Amenaza el edil de San Cristóbal con desalojar a ONG de la plaza

Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 19 de enero Ť Diversas organizaciones que desde hace varios meses realizan ``jornadas por la paz'' en la plaza catedral de esta ciudad para apoyar el diálogo y las demandas del EZLN, aseguraron que el alcalde priísta, Rolando Villafuerte Aguilar, amenazó con desalojarlas con la fuerza pública en las próximas horas si no lo hacen voluntariamente.

Por otra parte, el Consejo Tradicional de Pueblos Indios del Estado de Sonora hizo circular hoy en esta ciudad una carta dirigida al presidente Ernesto Zedillo, en la cual le pide ``pagar la deuda histórica que se tiene con nuestros pueblos'', y ``cumplir con la letra y el espíritu de los acuerdos de San Andrés''.

De lo contrario, señaló el Consejo integrado por siete pueblos, ``estará dando señales de nula voluntad política y confirmando ante la nación que firma com- promisos que nunca va a cumplir''.

En la misiva dirigida al primer mandatario, el Consejo sostuvo que hoy, con la propuesta sobre cambios constitucionales elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que recoge los acuerdos de San Andrés, ``existen las condiciones para lograr este primer paso de reconocimiento constitucional de los derechos indígenas''.

Y en una carta dirigida a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y a la Cocopa, las agrupaciones que mantienen las ``jornadas por la paz'' en la plaza catedral, dijeron que el pasado viernes el munícipe coleto se presentó en el espacio que ocupan para ``convocarnos a desalojar, como cuates, o en caso contrario haría valer la ley''.

Tres horas después, agregaron, el edil les hizo llegar un oficio de ``apercibimiento, dándonos 24 horas para retirar nuestro módulo de información''. En el espacio que ocupan en la plaza, las organizaciones no gubernamentales exhiben viedos del EZLN, proporcionan información sobre el suspendido diálogo de San Andrés y dan a conocer los comunicados y todo tipo de información relacionada con el movimiento zapatista.

Tras la ``amenaza'' de desalojo por parte de la autoridad municipal, las organizaciones involucradas acordaron continuar con las ``jornadas por la paz, al tiempo que dijeron que la actitud del edil es ``represiva e intimidatoria''.

Marisa Kramsky, una de las promotoras de las ``jornadas por la paz'', dijo que la plaza catedral -que se ubica a un costado del palacio municipal- ha sido ocupada por las organizaciones no gubernamentales en ``ejercicio de su derecho a utilizar los espacios públicos, ante la cerrazón de las autoridades de dar respuesta a las justas demandas populares''.

Por separado, comités civiles de diálogo y resistencia de diversos municipios exigieron al presidente Zedillo que acepte la propuesta de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas elaborada por la Cocopa, y anunciaron movilizaciones para los próximos días, con el fin de que ``se respeten'' los acuerdos de San Andrés.

Además, le demandaron que retire su propuesta de reformas indígenas y que acepte la de la Cocopa, pues en ésta se incorporan los acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno y el EZLN el 16 de febrero pasado.

En un comunicado divulgado al término de una asamblea, los comités demandaron al gobierno federal que ``demuestre su voluntad política de diálogo y desmilitarice al estado de Chiapas''.

También hicieron un llamado a todas las agrupaciones a manifestarse públicamente, pues ``la única posibilidad de lograr que el gobierno de Zedillo reconozca los derechos de los pueblos indígenas y los eleve a rango constitucional es con la más amplia movilización del conjunto de la sociedad civil''.

El hecho ocurrió alrededor del medio día, cuando un agente del Ministerio Público y siete elementos de Seguridad Pública se encontraban en el lugar para realizar las primeras diligencias en torno a un asesinato ocurrido en la madrugada de este mismo día.

Los policías de Seguridad Pública y el representante de la PGR del estado se dirigieron a levantar el cadáver de la señora Celina López Alvarez que, de acuerdo a la denuncia presentada por su esposo, fue asesinada esta misma madrugada también por personas desconocidas.

Uriel Suárez Argeta, agente del Ministerio Público, y los policías Julio Pérez García, Mateo Torres Hernández, Antonio Chacón Ruiz, Wenceslao Pérez Vargas, Antonio Mata Morales y Jaime Córdoba Vázquez resultaron heridos con armas de fuego calibre 22 y escopetas. La Procuraduría de Justicia del estado inició la averiguación previa número 179\CAJ4\97.

Cabe recordar que Sabanilla es uno de los municipios ubicados en la zona norte del estado, área donde persisten los conflictos y enfrentamientos entre el grupo priísta paramilitar Paz y Justicia y simpatizantes perredistas y zapatistas.

Durante esta semana los perredistas de la zona han reiterado sus denuncias respecto a los retenes ilegales que militantes de Paz y Justicia, coludidos con Seguridad Pública, imponen en los caminos, impidiendo incluso la entrada de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y grupos de observadores.

Asimismo, han demandado al gobierno del estado que intervenga para detener la presión que los grupos priístas efectúan en torno a su militancia, exigiendo igualmente una actitud imparcial por parte de las autoridades y cuerpos policiacos que resguardan la zona.

Desde los enfrentamientos ocurridos entre militantes de Paz y Justicia y perredistas, en junio del año pasado, no había ocurrido en la región otra emboscada.

En la zona norte hay también grupos de más de 200 familias perredistas que suspendieron el retorno a las comunidades de donde fueron expulsadas, ante la falta de garantías para su seguridad y la negativa de las autoridades para continuar con las investigaciones de campo que posibilitarían la aportación de pruebas en favor de los indígenas de la zona presos en el penal de Cerro Hueco.