En solidaridad con los trabajadores de limpia de Tabasco.
La lucha política de 1977 se presenta como un reto casi imposible de vencer para el gobierno zedillista y para el PRI. Hay varios puntos que se pueden juntar con el mismo hilo: desde el tono del discurso presidencial a los embajadores y cónsules mexicanos sobre la ``necesidad'' de traer la camiseta priísta, la extraviada retórica de Roque Villanueva, la torpeza mostrada en la negociación de Chiapas con la ley sobre pueblos indígenas, hasta el problema de los barrenderos de Tabasco, brutalmente desalojados en la madrugada del domingo por granaderos --como si fueran delincuentes-- se puede pensar que el panorama no les pinta nada bien y la desesperación es mala consejera. ¿Qué pensar frente a este panorama de errores políticos en época electoral?
Si el gobierno zedillista y el PRI piensan que la estrategia para ganar las elecciones de 1997 es quedar bien con los vecinos del norte y afianzar la alianza con la segunda administración Clinton; asegurar que las variables de la macroeconomía no vuelvan a mostrar problemas antes del próximo 6 de julio; extender programas de perdón fiscal a deudores; usar los fondos multimillonarios del PRI para ``convencer'' a los votantes de que son la mejor opción, mientras se agudiza la falta de sensibilidad política, la capacidad de negociación y la ineficacia para resolver problemas, la conclusión puede ser que se trata de una estrategia débil y equivocada.
De alguna forma, se quiere repetir la estrategia política salinista, pero esta vez los problemas son mucho más fuertes y visibles que en el pasado inmediato y los actuales operadores políticos dejan mucho que desear. Simplemente, recordemos que cuando Carlos Salinas llegó a las elecciones intermedias en 1991 estaba en un momento muy distinto de fuerza y aceptación: tenía amarrada una alianza con Estados Unidos, pero también había ganado la opinión pública extranjera; adentro del país había logrado un alto grado de aceptación en la opinión ciudadana; existía un consenso amplio en torno al proyecto privatizador; la oposición estaba en un grado de competitividad más bajo y se encontraba abiertamente dividida; las reglas del juego electoral posibilitaban la transferencia de recursos del gobierno al PRI; la maquinaria del Pronasol repartía dinero por todo el país; la clase política priísta estaba cohesionada en torno al presidente, etcétera. Hoy, la situación es bastante diferente: el presidente Zedillo ha quedado bien en términos financieros con el gobierno estadunidense, pero no ha logrado ganarse a la opinión pública de los principales diarios en Estados Unidos y en Europa, sino todo lo contrario, ha equivocado la forma, y prácticamente tiene una opinión desfavorable que no es culpa de analistas mexicanos críticos, sino de la falta de oficio gubernamental; la opinión de los mexicanos sobre el desempeño del presidente y de su equipo de trabajo es de desaprobación, según la mayoría de encuestas de opinión independientes; la estrategia económica durante la crisis ha roto el consenso sobre el proyecto neoliberal y ha terminado con el encanto que promovía la promesa de un futuro mejor; hoy la oposición se ha fortalecido de manera consistente y puede ser una opción de gobierno para la mayoría de los mexicanos; las reglas del juego electoral han mejorado, a pesar de la inequidad y las trampas para hacer alianzas; los problemas sociales se han incrementado exponencialmente con la crisis y las inciertas políticas sociales del gobierno no han logrado atemperar el deterioro de millones de mexicanos; el PRI se ha dividido, varios grupos y líderes destacados han abandonado sus filas (prácticamente todos los días algún priísta abandona el barco) y sus votaciones han caído de manera sistemática. Estas diferencias muestran un panorama de alto contraste entre las estrategias gubernamentales y el país del salinismo y del zedillismo.
El nivel de exigencia ciudadana sobre un comportamiento democrático que debe tener el gobierno se ha incrementado significativamente. En la próxima elección está en juego la capacidad de la ciudadanía para decidir opciones de gobierno con mayor margen de libertad que en el pasado; una ciudadanía que, en muchos casos, emitirá su voto como una evaluación del desempeño que ha tenido el gobierno en casi 25 meses. El deber del gobierno en este año electoral debería ser crear un clima político de armonía, negociación y, sobre todo, de resolución de problemas, situarse por encima de la confrontación partidista y asumir actitudes de Estado. Pero, en la confusión de estos días parece que el zedillismo se ha empeñado en hacer todo lo contrario: exacerbar los ánimos, no solucionar los problemas (ejemplos, Chiapas y trabajadores de Tabasco) y ponerse la camiseta de su partido.
Lo que se puede esperar es que la carga política de un gobierno que se endurece para que su partido gane la elección, no sea demasiado pesada como para alterar el proceso mismo.