Se intenta descalificar a una instancia internacional, señala Mariclaire Acosta

Juan Manuel Venegas y Roberto Garduño E. Ť El comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es ``impreciso'' y resulta ``verdaderamente extraño'' que haga referencia a presuntas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de México. ``No hay presuntas recomendaciones, existe una recomendación que contiene varios puntos y lo tiene el gobierno mexicano, precisamente a través de la cancillería'', advirtió Félix Garza Martínez, abogado del general José Francisco Gallardo Rodríguez.

Según el abogado, la ``ligereza'' con que la cancillería asumió el tema ``nos hace pensar que, tal vez no se trata de una posición absolutamente oficial, por lo que habrá que esperar a conocer la opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del propio presidente de México, Ernesto Zedillo''.

En tanto, para Mariclaire Acosta resulta ``impresionante la forma de descalificar'' por parte de la cancillería el trabajo que realizó la CIDH a lo largo de dos años en relación al caso del general Gallardo Rodríguez, el cual ``fue serio y responsable'', y concluyó que los derechos del general brigadier fueron violados e hizo ``una recomendación muy fundada'' de los acontecimientos relacionados al proceso, expuso la presidenta de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, quien ha seguido el caso del general Gallardo, desde que fue encarcelado.

La CIDH ``concluyó de manera muy mesurada, con datos de las dos partes, tanto del gobierno como del general. La petición cumple con todos los requisitos de admisibilidad. La Comisión Interamericana es un organismo de altísima seriedad, y que el gobierno la descalifique es una irresponsabilidad'', consideró Acosta.

Asimismo, informó que desde el 29 de abril de 1996, el gobierno mexicano conoció el contenido de la resolución de la CIDH, por lo que resulta fuera de tiempo la actitud de la cancillería.

En riesgo, el prestigio internacional de México: Garza

Entrevistado luego de que la cancillería emitiera su comunicado B-014, el abogado del general Gallardo Rodríguez expuso que si el gobierno de México decidiera no acatar la resolución de la CIDH, jurídicamente ``no tendrá ninguna implicación''.

Sin embargo, ``creo que habrá serias repercusiones y se pondrá en riesgo el prestigio internacional de México, toda vez que quedará como un país donde se violan las garantías y los derechos humanos... Debe pensarse que se trata de una recomendación emitida por un organismo internacional''.

Para Garza Martínez, el comunicado de la SRE ``es impreciso y me extraña que su oficina de Comunicación Social tenga tan poca información del caso''.

De entrada, el boletín dice que existen ``informaciones en los medios sobre presuntas recomendaciones que habría hecho'' la CIDH al gobierno de México.

Eso es ``totalmente incorrecto, porque no hay ninguna presunta recomendación. Existe una recomendación que contiene varios puntos y la tiene el gobierno a través de la cancillería''.

Por otra parte -agregó el abogado-, resulta ``muy incierto que existan solamente dos causas penales, porque en realidad son más de trece averiguaciones previas y aproximadamente veinte delitos que le han colgado al general Gallardo desde 1988'', de los cuales la mayoría no han podido ser demostrados.

En principio, al general Gallardo se le imputaron calumnias y difamación al Ejército. Esto obedeció a la publicación que la revista Forum, de Eduardo Ibarra, hizo respecto de una parte de su tesis doctoral en Ciencias Políticas y Administración en la UNAM.

Ahí, Gallardo exponía la necesidad de crear la figura de un ombudsman militar, y a decir de Garza, esa tesis ``fue tomada como punta de lanza de la persecución''.