El pasado 15 de enero recibí una comunicación de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC (COSYDDHAC), de Chihuahua, Chih., que firmaba Eric Urízar. Esta colaboración es la respuesta solidaria a su petición.

En su fax, Urízar me comenta las graves penalidades que desde hace por lo menos 17 años han venido sufriendo los campesinos habitantes del predio Palanganas, situado al lado de la estación Cuevitas, del ferrocarril La Junta-Nuevo Casas Grandes, de aquella entidad norteña. Apunta que frente al olvido y el silencio en que las autoridades han pretendido mantener las denuncias de estas víctimas de la pésima administración agraria, los campesinos decidieron iniciar un plantón en la plaza Hidalgo de la ciudad de Chihuahua, con el propósito de conseguir lo que en justicia consideran les corresponde: dotación de tierras, obras de infraestructura, reconstrucción del poblado que les destruyeron y apoyo a proyectos productivos.

Los hechos son los que a continuación se describen:

En 1972 los campesinos iniciaron el proceso para obtener la dotación de tierras de un predio ganadero de poco más de 33 mil hectáreas, el cual tenía un certificado de inafectabilidad que vencía en 1975, y que estaba a nombre de Adalberto Navar Nevares. Desde ese año establecieron un poblado, mientras por diferentes vías se iniciaban los trámites legales para conformar su nuevo centro de población y conseguir la dotación de las tierras. Ahora, en 1997, después de haber transcurrido casi 23 años, todavía no han podido ser resueltas aquellas solicitudes.

No obstante, en el ínterin se ha producido una serie de agresiones que han puesto en condiciones de precariedad a todos los habitantes del predio Palanganas. Uno de los primeros actos agresivos que reporta COSYDDHAC es el violento desalojo, seguido de la destrucción de las viviendas y pertenencias de los campesinos, ocurrido el 17 de marzo de 1995. En esa oportunidad se manifestó con toda su fuerza la brutalidad de una persona que, investida de autoridad, buscó favorecer los intereses de una familia de terratenientes: el mismo juez que, sin mayor sustento jurídico, ordenó el desalojo y destrucción del poblado Palanganas es hoy el abogado de la familia Navar Corral.

Además, desde la destrucción del poblado a la fecha, la demanda interpuesta por los campesinos contra quien resulte responsable por los daños, todavía está en el trámite de la Averiguación Previa.

Pero, por si ello fuera poco, a lo largo de los últimos años, a algunos de los integrantes de las familias del poblado se les han dictado órdenes de aprehensión, se les ha encarcelado, amenazado y agredido físicamente, con la finalidad de obligarlos a abandonar la tierra. Además, los vaqueros a sueldo de los terratenientes han destrozado las siembras y contaminado las aguas, tirando en ellas los cuerpos de animales muertos, provocando graves daños a la magra economía de estos trabajadores del campo.

A pesar de todo, y como una muestra de voluntad para agilizar la solución del conflicto, los campesinos determinaron en asamblea reducir a la mitad el tamaño del predio en disputa. Desafortunadamente, en ésta como en otras ocasiones, son los más empobrecidos de entre los pobres los que tienen que andar por el camino más azaroso para lograr un poco de la justicia y de la dignidad que merecen se les reconozca, simplemente por ser inherentes a toda persona humana.

Realizar plantones, huelgas de hambre, van siendo los lugares comunes de los menesterosos en este México que presume de su modernidad. Son ellos los que tienen que demostrar su ``voluntad política'', su flexibilidad, su tolerancia, frente al manejo turbio de la legalidad, el favoritismo y la venalidad.

¿Ellos, los más desfavorecidos, los olvidados de siempre, son los que tienen que pedir perdón a la bota que destruye su trabajo?