Pese al enrarecimiento de la atmósfera social y política en que ha acabado por desenvolverse el conflicto de los barrenderos tabasqueños, ayer se reanudaron las conversaciones en la Secretaría de Gobernación, y se estaba ya muy cerca de una solución que, esta vez, podría ser definitiva. Según la información oficial, sólo dos puntos frenaban la firma de una minuta de acuerdo: la clasificación de los trabajadores y el respeto de sus antigüedades y categorías laborales (probablemente también la cancelación de órdenes de aprehensión). Con un poco de probidad y voluntad de los negociadores, esos puntos se desahogarían sin dificultades excesivas.

Pero, como es inevitable, el escenario para el cumplimiento de cualquier acuerdo, será el estado de Tabasco, donde entre las autoridades predominan unas condiciones de arbitrariedad muy a tono con los designios del gobernador, que no muestra propensión alguna a dignificar su cargo. Por eso es importante que en el documento negociado se estampe la firma de alguna institución o persona con autoridad moral suficiente para garantizar que no habrá rebrotes conflictivos ni nuevos sacrificios para los trabajadores.

Ayer mismo, el alcalde de Centro y el secretario general de gobierno en Tabasco hicieron publicar un desplegado dirigido a los ex trabajadores de limpia y a la opinión pública, en el que precisan una oferta de nueve puntos. ¿Se corresponden esos puntos con los que han venido negociándose ante la Secretaría de Gobernación? Si la respuesta es afirmativa, aun parcialmente, tanto mejor. Si no, los verdaderos responsables del conflicto estarían saboteando a la instancia federal y buscando una negociación directa, tardía y marginal que no tendría ya visos de viabilidad y que equivaldría a una suerte de postura última en almoneda. Se diría que el punto siete, que no tiene nada de resolutorio, confirma la hipótesis de sabotaje, cuando se promete ``Escuchar cualquier propuesta que, dentro del marco legal, conduzca a la solución del conflicto'', como si estuviéramos en l989 y como si no hubieran tenido que intervenir ya las autoridades federales.

En ese documento preocupa también, pero no extraña, la descalificación de los representantes, quienes, se dice, reiteradamente han rechazado los ofrecimientos y manipulado a los barrenderos. Pretender descabezar a los movimientos de protesta es tan antiguo como los antagonismos sociales. En este caso se ha hecho un esfuerzo frenético por destruir el liderazgo de Aquiles Magaña, a quien se acusa de deshonesto, de ex convicto (antecedentes penales) y de asesino en grado de tentativa por llevar a la huelga de hambre a varios de sus compañeros. Es el lenguaje engreído del poder y sus rencores.

Nadie está obligado a compartir los postulados sociales, políticos o éticos de Aquiles Magaña, pero hay la obligación, entre quienes actúan en los medios de comunicación, de trascender las ideas fijas y las versiones de los gobernantes tabasqueños, de Salvador Neme a la fecha. Un examen retrospectivo de los hechos escuetos, como el que publicó La Jornada el lunes pasado, muestra que Aquiles Magaña fue líder electo de los burócratas tabasqueños, incluidos los trabajadores de limpia, hasta que lo destituyó el gobernador, que por su liderazgo ha padecido cárcel y que en dos ocasiones ha estado en huelga de hambre. Todo eso lo descalifica ante el poder, pero lo acredita vigorosamente como líder ante los trabajadores. Si no fuera así, no habría lugar para el juego de agraviarlo y luego llamarlo a la mesa de negociación.

- Un convenio suscrito ante las autoridades políticas federales, y luego una adecuada vigilancia de su cumplimiento en las semanas y meses venideros (dependiendo del carácter de los acuerdos), colocaría a los barrenderos tabasqueños en condiciones de empleo y de vida menos ingratas, después de una lucha prolongada y difícil. Pero en la madrugada del domingo pasado los capitalinos recibimos un agravio mayúsculo cuando se exacerbaron los sentimientos humanitarios de las autoridades del DF y los granaderos en los operativos de desalojo de huelguistas y destrucción de su campamento. No esclarecer esos hechos, que significan una transgresión flagrante a los derechos constitucionales, sería una dispensa inaceptable y exorbitante.