La Jornada domingo 19 de enero de 1997

Adelfo Regino Montes
Autonomía y soberanía

Porque vives, amada Gabriela

Con profundo dolor, desde tierras mixes, podemos seguir soñando con la esperanza de ser escuchados. Al hacerlo confirmamos las palabras de nuestro maestro Floriberto

Díaz al afirmar que la discusión sobre los derechos indígenas no es tarea faccil... Y más aún, cuando nos proponemos analizar y desmenuzar conceptos que han sido moldeados no por nuestro pensamiento sino por el de Occidente --y que, paradójicamente, cuando los volteamos para referirnos a nuestras vidas y destino se convierten en instrumentos que producen temor a los Estados-gobiernos--; Soberanes, Burgoa, Bernal, y otros, hacen honor a estas palabras.

No hay por qué temer. No existen razones para meternos en el terreno de la desconfianza y de la confusión técnica; políticamente los conceptos de autonomía y soberanía son radicalmente distintos. Tradicionalmente se ha sostenido que la soberanía es un atributo que tienen los estados --en el caso que nos ocupa el Estado mexicano-- ``que es el poder que no reconoce a ningún otro poder por encima de sí'' (Arturo Serrano Robles, Manual de Juicio de Amparo).

Por el contrario la autonomía es la facultad que corresponde a los pueblos en el marco de un Estado --no fuera de él-- para determinar sus condiciones generales de vida en coordinación con las instancias de gobierno estatal y federal. Cuando los indígenas mexicanos reclamamos nuestro derecho a la libre determinación concretado en la autonomía indígena, no estamos trastocando la soberanía mexicana. Para nosotros ``soberanía'' corresponde al pueblo mexicano en su conjunto tal como lo establece el artículo 39 de la Constitución mexicana y ``autonomía'' a las colectividades culturalmente homogéneas y diferenciadas del resto de la sociedad nacional denominadas pueblos indígenas.

Debe quedar claro entonces que los indígenas mexicanos no estamos confundiendo ``autonomía'' con ``soberanía''. Los que lo están confundiendo son los que ostentan el nombre de intelectuales y estudiosos. Por citar algunos ejemplos, ¿cuándo los indígenas y el EZLN hemos reclamado tener una autonomía con referencia internacional, tal como sostiene el señor Soberanes? ¿Cuándo hemos planteado tener un territorio totalmente ajeno al manejo de las leyes de la república, cómo afirma el señor Marco Antonio Bernal? ¿Cuándo se ha exigido la creación de pequeños estaditos, como lo argumenta el señor Burgoa?

Ninguna de las afirmaciones anteriores tiene sustento alguno en el plano de las reivindicaciones indígenas. Por el contrario, entre otras cosas, bastaría aclarar:

1. Exigimos reconocimiento constitucional de la autonomía indígena asegurando la soberanía nacional. La autonomía que se plantea se hace con respecto al Estado mexicano, y no con referencia internacional. Se hace con el ánimo de fortalecer los procesos de participación y decisión política, económica social y cultural de nuestros pueblos en el marco de la nación mexicana.

2. Planteamos la urgente necesidad de garantizar constitucionalmente las tierras y los recursos naturales que colectivamente nos corresponden, respetando aquéllos cuyo dominio directo esté reservado a la nación. En ningún momento hemos sostenido que queremos territorios totalmente ajenos al manejo de las leyes de la república.

3. Reconocemos nuestra pertenencia al Estado mexicano y, en su régimen interno a cada una de las entidades federativas. En este sentido, la autonomía planteada no es con la pretensión de crear estaditos como sostiene Burgoa, sino propiciar la reconstrucción de nuestros pueblos y terminar la historia de muerte y exterminio a la que nos han sometido.

4. También se ha caído en el extremo de decir que se debe conceder la ``autonomía, sólo con respeto a la Constitución''. Y aquí cabría preguntarse si la Constitución puede permanecer estática ante realidades cambiantes y amargas. En fin, habrá de ver si es la realidad la que se tiene que ajustar a la ley, o ésta a la realidad. Para nosotros, son la Constitución y las leyes las que se tienen que ajustar a la realidad indígena y no al contrario.

Los planteamientos que aquí se recalcan están contenidos en los Acuerdos de San Andrés aceptados plenamente por el EZLN y el gobierno federal. Desde la perspectiva nuestra no están sujetas a negociación pues son compromisos aunados conscientemente. Lo que se espera es su traducción en reformas constitucionales, legales e institucionales. De lo contrario el gobierno estaría demostrando su falta de seriedad y compromiso ante nuestros pueblos, desencadenando una vez más la muerte que en nuestras regiones habita desde hace 500 años.