Más allá del destino que tengan las reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígena, las conversaciones para la paz en Chiapas están en crisis. Se trata, según lo ha señalado la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), de una crisis dentro de la crisis. No hay, en el futuro inmediato, perspectivas de que las partes se vuelvan a sentar a negociar.

En el centro de esta nueva interrupción se encuentra una cuestión de fondo: el gobierno no tiene hacia el conflicto chiapaneco una política de paz sino un esquema de negociación. Una política de paz busca resolver a fondo las causas de la rebelión. Pretende sostener la continuidad de la negociación como parte de una política de Estado que trasciende los intereses inmediatos del gobierno y los partidos. Un esquema de negociación consiste, tan sólo, en la aplicación de algunas medidas para ``contener'' al enemigo y tratar de derrotarlo, utilizando el conflicto en función de las coyunturas políticas nacionales.

El esquema de negociación del gobierno ha tenido como ejes centrales ``achicar'' a los actores, ``chiapanequizar'' el conflicto, y ofrecer al zapatismo un esquema de reinserción civil sin negociación real de sus demandas. Sin embargo, en su instrumentación se ha topado con tres problemas básicos: la falta de unidad de mando de los actores gubernamentales involucrados en el proceso, que se ha traducido en la carencia de una política única, explícita y coherente; la pretensión de administrar el conflicto sin resolverlo y el golpeo a cualquier mediación que no le sea incondicional.

De esta manera, los indudables aciertos que ha habido durante el proceso de negociación tales como, incorporar directamente al Ejército a ésta, meter a los partidos políticos como coadyuvantes y admitir cierta participación de la sociedad civil, han terminado por rendir menos frutos de lo esperado. Asimismo, la derrama económica en la región ha servido para comprar conciencias, alquilar lealtades políticas y mitigar una parte del malestar social, pero no para desarrollar el estado ni crear instituciones ni resolver las causas que originaron el conflicto.

La carencia de unidad de mando gubernamental en las negociaciones ha propiciado que intervengan en él, de manera escalonada, una comisión especial encabezada por Bernal-Del Valle, la Secretaría de Gobernación y el Presidente de la República, con posiciones distintas. Además, ha facilitado que el gobernador del estado o personajes como el secretario de la Reforma Agraria o Dante Delgado incidan en el proceso con su propia agenda, y utilicen la provocación y la cooptación política como instrumentos de intervención, al tiempo que anuncian el fin del reparto agrario en la entidad y desalojan violentamente a grupos de campesinos.

La intención gubernamental de ``administrar'' el conflicto en lugar de resolverlo provocó, por ejemplo, que se dieran largas a las conversaciones de San Andrés para ganar tiempo en la negociación con los partidos sobre la reforma electoral, que se ``acalambrara'' a las ONG que buscaban el reconocimiento de las candidaturas ciudadanas, o que se tratara de hacer pagar al PAN el fracaso de la reforma constitucional en materia indígena inmediatamente después del despido de Lozano Gracia. En cambio, se hizo coincidir la firma de los Acuerdos sobre derechos y cultura indígena con la gira del presidente Zedillo por la Unión Europea.

La decisión gubernamental de monopolizar la negociación y desmantelar a las mediaciones que no le sean incondicionales provocó, primero, la contención y debilitamiento de la Conai (Comisión Nacional de Intermediación), y, después, el desgaste de la Cocopa, única comisión legislativa especial que ha tenido resultados positivos. Con ello canceló la posibilidad de solucionar el conflicto en el corto plazo y potenció la posibilidad de tener que recurrir a mediaciones internacionales.

Finalmente, la estrategia gubernamental de no comprometerse con sus acuerdos (la iniciativa presidencial sobre derechos y cultura indígena reconoce derechos a condición de que no puedan ejercerse) rompió con un principio básico de cualquier negociación: crear certidumbre y confianza.

Justo en el momento en el que se anunciaba la firma de un acuerdo de paz, el gobierno decidió reventar el proceso. Irónicamente, el conflicto chiapaneco está hoy más lejos de resolverse que nunca. La administración de Ernesto Zedillo ha repetido una buena cantidad de los errores cometidos por otros gobiernos latinoamericanos en la negociación de sus procesos de paz. Sin lugar a dudas, toda una hazaña.