Legítimo, rechazar el ajuste: clero ecuatoriano; se extienden las protestas Empresarios y el ministro de la Presidencia se sumarán a la huelga general

Afp, Efe y Reuter, Quito, 23 de enero Ť La Iglesia católica ecuatoriana defendió el derecho de los ciudadanos a protestar por las duras medidas económicas decretadas por las autoridades, en tanto que el gobierno del presidente Abdalá Bucaram amenazó con despedir a los funcionarios del Estado que se sumen a la huelga nacional.

``Es comprensible que haya reacción popular frente a las medidas, pero ello no quiere decir que haya derecho a destruir propiedad privada o comunitaria y que haya violencia'', declaró el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, monseñor Mario Ruiz Navas, al defender el derecho a las protestas antigubernamentales.

Apuntó que se deben buscar soluciones más creativas, dado que ``las reacciones de violencia no llevan a ninguna parte''. No obstante, admitió que existe una violencia anterior a la actual ola de protestas que se inició hace casi tres semanas, y que describió como ``el hambre, la ignorancia y la desesperanza''.

El religioso indicó que en estos días los gobernantes y los gobernados deben buscar un punto de acuerdo a los problemas, a la par que hoy continuaban las manifestaciones estudiantiles en los alrededores de la Universidad Central de Quito. Allí hubo nuevos choques entre los jóvenes y la policía antimotines.

Mientras las manifestaciones se extienden a otras ciudades del país, este día se anunció que se sumarán a la huelga general del próximo 5 de febrero el sector empresarial, el ministro de la Presidencia, Miguel Salem, el alcalde quiteño, Jamil Mahuad, el opositor Partido Socialcristiano y otras organizaciones sindicales, populares e indígenas.

La huelga general ha sido convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), en repudio a la política económica de Bucaram, reflejada en fuertes alzas a las tarifas de telecomunicaciones, electricidad, gas y transporte público, y que repercuten en diversos renglones y en el salario de los trabajadores.

La Asociación de Cámaras de la Producción, por conducto de su dirigente, Marcelo Merlo, anunció su decisión de sumarse a la medida de fuerza tras una decisión unánime del sector productivo. Asimismo, dijo que ese sector rechaza ``el autoritarismo, el irrespeto, la inmoralidad, la arbitrariedad, la corrupción, la patanería, el desgobierno y la irresponsabilidad de este gobierno''.

El ministro de la Presidencia, Miguel Salem, dijo que se sumará a la huelga dado que las medidas económicas del gobierno afectan a los sectores más pobres del país, y dado que el gobierno respeta el derecho de todos los ecuatorianos a protestar.

A su vez el alcalde quiteño, Jamil Mahuad, dio a conocer que la Asamblea de la ciudad --integrada por asociaciones empresariales, populares, intelectuales y deportivas-- decidió sumarse a la huelga. Expresó que ``se ha sumido al país en el caos y el desgobierno, atentando gravemente contra la unidad y estabilidad de Ecuador''.

Marco Flores, diputado del Partido Socialcristiano, la mayor fuerza de oposición en el Congreso, señaló que esa agrupación acordó unirse a la huelga de febrero para ``protestar por el alto costo de vida y contra las medidas económicas impuestas por el régimen''. Subrayó que se unirán a las marchas para decirle al Ejecutivo que no puede seguir gobernando en la forma en que lo viene haciendo.

Así, frente a la efervescencia que abarca ya a los sectores populares, sindicales, políticos y de los gremios público y privado, el funcionario José Zurita amenazó con despedir a los burócratas que vaya a huelga. Afirmó que no se puede dejar a las familias sin los servicios de agua potable, teléfonos y electricidad.

La presidenta de la Asociación de Bancos de Ecuador, Ana Lucía Armijos, recomendó al presidente Abdalá Bucaram que busque consenso en el nuevo plan económico que pretende impulsar para evitar confrontación. Indicó que nunca es tarde para hacer rectificaciones, pues la incertidumbre y la inestabilidad política son factores que afectan las decisiones de inversión tanto nacional como extranjera