La prolongada huelga de hambre de los barrenderos tabasqueños en lucha, que ahora tiene como escenario a la capital, puede llevar a la muerte o a daños físicos irreversibles a algunos de sus participantes, si los gobiernos estatal y federal no llegan a acuerdos serios con los trabajadores, que garanticen su dignidad, su derecho al trabajo y la vida. En este desigual conflicto social, es el gobierno el que tiene los medios para resolverlo y, por tanto, el que cargaría con la responsabilidad por su desenlace. Unimos nuestra voz a las de miles de ciudadanos que piden al gobierno federal y al de Tabasco, una solución favorable a las demandas de los trabajadores de limpia de esa entidad.

Nuestra solidaridad es con los barrenderos, que son la parte débil.

Este largo conflicto muestra claramente varios aspectos problemáticos de la realidad mexicana y de su capital. En el marco del desempleo masivo y la caída brutal del salario real, los trabajadores públicos carecen de estabilidad en el empleo, están corporativizados al régimen y la legislación laboral diferenciada se aplica discrecionalmente, según los intereses políticos de los gobernantes locales o el federal. Ante la falta de ámbitos democráticos de negociación y la sordera total de las autoridades locales a las voces de inconformidad y los reclamos de los desposeídos, éstos no tienen otra alternativa que desplazar el escenario de su lucha hacia la capital, donde el centralismo del régimen político de partido de Estado concentra el poder decisional en la cúspide del Ejecutivo federal.

La táctica gubernamental de vencer por cansancio, hambre y desesperanza, lleva a aplazar indefinidamente la negociación, arrinconando a los demandantes, que sólo resisten cuando su unidad, organización y razones son sólidos. La dilatación del conflicto da lugar a la polarización, la politización y las acciones de fuerza de uno y otro bando, que interfieren el funcionamiento cotidiano de la metrópoli. Los voceros oficiales y los medios oficiosos de comunicación, atribuyen arbitrariamente la responsabilidad de estos traumas y sus efectos (problemas de tránsito y contaminación) a los manifestantes, para poner en su contra a los ciudadanos mal informados. Las medidas de fuerza gubernamentales y el rechazo a las demandas estarían, así, validadas. Pero hay actores sociales que tienen la fuerza y la necesidad de resistir; el retraso de la solución tiene un costo social del que son responsables los gobernantes, sobre todo cuando ella no afectaría ni presupuestal ni políticamente a un gobierno realmente democrático.

La historia de los barrenderos tabasqueños se repite cientos de veces al año en la capital, con conflictos locales o nacionales, mostrando que hay que introducir cambios estructurales profundos en las instituciones y los procedimientos, para evitar sus costos sociales y urbanos. La estabilidad y dignidad de los trabajadores públicos debe ser garantizada por un servicio público de carrera que despolitice su función y los mecanismos de ascenso, y la homologación de sus derechos laborales con los de otros sectores públicos y privados.

Una reforma política real, instrumento de la transición a la democracia, debe incluir las condiciones para un ejercicio verdadero del federalismo y la autonomía municipal. Entre ellas está el desmonte del centralismo que asfixia y subordina a los poderes locales y a sus ciudadanos. El Estado en sus distintos niveles debe contar con instancias y espacios democráticos de conciliación social, para atender los conflictos con transparencia y prontitud, antes de que exploten. Los gobernantes deben abandonar su soberbia, prepotencia y discrecionalidad tradicionales, oír y atender a los ciudadanos que los eligen y rendirles cuentas de su gestión. Así, se reducirán y resolverán los conflictos con igualdad, justicia y dignidad, en sus escenarios naturales y no en la capital, sin traumas para los demás ciudadanos.

Esto es válido para la reestructuración del Estado en el Distrito Federal, en juego en el proceso electoral en curso, y para los partidos y ciudadanos que compiten por la jefatura de gobierno y los lugares en la Asamblea Legislativa. Que estos puntos aparezcan o no en las plataformas partidarias y de los candidatos, nos dará un buen elemento de juicio para saber si apuestan o no a la democratización de la capital... y el país.