político es ya ``innegable'', y en el que ha cobrado una evidente centralidad política la arena político-electoral.

El reconocimiento de estas agrupaciones -insistió- permite no solamente inyectar frescura al espectro político nacional, al diversificar la oferta política y los canales de participación, sino que es una manera de contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema de partidos, lo cual es requisito indispensable para avanzar en la tan anhelada construcción de nuestro sistema democrático.

Aclaró que la Comisión que presidió no tuvo ninguna idea preconcebida sobre el número específico que fuera conveniente impulsar, ni tampoco sobre el tipo de orientación ideológica que hubiera que privilegiar. Los únicos criterios que guiaron su actuación fueron la buena fe y el apego estricto a las disposiciones legales que norman a dichas agrupaciones, dijo.

En lo que fue su primera intervención, adelantó que 10 de los 23 dictámenes que proponía al Consejo General eran positivos, pues las agrupaciones satisfacían los requisitos legales. Añadió que el marco legal dispone para esta nueva figura de una serie de derechos y obligaciones, pues pasarán a ser entidades de interés público.

Por ejemplo, deberán informar puntualmente de la utilización de los recursos públicos que reciban, así como sujetarse a una fiscalización regular y permanente de parte de las autoridades electorales.

En la sesión, la primera de dos que se realizarán en el presente mes -la otra será el próximo día 23, para discutir el tema del financiamiento público-, se entregó a los partidos políticos el catálogo de tarifas, horarios y tiempos de los medios electrónicos e impresos, y se recibió el informe tanto de la Comisión de Radiodifusión como de la secretaría ejecutiva en torno al cartel convocatoria que se utilizará para la selección de los capacitadores electorales.

No obstante, el tema central, y que se llevó prácticamente toda la sesión, fue la aprobación de los dictámenes de las agrupaciones políticas.