Salvar su vida no fue la razón

Paulina Fernández
Salvar su vida no fue la razón No les importa la muerte, les preocupa su imagen.

No les importa la muerte de millones de trabajadores y ex trabajadores, ni del campo ni de las ciudades, como puede fácilmente comprobarse con el proyecto económico tercamente impuesto y defendido en el país. Lo que les preocupa a los gobernantes es que su imagen de expertos ejemplares en el diálogo y la concertación pueda ser desmentida rotundamente por la muerte de algún mexicano que ofreció la vida luchando por el empleo, por el salario, por la libertad, de él y de sus compañeros.

Las autoridades del Departamento del Distrito Federal estaban ``muy atentas'' al estado de salud de los trabajadores de limpia de Tabasco y de muchas formas, en varias ocasiones, intentaron dar atención médica a quienes hoy cumplirían 97 días en huelga de hambre, pero lo que les inquietaba no era la muerte de algún huelguista tabasqueño, sino que ésta ocurriera en el DF, en el territorio que supuestamente gobiernan. Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Gobernación han hecho lo imposible por convencer hasta al más escéptico de que tenían órdenes de no resolver el conflicto en ninguna de sus partes.

Sólo así puede explicarse que, por un lado, personal médico al servicio del DDF visitara el campamento de la huelga de hambre, frente a la CNDH, para convencer a los ayunantes de la conveniencia de recibir asistencia hospitalaria, y por otro lado, al mismo tiempo, la Secretaría de Gobernación prolongara las horas y días del diálogo, dejara plantados a los representantes de los trabajadores, desconociera documentos firmados el año pasado y, unilateralmente, modificara los términos de los asuntos ya aceptados, cuando el acuerdo estaba a punto de concluir.

Dos determinaciones llevaron a la agresión de la madrugada del domingo 19: la de Venancio Jiménez y Jorge Luis Magaña de no suspender la huelga de hambre hasta ver satisfechas las demandas que la originaron, y la del gobierno federal de no resolver ningún aspecto del conflicto. Ante la firmeza de los trabajadores el gobierno recurrió a la fuerza.

Contra su voluntad, Venancio y Jorge Luis fueron retirados violentamente de su lecho y llevados a fuerza al hospital de Xoco para ser atendidos, gracias a la ``humanitaria'' intervención del gobierno del Distrito Federal, que mandó aproximadamente a 300 granaderos debidamente uniformados, acompañados de un grupo de hombres vestidos de civil y armados con palos, entre quienes se encontraban empleados de la Secretaría de Gobernación. Víctimas de la misma agresión, es decir, testigos presenciales, afirman que los granaderos salieron de los edificios que están frente al campamento de los huelguistas, incluido el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los noticiarios de radio difundieron durante todo el domingo que el estado de salud de Venancio, de Jorge Luis y de Agustín Vicente (otro de los huelguistas que también fue obligado a ir al hospital) era delicado, y que si no era peor, se debía a la ``oportuna intervención'' del gobierno, el cual no permitirá que abandonen el hospital hasta que se recuperen plenamente. Pero la declaración de que no se les permitirá abandonar el lugar a los ahora pacientes de Xoco, se asocia al hecho de que tampoco se ha permitido que ingresen sus compañeros a verlos, y por esto se teme que quienes fueron retirados a fuerzas, en realidad hayan sido secuestrados y ahora quieran utilizarlos como rehenes para presionar a los demás ex trabajadores de limpia de Tabasco y obligarlos a aceptar las condiciones del gobierno.

No obstante la alevosa e indignante agresión, la huelga de hambre no ha sido suspendida ni los trabajadores han renunciado a sus demandas. El campamento que había sido instalado en el camellón del Periférico, frente a la CNDH volverá a ser construido para seguir albergando a cuatro ayunantes que hoy cumplen 55 días sin probar alimentos sólidos. Por parte de los trabajadores existe el interés de llegar a acuerdos, pero ya no están dispuestos a ir a un diálogo que no es tal, con funcionarios menores que no cumplen su palabra ni respetan su firma ni toman en serio las negociaciones ni resuelven los problemas, y que sólo se preocupan de la vida de los trabajadores cuando la posible muerte de éstos pone en riesgo su falsa imagen