El gobierno de Ernesto Zedillo ha desconocido lo que firmara en Chiapas, y con este acto de irresponsabilidad pone en riesgo la paz y a la vez abre una nueva crisis política.
1. La negativa de Zedillo a cumplir los acuerdos firmados por sus representantes en San Andrés Larráinzar el 16 de febrero de 1996 (y de paso el Convenio 169 de la OIT) le deja no sólo sin honor (lo que es una cuestión personal) sino que también desacredita toda forma de negociación política con su régimen.
2. Cabría preguntarse, desde luego, sí tiene honorabilidad alguna un gobierno que se encumbró gracias al asesinato de Colosio y a la imposición fraudulenta de 1994, y que sin respeto al orden constitucional se ha dedicado a cuidar los intereses económicos de su predecesor y a encubrir sus crímenes. O si puede haber confianza para negociar con él después de que en 1996 se echó para atrás en la reforma electoral y faltó a su compromiso con los partidos (y con los mexicanos).
3. La política gubernamental en Chiapas (y en el país) está de nuevo al desnudo: es un engaño descomunal. Al fracasar ``la vía militar'' el 9 de febrero de 1995, la línea oficial no ha sido enfrentar los problemas sino tratar de aniquilar a sus opositores. Al igual que en otras fases del diálogo, Zedillo recurre ahora a una burda estrategia: a) una desaforada campaña en los medios para hacer creer que la intransigencia no es suya sino de los zapatistas; b) una simulación de acuerdos con organizaciones indígenas de membrete, que no representan más que al propio gobierno, y c) una intensificación de las acciones represivas de los grupos paramilitares y de las amenazas y acciones intimidatorias del ejército, desde movilizaciones hasta vuelos rasantes: todo ello para obligar a los indígenas a aceptar lo que el gobierno quiere. Un régimen que históricamente no ha sabido negociar sino imponerse ante las exigencias de la sociedad no parece tener más recurso que mentir.
4. Los hechos, desde luego, son muy claros: el gobierno ``de Zedillo'' desconoció los Acuerdos de San Andrés. Con la pretensión de renegociarlo todo se opuso a la iniciativa de reforma constitucional de la Cocopa; sin embargo, ha desatado una campaña de desinformación en los medios acusando a los zapatistas de ser ellos quienes se oponen a la propuesta de los legisladores. En el colmo de la mentira, el noticiero Hechos de Televisión Azteca afirmó, por ejemplo, que ``la Cocopa no pudo convencer al líder de los rebeldes'', quien ``rechazó la Ley indígena'' (14 de enero).
5. El gobierno ``de Zedillo'', al oponerse al anteproyecto de la Cocopa, no sólo desconoció su firma sino también la mecánica acordada con los legisladores para concretar los acuerdos, según la cual tanto el gobierno como el EZLN aceptarían su texto sin modificarlo, y que, como se sabe, el EZLN sí cumplió. La contrapropuesta oficial -que lejos de consagrar los derechos indígenas en la Constitución no hace más que oponerse a éstos (La Jornada, 12 de enero)- elaborada con profunda ignorancia por el abogado Héctor Fix Zamudio (La Jornada, 16 de enero), abre también una crisis institucional, pues desconoce el papel del Legislativo.
6. La explicación oficial es, por lo mismo, significativa del desprecio zedillista a las demandas indígenas. El senador Luis H. Alvarez (miembro de la Cocopa) refirió al periodista Granados Chapa que el propio secretario de Gobernación les manifestó por teléfono a los legisladores, a finales de noviembre, el compromiso del gobierno de avalar su iniciativa sin hacerle cambio alguno (Reforma, 16 de enero), y que cuando el panista le reprochó semanas después la falta de seriedad oficial, Chuayffet le indicó que no recordaba en absoluto el compromiso adquirido, porque ``esa noche'' estaba bajo el influjo ``de los 18 chinchones'' que se había bebido.
7. La irresponsabilidad del gobierno no puede ocultar, sin embargo, sus intenciones de doblegar a los zapatistas ante una enmienda que va en sentido opuesto a lo acordado y/o, en el mejor de los casos, en el de obligarlos a negociar de nuevo los acuerdos, ya que discutir el anteproyecto es renegociar el fondo. Lo que en ambos casos equivale a hacer abandonar a los zapatistas sus demandas centrales.
8. La política de amenazar con una nueva ofensiva militar a los campesinos de Chiapas se revierte, sin duda, contra el propio Zedillo, que sigue evidenciando su incapacidad política, sobre todo porque tal proceder no es solución de nada, ni habiendo un genocidio en el país, y esto sin tomar en cuenta que algunos sectores de las fuerzas armadas no parecen estar dispuestos a seguir a los tecnócratas en sus intenciones represivas. El ejército ha cambiado mucho en los últimos años, 1997 no es 1995, y un buen número de oficiales dan signos de no estar ya dispuestos a seguir sirviendo a un grupo subordinado al exterior.
9. La situación derivada del gravísimo hecho de que el gobierno no esté respetando su firma en San Andrés no puede soslayarse, por ello resulta irresponsable la postura de quienes pretenden que la disyuntiva ante la crisis no es el ``todo o nada'' y que si los zapatistas ya cedieron en San Andrés, deben ser obligados a negociar de nuevo.
10. La negociación en materia de Derechos y Cultura Indígena ya se dio, y la negativa de Zedillo a cumplir con lo acordado pone en jaque no a la Cocopa sino al Poder Legislativo, obligado ahora a asumir sus responsabilidades.