La inflación sigue siendo uno de los fenómenos más relevantes del desempeño de la economía mexicana. El programa económico del gobierno está centrado en el control del crecimiento de los precios, bajo el supuesto de que a partir de ello se reordenarán los mercados, logrando una mejor asignación de los recursos y, así, una renovación sostenida del crecimiento. La política monetaria instrumentada por el Banco de México ha sido bastante estricta en su empeño por mantener el poder adquisitivo del peso, y a pesar de ello seguimos en un escenario de alta inflación.
El crecimiento acelerado de los precios significa, indudablemente, que la sociedad incurre en altos costos. Pero el control de la inflación por la vía esencialmente monetaria ha sido, también, sumamente oneroso para esta sociedad.
En 1996 el registro oficial de la inflación fue de 27.7 por ciento, lo que representó una divergencia de 35 por ciento con respecto a la estimación original que había presentado la Secretaría de Hacienda y que era de 20.5 por ciento. Además, dicha variación del índice general de los precios al consumidor mostró una diferencia muy grande con el aumento de los precios de la canasta básica, que fue de 33.3 por ciento, es decir, entre uno y otro indicador hay una diferencia de seis puntos porcentuales. Estas cuestiones no son meras minucias del comportamiento y la evolución de la economía, representan restricciones concretas para una gran parte de la población, cuyos ingresos se han ido rezagando de manera constante con respecto a la inflación.
Para el análisis de lo que ocurre en la economía partimos, en la mayor parte de los casos, de la información que produce y hace pública el propio gobierno. En el caso de la inflación, la medición está a cargo del Banco de México, que diseña y administra los instrumentos técnicos que dan cuenta del cambio de los precios. Esto involucra diversos plazos, rubros y concentraciones geográficas con información amplia y desglosada.
El Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), principal dato que se da a conocer, y sobre el cual se toma buena parte de las decisiones financieras y es tema de debate en las empresas y entre las familias, se mide a partir de una amplia canasta de bienes y servicios con diferentes pesos o ponderaciones en el resultado final. Eso quiere decr que la representatividad de la canasta que comprende el índice es esencial para que sea un indicador confiable de la inflación. El otro asunto es el de las ponderaciones, que deben ser bastante precisas para evitar distorsiones en el registro de la variación de los precios. El INPC se mide a partir de una canasta vieja que se ha ido adaptando a través del tiempo; el Banco de México no ha hecho públicos los criterios para configurar ese índice y ya se impone un cambio que dé fe de las nuevas condiciones de esta economía, de sus patrones de producción, consumo y distribución del ingreso.
Pero tal vez la cuestión central con respecto a la medición de la inflación es que el Banco de México no puede ser juez y parte. Es decir, el banco central no puede estar encargado del control del aumento de los precios y al mismo tiempo de medir sus cambios. En el caso de la inflación, como de otras fuentes de información económica y social del país, es necesario contar con una institución totalmente autónoma del gobierno, que tenga la total confianza de la sociedad y genere los indicadores que permitan un abierto debate en torno a la evolución económica, al curso de la política económica y sea una base para tomar mejores decisiones en las diversas actividades.
El INEGI, que genera la mayor parte de la información que aquí se considera, pero no de la inflación, sigue dependiendo de la Secretaría de Hacienda y no está sujeto directamente al control del Congreso, que podría ser el responsable último de sus actividades. El presidente Zedillo se comprometió en su campaña electoral a dar autonomía a esa institución. En el proceso de apertura política que se vive en el país sería conveniente contar con esa fuente independiente de información económica y social.