El proceder de las autoridades capitalinas respecto de los barrenderos de Tabasco, que ayer en la madrugada fueron desalojados de su campamento de protesta y ayuno, será registrado seguramente como uno de los episodios más deplorables y escandalosos en la vida de la llamada Regencia, que así llega a sus últimos días. Indigna, desde luego, la desmesurada violencia ejercida contra un pequeño grupo de trabajadores para cuyo conflicto laboral no ha habido hasta ahora ninguna respuesta eficaz, legal o política. Pero la indignación es mayor cuando se conocen las razones en que pretende fundarse una acción evidentemente autoritaria e indefendible.

Se aducen razones humanitarias, con una extraña noción del humanitarismo. Es verdad que dos de los siete ayunantes, con casi un centenar de días en huelga de hambre, estaban a un paso de perder la vida. Ello suscitaba diversas muestras de solidaridad abierta, y por supuesto una seria preocupación en el seno de la sociedad. Esto lo expresaron oportunamente algunas de las personas más lúcidas de nuestra escena pública, al margen del espectro ideológico. Pero era de todos sabido que se trataba de un recurso extremo para abrir brecha a la justicia, y se respetó siempre la decisión discutible de privarse de los alimentos.

Por ese respeto, la crítica se dirigía perentoriamente a quienes podían, en las negociaciones que estaban sosteniéndose, erradicar las causas del ayuno. Pero las autoridades han preferido erradicar el campamento. ¿Por razones de humanidad, como se dice en los boletines del gobierno capitalino, en los que curiosamente se culpa a las víctimas? Por humanidad no se va al rescate de ningún moribundo con centenares de granaderos, decenas de policías judiciales y un comportamiento de virtuales secuestradores que produjo varios lesionados y que debe haber empeorado el estado de salud de los huelguistas.

Se aducen también razones jurídicas. Es incuestionable que todas las leyes, más allá de su rango, deben ser respetadas y aplicadas mientras estén vigentes. Pero las leyes administrativas invocadas para fundar los operativos contra los ayunantes y quienes los custodiaban, confunden a éstos con meros accidentados o con indigentes, parecen haber sido desempolvadas ex profeso, son de muy dudosa aplicabilidad y en todo caso no pueden abatir en absoluto derechos constitucionales como el de reunirse para hacer una petición o protestar por actos de autoridad.

Por lo demás, al sacrificio ostensible de los huelguistas se añade el agravio. En frases incidentales de los comunicados se pone en duda que el ayuno haya sido real en los siete trabajadores que estuvieron siempre postrados a la vista de quien quisiera verlos, y se descalifica a su dirigente. Resulta, asimismo, que los derechos laborales eran inexistentes. Y resulta que el convenio de marzo del año pasado se firmó sólo por humanitarismo, adjetivo de muy difícil aplicación al gobernador tabasqueño. ¿Por razones humanitarias se incumplió ese convenio y se obligó a la removilización de los trabajadores? ¿Por humanitarismo se negociaron los puntos de acuerdo que parecían ir a poner punto final al conflicto, y por humanitarismo se modificaron hasta el grado de causar la ruptura?

Verdaderamente, las autoridades dan la impresión de estar escondiendo las razones reales de una medida represiva, y obligan a las conjeturas. Estamos muy cerca de unas elecciones que van a ser decisivas para el desarrollo democrático del país, y la sociedad exige que el gobierno y los partidos políticos actúen con serenidad, tolerancia y apego a derecho. ¿Es congruente con esa exigencia la desconcertante intervención de las autoridades en el conflicto de los trabajadores tabasqueños? ¿Se está dirigiendo un mensaje de amedrentamiento a la oposición política, a los movimientos de ciudadanos y a los luchadores sociales? ¿O se trata de otra señal de respaldo casi incondicional al gobernador de Tabasco, uno de los más gravemente impugnados en el país? ¿O de qué se trata, en fin? Estas inquietantes preguntas serán respondidas muy pronto, se lo propongan o no las autoridades, por el curso que tome un conflicto cuyas proporciones eran más bien modestas y manejables en todos sentidos.