La salida del Partido Revolucionario Institucional del poder sí es condición sine qua non para la vigencia democrática en México, aun cuando este condicionamiento disguste sobremanera a los priístas. No puede haber democracia mientras exista un partido de Estado cuyo sustento proviene ilegítimamente del erario, y no hay razones para esperar que esta situación cambie sobre todo después de que la ``sana distancia'' entre el Presidente y su partido desapareció ya, digo, en caso de que alguna vez haya existido.

Naturalmente, la salida priísta del poder ha de ser mediante procedimientos escrupulosamente limpios y sólo si así lo determinan las urnas. Ahora bien, la frustrada alianza del Partido de la Revolución Democrática con el de Acción Nacional, de haberse concretado, no necesariamente hubiera servido como ariete decisivo para expulsar al PRI de su posición hegemónica en el Congreso de la Unión y para impedir su ya de suyo difícil triunfo en la elección para gobernador del Distrito Federal. El principal obstáculo para esos fines es que tal alianza hubiera sido rechazada por los llamados votantes duros del PAN y el PRD --es decir, quienes siempre sufragan por su partido--, y de este rechazo podría haberse derivado la abstención y quizá la ruptura de la dureza y, por tanto, la votación por otro partido, lo cual hubiera resultado favorable al PRI.

El rechazo panista a la alianza con el PRD no debe excluir la posibilidad de futuras acciones conjuntas de la oposición en defensa del voto y, también, en la promoción de un gran acuerdo nacional que --sin deponer ideologías y programas pero más allá de unas y otros-- permita una transición tersa a una auténtica democracia concretada en la alternancia en el poder y mediante el cual se garantice, asimismo, la gobernabilidad que se vería irremediablemente amenazada en cuanto la hegemonía del partido de Estado concluyera.

Obviamente, en ese necesario acuerdo nacional debe participar el PRI que, gústenos o no, reúne a una importante porción ciudadana convencida de sus principios y de su manera de hacer política y que, en tanto no acuda a actos ilegales, merece respeto.

Sin ese acuerdo nacional, la gobernabilidad de este país estará en peligro, y esto seguramente no será favorable ni a la democracia ni a la ansiada recuperación económica (la real, no la que habita en la mitología gubernamental). Si bien con tal pacto se intentaría dar garantías de una transición tersa, nadie puede asegurar que ésta se lograría. En cambio, sí puede tenerse certidumbre de su importancia como referente para que la sociedad juzgue el comportamiento de las fuerzas políticas, e incluso para que éstas entablen futuras negociaciones.

Si la coalición propuesta por la Alianza por la República y el PRD no halló cauce, sí debe hallarlo un acuerdo nacional en pro de la gobernabilidad futura, en términos semejantes a los planteados por el PAN, si bien teniendo en cuenta que un pacto entre un solo partido y el gobierno no estaría completo y, por tanto, su efectividad de por sí sujeta a muchos avatares sería sumamente dudosa. Un acuerdo viable deberá tener carácter cuatripartito y ser suscrito por el gobierno y los tres partidos más importantes.

Ante la perspectiva cierta del fin del régimen de partido de Estado, debe prevalecer el pensamiento del líder perredista Andrés Manuel López Obrador, cuya expresión sintetizada puede ser ``primero la nación, luego los partidos''.

Si los actores políticos no entendieran la necesidad de ese pacto y no actuaran en consecuencia, verdaderamente cometerían un error de proporciones históricas. Sus repercusiones serían tan graves que tarde o temprano los conducirían a la búsqueda de un acuerdo similar, solamente que bajo la presión de previsibles estremecimientos sociales y políticos. Más vale suscribirlo ahora, en libertad, antes de que las circunstancias obliguen a hacerlo en medio de fragores tan indeseables como probables.

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Como no pudo llevar a buen puerto la negociación con los barrenderos de Tabasco, el gobierno empleó la fuerza para poner fin a la huelga de hambre de estos trabajadores, dos de los cuales llegaron a las puertas de la muerte. Al margen de las consecuencias directas de esa medida autoritaria en el conflicto tabasqueño, ¿debe considerarse ésta como una acción aislada o como el preludio de lo que este gobierno puede hacer en otros conflictos, como el de Chiapas, cuando su incapacidad de negociar se hace patente?