Ante la inseguridad que impera en la ciudad de México, los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos han formulado advertencias a sus ciudadanos acerca de los riesgos de ser víctimas de la delincuencia, y les han recomendado que, si viajan a esta capital, se abstengan de utilizar taxis que no sean de sitio. Tanto el regente capitalino Oscar Espinosa Villarreal, como la secretaria de Turismo Silvia Hernández, deploraron tales advertencias. La segunda opinó además que los medios informativos nacionales, al consignar el asunto, lo han magnificado.

Cabe señalar, al respecto, que tanto las recomendaciones de esos gobiernos extranjeros como la información dada al respecto por la prensa mexicana son reflejo de un problema real, que afecta en primer término a los habitantes de esta metrópoli: el grave crecimiento de la delincuencia organizada --del que el secuestro del empresario Ricardo Name Aboumrad, ocurrido ayer, es sólo un botón de muestra--, la incapacidad de las autoridades para contrarrestar ese fenómeno y la incertidumbre y el temor que provoca entre residentes y visitantes de esta capital.

En la ciudad de México la criminalidad es una amenaza permanente para todo ciudadano, sin distingo de sexo, posición social, condición económica o lugar de residencia. No hay, prácticamente, capitalino o capitalina que no sea víctima potencial de robo, agresión, violación, allanamiento, secuestro u homicidio, con el agravante de que los agentes de las diversas corporaciones policiales, lejos de inspirar confianza entre la ciudadanía, suelen causar casi tanto temor como los propios delincuentes. Aunque el arquetipo del policía prepotente, extorsionador, corrupto e impune no describe a la totalidad, ni mucho menos, de los agentes --judiciales federales y estatales, preventivos y de vialidad, auxiliares y efectivos de empresas privadas de seguridad-- sí está fundamentado en experiencias amargas vividas por la vasta mayoría de la sociedad urbana.

Sin desconocer los factores sociales, demográficos, económicos y hasta culturales que inciden en la proliferación de los fenómenos delictivos, no cabe duda de que una de las condiciones principales para tal crecimiento es el inadecuado desempeño de las instituciones públicas encargadas, en teoría, de brindar protección y seguridad a los habitantes de la metrópoli.

Esta incapacidad, a su vez, tiene en la corrupción uno de sus componentes más importantes. Un dato que refleja cabalmente la corrupción imperante es el hecho de que --como lo informó antier el presidente del Instituto Nacional de Ecología (INE), Gabriel Quadri-- cerca de la cuarta parte de los vehículos automotores que circulan en la ciudad incumplieron las normas de verificación vehicular, un hecho que sólo puede explicarse mediante masivas prácticas corruptas en centros de verificación, en oficinas de control vehicular o entre efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Pero la corrupción más grave es la que vincula a agentes del orden con la delincuencia organizada y que, a pesar de los cíclicos anuncios de saneamiento y moralización de las corporaciones, no ha logrado ser erradicada.

No es absteniéndose de mencionarla como podrá abatirse la delincuencia que mantiene en jaque a la ciudadanía y a los visitantes extranjeros en la ciudad de México. Para cambiar las percepciones del turismo foráneo en este terreno no bastarán las campañas publicitarias. Se requerirá, en cambio, de acciones efectivas, decididas y urgentes por parte de las entidades públicas responsables de la seguridad y de la procuración de justicia