En Colombia comenzaron 40 mil empleados del sector judicial una huelga indefinida

Efe, Afp, Ap, Reuter y Dpa, Santafé de Bogotá, 20 de enero Ť Los 40 mil empleados del sector judicial colombiano iniciaron este lunes una huelga indefinida para exigir un aumento salarial superior al 13.5 por cinco decretado por el gobierno, que de inmediato declaró ilegal el paro y advirtió que actuará con energía para enfrentar la protesta.

El presidente Ernesto Samper, por su parte, criticó la expedición de leyes, en 1991, que consagraron un ``vergonzoso sistema de rebajas de penas'' para los narcotraficantes y terroristas, y otorgó su respaldo al nuevo ministro de Defensa, Guillermo González, pese a las insinuaciones del embajador estadunidense en Bogotá, Myles Frechette, de que mantiene vínculos con el narcotráfico.

El ministro de Trabajo, Orlando Obregón, dijo que el paro judicial es ilegal porque afecta un servicio esencial del Estado. Sin embargo, el vicepresidente del Sindicato de los Trabajadores Judiciales, Fabio Hernández, afirmó que la huelga se inició en todo el país, y aseguró que la movilización tiene más fuerza que la que tenía en diciembre.

Aunque reconoció que el cese indefinido de actividades afectará la administración de justicia y retrasará procesos, Hernández explicó que es el único modo de reclamar ante la negativa de mejorar los aumentos salariales que, dijo, deben ser por lo menos iguales al índice inflacionario en 1996, de 21.63 por ciento.

Antes, Samper dijo que la decisión del sector judicial de decretar huelga es inaceptable e injusta, y advirtió que el gobierno actuará con la energía que demanda el caso, porque un paro de jueces es como una rebelión del Estado de derecho contra sí mismo. También, 800 mil empleados al servicio del Estado anunciaron para el 11 de febrero un cese de actividades en protesta por los bajos salarios y por las intenciones privatizadoras del gobierno, luego de una reunión de dirigentes de sindicatos de los sectores de comunicación, salud, educación, hidrocarburos, eléctrico y bancario.

Los 3 mil trabajadores de Buenaventura, principal puerto en el Pacífico, se hallan en huelga desde hace una semana también por aumento salarial y mejoramiento de la seguridad social.

Mientras, el presidente Samper criticó el sistema de justicia puesto en marcha en 1991, por el que se dio a la fiscalía el poder de investigar, instruir los casos y acusar, lo que ``consagró un vergonzoso'' programa de acumulación de beneficios procesales que conducen a la fijación de irrisorias condenas para los delincuentes.

Samper dijo que aunque ese es un instrumento que puede contribuir a desmantelar poderosas organizaciones criminales, puede ser tan eficaz como peligroso si se aplica mal. Destacó la urgencia de revisar a fondo los procedimientos vigentes, que más que mecanismos idóneos y eficaces para administrar la justicia se han convertido en un sistema para negociarla, en causal de alarmante impunidad y en factor de corrupción del sistema, máxime si se utiliza como arma política.

Por otro lado, Samper afirmó que el nombramiento de Guillermo González como titular de Defensa se mantiene firme, y señaló que su gobierno no polemizará con los embajadores acreditados en Colombia, en relación con las declaraciones de Frechette de que González mantiene vínculos con el narcotráfico.

Por su parte, el procurador general Jaime Bernal anunció que asumirá personalmente la investigación para establecer si hubo irregularidades en las penas de diez y nueve años a las que fueron sentenciados los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, mientras el Consejo Superior de la Judicatura empezó a investigar al juez sin rostro que otorgó las sentencias