Apenas se inicia el nuevo año y la ciudadanía de algunas zonas del país ya se pregunta sobre las medidas que las autoridades pondrán en marcha para evitar que se repitan daños a la salud de la población y al ambiente, como los que enseguida se resumen.

Por no contar con sistemas de ventilación adecuados, se intoxicaron recientemente 40 obreros que laboran en la empresa Juguetrenes, ubicada en Tijuana. La negociación utiliza uretano en sus procesos, una sustancia muy peligrosa. Además, los obreros no estaban capacitados para manejar dicho material. Se desconoce el tipo de sanción impuesta por las autoridades de salud, trabajo y medio ambiente, y si ya funciona con las normas seguridad requeridas a fin de evitar que se repita un accidente de ese tipo.

Cerca de 13 mil productores agrícolas siguen en espera de que las autoridades les resuelvan el problema ambiental y de salud que significa regar sus cultivos de granos y hortalizas con aguas contaminadas provenientes de la presa Valsequillo, ubicada en Puebla. Aunque se propone la construcción de cinco plantas tratadoras que garanticen la limpieza del líquido, muchos piensan que hay que ir al origen del problema: impedir que las corrientes de los ríos Atoyac, Alseseca y San Francisco, continúen siendo el drenaje de la capital poblana, de las comunidades aledañas y de la industria ubicada en Tlaxcala.

Los pescadores de las comunidades ribereñas del Golfo de Tehuantepec desconocen las medidas que las autoridades están tomando para evitar que la producción de camarón lagunar disminuya hasta desaparecer de la zona. La baja producción registrada en los últimos ciclos se debe a que las aguas donde se desarrolla la preciada especie se encuentran contaminadas, al parecer por fertilizantes y plaguicidas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó un muestreo de dichas aguas para ``precisar'' su calidad, pero no se divulgaron los resultados.

Por lo menos, cada año se pierden en Chiapas, más de 40 mil hectáreas de bosques y selvas, debido a las prácticas agrícolas y a la ganadería extensiva. Se suman a las 700 mil destruidas en las últimas dos décadas. Aunque hay varios programas oficiales para reforestar las áreas más afectadas y evitar la erosión, organizaciones ecologistas sostienen que hace falta mayor participación ciudadana en los mismos con el fin de obtener óptimos resultados. Igualmente, se requieren recursos y coordinación para impedir el deterioro de las áreas naturales protegidas (cerca de 1.8 millones de hectáreas con una rica biodiversidad), pero amenazadas por la expansión agrícola y ganadera.

Ciudad Juárez figura como el centro urbano de peores condiciones ambientales en toda la zona fronteriza de México. No solamente por la contaminación que emiten sus 351 plantas industriales sino por la proveniente de 360 mil automotores, que lo mismo producen monóxido de carbono que partículas respirables. Es una ciudad con altos índices de ozono y aunque las autoridades locales y federales saben de los problemas que ello ocasiona, la población sostiene que no hay un plan para resolverlos, y mucho menos programas de educación ecológica en los que participe la ciudadanía.

Muchas esperanzas están puestas en el Programa Frontera XXI, elaborado por los gobiernos de México y Estados Unidos para mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de la población que reside en la frontera común. Existe allí elevada contaminación del aire, agua y suelo por metales pesados, desechos peligrosos, plaguicidas y bacterias. Pero se desconocen los mecanismos a través de los cuales la ciudadanía (especialmente la más afectada por el deterioro) participará efectivamente en los procesos de elaboración, evaluación y seguimiento de las acciones a fin de que el citado programa no quede en buenas intenciones.

Aunque en julio pasado se denunció que la trasnacional ``Plantaciones Forestales del Sureste'' es la causante de la intoxicación aguda de jornaleros y contaminación de ríos y lagunas, no se sabe si las autoridades intervinieron para corroborar la veracidad de la denuncia, y de ser cierta, proceder a aplicar la legislación vigente. Según organizaciones ecologistas, la citada empresa aplica indiscriminadamente plaguicidas y herbicidas en los plantíos de eucaliptos en la zona de Huaminguillo, Tabasco.

Vale más prevenir que curar, dicen grupos ecologistas de Chiapas, al conocerse oficialmente que apenas 7 de las 105 empresas purificadoras de agua ``potable'' que funcionan en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y Cintalapa, reúnen las normas de calidad fijadas por el sector salud. Por ello, demandan que las otras 98 distribuidoras de agua ``purificada'' sean obligadas a cumplir con dichas normas para evitar daños en la salud de los consumidores y que, además, sigan lucrando con la venta de un líquido nada puro.

Finalmente, los 10 mil habitantes del poblado de Cuijingo, ubicado cerca del Popocatépetl, esperan que este año el agua que reciben una vez a la semana para sus necesidades básicas no esté contaminada y sucia. Evitarían así las enfermedades gastrointestinales y de la piel que afectan especialmente a la población infantil.