Hubo desviación de poder en contra del militar, afirma el organismo de la OEA

Jesús Aranda Ť La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió ayer hacer públicas sus conclusiones sobre el caso del general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez --preso en el Campo Militar desde hace tres años--, entre las cuales destacan: que el gobierno mexicano ordene la liberación ``inmediata'' del militar, que cese la ``campaña de hostiga-

miento y difamación'' en su contra, se investigue y sancione a los responsables de esta campaña, que finalicen los procesos penales abiertos en su contra y se le pague una indemnización por los daños sufridos.

En una decisión histórica en la que, por primera vez en el caso de México, la CIDH comprobó la violación de los derechos humanos de una persona en lo individual, la comisión estableció que en el caso Gallardo se registró una ``desviación de poder'' en la que el Estado mexicano inició averiguaciones previas en contra del militar con fines de hostigamiento y persecución, toda vez que el inicio de continuas averiguaciones en su contra, con el propósito de mantenerlo en prisión, demuestran precisamente su inocencia.

Así lo dio a conocer ayer la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, en relación con el informe definitivo del asunto 43/96 respecto a la demanda que interpusieron en su momento el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en la que se denunció que la detención de Gallardo representaba una violación a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

El documento de la CIDH señala en una de sus partes que la desviación de poder encontrada en el caso del militar se refleja en que, aun cuando ``aparentemente'' se trata de acciones legales, no hay otro objetivo más que el de hostigar y perseguir al acusado para que siga detenido.

Sobre este punto en particular, el codirector del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) con sede en Washington, Ariel Dulitzky, dijo que es muy importante el que por primera vez en el caso de nuestro país una resolución se refiera en concreto a la desviación de poder.

En el documento de la CIDH de más de 30 páginas --del cual se dieron a conocer sus partes medulares--, se señala que con esta decisión y su consecuente publicación antes de la reunión de la Asamblea General del organismo, prevista para febrero, la Comisión le dio la razón a los peticionarios (el general Gallardo) en el sentido de que había encontrado graves violaciones a los derechos humanos en este caso concreto.

Cabe señalar que con la publicación del documento, el gobierno mexicano perdió su última oportunidad para influir en la decisión de la Comisión, toda vez que desde el año pasado pudo cumplir las recomendaciones de la Comisión y no lo hizo. Es decir, si el gobierno mexicano hubiera cumplido con el emplazamiento que data de finales de octubre del año pasado y hubiera liberado al militar, la recomendación habría quedado en la confidencialidad.

Por su parte, la directora de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Mariclaire Acosta, sostuvo en entrevista que la resolución de la CIDH demuestra que el general Gallardo es un prisionero de conciencia, a pesar de que el gobierno mexicano lo ha negado durante los últimos tres años. Destacó también la importancia que tiene la resolución, sobre todo después del reciente rechazo tan ``contundente e insultante'' de la cancillería respecto del emplazamiento confidencial que le hizo desde octubre pasado al gobierno mexicano para que lo liberara.

``No es posible que el gobierno desconozca, después de dos años de trabajo, que la recomendación de la CIDH existe y espero que ahora que es un hecho público la recomendación, tome las medidas necesarias para implementar (sic) las cinco recomendaciones citadas''. Al mismo tiempo subrayó que es la primera vez que la Comisión decide publicar sus conclusiones sobre un caso de violación a las garantías individuales en México.

Por otra parte informó que a partir de este viernes, se iniciará una campaña pública en favor de que el artículo 133 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos se convierta en una ley interna de nuestro país. Hasta ahora, explicó, los tribunales mexicanos no reconocen como derecho interno los acuerdos internacionales suscritos por el país y buscamos que las normas acordadas en convenios internacionales empiecen a tener vigencia. Es muy lamentable, dijo, que gobiernos como el nuestro desconozcan las recomendaciones de convenciones internacionales firmadas con anterioridad.

Por su parte, Dulitzky destacó en entrevista --vía telefónica-- que después de que México ratificó la Convención Americana se comprometió a aceptar la supervisión de la CIDH y a acatar las recomendaciones que formule. ``Desconocer y no cumplir con las mismas, significa que México no cumple de buena fe los tratados internacionales de que es parte'', subrayó.

Asimismo explicó que si el gobierno de México quiere evitar que el informe en cuestión sea ventilado en la Asamblea General de la OEA, que se realizará en agosto próximo, deberá cumplir con las recomendaciones. ``El gobierno no tiene más opciones que cumplir la recomendación o esperar que se ventile el asunto en la OEA'', señaló.

También comentó la posibilidad de que se resuelvan favorablemente para Gallardo los amparos que ha interpuesto para alcanzar su libertad definitiva, lo cual sería positivo para la imagen de México.

Agregó que si bien la CIDH tenía de plazo hasta mediados de febrero para resolver la publicación o no de las recomendaciones, el reciente comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que negó haber sido emplazada por la Comisión sobre el caso Gallardo, habría acelerado la toma de decisión de los siete miembros que examinaron el caso.

Dulitzky apuntó que para la CIDH era importante publicar el documento en virtud de que Gallardo se mantiene aún en prisión, por lo que era urgente presionar al gobierno mexicano para que cumpla con las recomendaciones.

Por otra parte consideró que si el gobierno mexicano está en desacuerdo con el resolutivo de la Comisión, está en condiciones de apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de aportar las pruebas en su favor que considere pertinentes. Aunque, subrayó, si el fallo de la Corte fuera el mismo que el de la CIDH, entonces el dictamen tendría la misma fuerza obligatoria que la de un tribunal nacional