En Venezuela, centrales obreras abandonaron las negociaciones salariales

Afp, Ap, Efe, Dpa e Ips, Caracas, 23 de enero Ť Las cuatro principales centrales obreras de Venezuela se retiraron de la co-misión tripartita, integrada con el gobierno y los empresarios, como una medida de presión para que las autoridades mejoren su última propuesta sobre aumentos salariales y prerrogativas sociales.

Se trata del retiro de los representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV, socialdemócratas), Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV, comunistas), Confederación General de Trabajadores (CGT, socialcristianos de izquierda) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (Codesa, democristianos).

En un contexto de huelgas de médicos y de docentes universitarios, el gobierno del presidente Rafael Caldera mantenía negociaciones en la comisión tripartita con las centrales obreras para pactar un nuevo salario mínimo, eliminar la retroactividad anual de las cesantías y establecer un nuevo esquema de seguridad social.

Si bien se estima que el retiro de las centrales es temporal, los sindicatos están en desacuerdo con la propuesta oficial de cesantías simples y demandan que sean dobles --lo que implica multiplicación de salarios por años de servicio--, así como un salario mínimo vital de 274 dólares en remplazo de los 109 dólares actuales.

Los sindicatos también exigen un política global de seguridad social, que incluya un gran fondo estatal de retiro de pensiones o fondos privados. A la fecha, el seguro social venezolano se encuentra virtualmente quebrado, y al parecer tampoco hay acuerdo sobre estas cuestiones.

Mientras, la aerolínea venezolana Viasa anunció la suspensión inmediata de sus operaciones debido a una aguda crisis financiera que agobia a la compañía, controlada por la española Iberia desde 1991. Al mismo tiempo, Iberia protestó por la detención, durante 24 horas, de dos de sus ejecutivos cuando se aprestaban a salir hacia Madrid.

La suspensión de vuelos se efectuó en medio de una tumultuosa reunión de directivos, y no se descarta que mañana pudiera decidirse la declaración de quiebra. Sin embargo, este problema se ha convertido en un conflicto político, ya que el gobierno venezolano recientemente acusó a la empresa española de haber absorbido los capitales de Viasa hasta llevarla a la quiebra.

Emisoras de radio reportaron que el presidente de Viasa, José Campins, abandonó la reunión escoltado por agentes de la policía política, cuerpo que el miércoles detuvo a dos ejecutivos de la empresa identificados como Juan Vergara y Javier Abollado, quienes fueron sometidos a un largo interrogatorio.

Iberia protestó porque la detención ser efectuó sin orden legal de arresto, y dado que ambos funcionarios no tienen ninguna responsabilidad en eventuales daños patrimoniales a Viasa. Por ello, exigió a las autoridades venezolanas ``garantías jurídicas y personales'' para sus trabajadores en el país sudamericano. Frente a la negativa de los socios de Iberia de aportar nuevos capitales ante pérdidas acumuladas por unos 145 millones de dólares, el ministro español de Industria, Josep Piqu, dijo que se requiere un plan de restructuración y que éste no ha sido aceptado por los trabajadores, e instó a Iberia y al gobierno de Caldera a ampliar los capitales.

Por su parte, el presidente Rafael Caldera llamó a un gran diálogo nacional a fin de evaluar ``los aciertos y los errores'' y fortalecer así la democracia. El gobernante hizo estas declaraciones en el 30 aniversario del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez, por lo que esta fecha es considerada como el inicio de la democracia en el país