Injustificable, atropellar derechos humanos so pretexto de asegurar el orden público, afirma el general

Miriam Posada García Ť El secretario de Seguridad Pública, Tomás Enrique Salgado Cordero, afirmó que ``de ninguna manera es justificable que se atropellen los derechos humanos, con el pretexto de que el Estado cumple con su función de asegurar el orden público, puesto que está obligado a actuar siempre respetando los derechos fundamentales de las personas''.

Al presentar la cartilla Los derechos humanos y los policías preventivos, elaborada en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal (CDHDF), el general Salgado Cordero enfatizó que la seguridad pública ``debe significar una real política de Estado, sustentada en programas de gobierno precisos, transparentes, con prioridades y asignación de tareas perfectamante establecidas''.

Ante mandos superiores y medios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Salgado advirtió que la dignidad humana debe quedar garantizada cuando se salvaguarda el orden público, por lo que ``violar los derechos individuales con el pretexto de que la policía no tiene otros recursos para desarrollar sus actividades, es absurdo''.

En este sentido, el secretario explicó que si las corporaciones policiacas no tienen a su alcance los medios adecuados para prevenir, ``sólo está obligada a actuar hasta donde sus posibilidades razonablemente se lo permitan, y no tiene porqué perjudicar a nadie como consecuencia de sus propias deficiencias''.

El resguardo del orden público, dijo, implica la obligación de velar para que existan condiciones de bienestar social, ``de progresiva calidad de vida para la población, y para impedir que los ciudadanos sean afectados en su vida, sus derechos y sus bienes''.

Si esto llegara a suceder, advirtió el jefe de la policía capitalina, ``el gobierno debe utilizar los medios legales para sancionar a quienes realicen tales conductas, es decir, debe evitar la impunidad''.

La función de la Secretaría de Seguridad Pública, puntualizó el general Salgado, es desarrollar su trabajo bajo los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo y honradez; mantener el orden a través de preceptos constitucionales, y dar cumplimiento a leyes y reglamentos, labor en la que ``el Estado asume la responsabilidad última de que esta función se realice con pleno respeto a los derechos humanos''.

Por su parte, el ombudsman capitalino rechazó que las comisiones de derechos humanos obstaculicen la labor policial, y consideró que ese no ex pretexto para que las fuerzas del orden dejen de cumplir con su función.