Como ya es costumbre durante los procesos electorales, el lunes 20 de enero pasado se hizo entrega simbólica de más de 6 mil escrituras que legalizaron las ocupaciones ilegales. Es una estrategia medular de las campañas electorales en el Distrito Federal, pero no es común que lo haga directamente el Presidente de la Republica. Forma parte de la presión ejercida en los últimos meses por algunos grupos del PRI para convertir al jefe de Estado en el dirigente del partido en el poder. El acto presidencial transformado en partidista demuestra la filiación priísta de todos los grupos asistentes y beneficiados con los títulos de propiedad. No será la única entrega de escrituras.
En los próximos meses serán entregadas 40 mil escrituras más, según fue anunciado por el propio jefe de Ejecutivo; lo harán seguro y exclusivamente los candidatos del Partido Revolucionario Institucional en cada uno de los 40 distritos federales y 30 para la Asamblea de Representantes, con la presencia en algunos actos de su candidato al gobierno de la capital.
Es difícil precisar ahora si la estrategia política de comprar votos por esta tradicional vía le funcionará nuevamente al PRI. Recibir la escritura y votar por otro partido marcaría el inicio de la crisis del corporativismo político en las colonias de las periferias urbanas, lo cual ha sido parte del sustento electoral del PRI durante más de seis décadas. Después del 6 de julio podremos comprobarlo.
La entrega de títulos de propiedad tiene otro transfondo. Incentiva las invasiones ilegales en las zonas de reserva ecológica. Para no irnos más lejos, entre 1980 y 1990 el 18 por ciento del Area Metropolitana de la ciudad de México creció en zonas ilegales, la mayor parte en áreas verdes y de recarga acuífera. En alrededor de 25 mil hectáreas fueron trazados un millón 500 mil lotes para igual número de familias; sólo en el Distrito Federal se estimaron 700 mil donde se asentaron 3 millones y medio de habitantes. Durante las campañas electorales de 1991 y 1994, el programa Solidaridad entregó aproximadamente 800 mil escrituras, reduciendo significativamente la ilegalidad urbana y recuperando el voto en los grandes asentamientos de pobreza, como Chalco, donde en 1988 había perdido el PRI.
Con la regularización de los terrenos, las ocupaciones y las invasiones ilegales no se eliminaron. Por el contrario, crecieron. El Departamento del Distrito Federal ha informado recientemente sobre la existencia de 440 asentamientos ilegales en las delegaciones del sur y el poniente, precisamente donde se ubican las reservas ecológicas del Ajusco y la Sierra de las Cruces. El incentivo para seguir ocupando terrenos ilegales es la propia política de regularización. Los colonos y los fraccionadores supuestamente clandestinos saben bien que los esfuerzos de vivir en la precaridad, las angustias y las amenazas de desalojo por 10 o 15 años serán, al fin, premiados con una escritura. Confiemos que tal estrategia no la reproduzcan otros partidos una vez en el poder.
Mientras se pretenda inducir y controlar el voto por esas vías, la ocupación ilegal de las reservas ecológicas no se detendrá. Incluso pareciera en el fondo del asunto que conviene su amparo, su protección y su fomento. Una vista o visita a los alrededores demuestra sin necesidad de recurrir a profundos estudios, el crecimiento ilegal sobre las verdes serranías que envuelven la ciudad.
Con la entrega de escrituras se hizo justicia, dijo el Presidente ante miles de colonos ilusionados por tener la seguridad jurídica de sus viviendas. Pero es posible brindarla por otras formas que no fomenten la precaridad y, sobre todo, la ocupación de las reservas ecológicas. Seguir legalizando lo ilegal probablemente cosechará votos, pero a costa de continuar dañando la salud de la ciudad.