No se liberará a Gallardo: fuentes de la SRE

Jesús Aranda Ť El gobierno mexicano considera que no hay elementos para liberar al general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, porque los cargos en su contra por malversación, enriquecimiento ilícito y peculado por alrededor de 800 mil dólares constituyen ``delitos graves'' de acuerdo con el Código Militar por el que está sujeto a proceso, afirmaron altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Al dar a conocer la opinión oficial del gobierno de México en torno a la recomendación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sea liberado ``de inmediato'' el general Gallardo, los funcionarios dejaron claro que nuestro país ``no atenderá la recomendación'' porque, además de no tener carácter vinculatorio, se trata de un asunto ``grave de corrupción, que podría compararse con casos escandalosos como los seguidos en contra de Raúl Salinas de Gortari y de Mario Ruiz Massieu''.

Asimismo, rechazaron que la decisión de las autoridades mexicanas de continuar los procesos penales en contra del militar y de mantenerlo preso en tanto se define su situación jurídica, vaya a afectar la imagen de México a nivel internacional en materia de respeto a los derechos humanos.

Cuando a mediados de año se presente el informe de la comisión ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, dijeron, el caso de Gallardo será ``uno más'', y seguramente pasará inadvertido ante la importancia de los asuntos del continente que serán analizados.

Los diplomáticos argumentaron en contra del informe de la CIDH y precisaron que el general preso no es perseguido por sus ideas, como tampoco se han violentado sus derechos humanos, sino que tiene pendientes procesos penales en su contra por los delitos de enriquecimiento inexplicable, peculado, destrucción de la propiedad del Ejército y malversación de fondos.

Si cumpliéramos con la recomendación de la CIDH, dijeron, equivaldría a que el gobierno actuara de la misma manera en los casos de Raúl Salinas de Gortari y Mario Ruiz Massieu y los dejara en libertad o retirara los cargos en su contra.

La actual administración ha recogido la demanda de la sociedad en contra de la corrupción, por lo que no es posible que lo dejemos en libertad y ``mucho menos que lo indemnicemos'' por los presuntos daños causados en su contra, como lo solicita la CIDH.

``Aquí no hay lugar para una indemnización; se trata de un individuo corrupto que está sujeto a procesos penales graves en su contra'', insistieron.

Cuestionados sobre el hecho de que la recomendación de la CIDH sea la primera sobre México en la que se señala que hubo violación a las garantías individuales de una persona (en este caso el general Gallardo), los informantes dijeron que, para el gobierno mexicano, ``los cargos en contra del general son verdaderos y no hay ninguna violación a sus derechos humanos''.

Finalmente, matizaron, ``que demuestre el uso que dio a los cerca de 800 mil dólares que se presume malversó para su beneficio personal y (en su caso) serán los tribunales militar o del fuero federal los que resuelvan en consecuencia''.

En este sentido, indicaron que las causas penales en contra de Gallardo por malversación, disposición indebida de los bienes del Ejército y enriquecimiento ilícito, se encuentran ya en la etapa de conclusiones, por lo que habrá que esperar el fallo de los tribunales.

Al explicar la postura del gobierno mexicano, los funcionarios rechazaron de entrada también la acusación de la CIDH sobre la ``desviación de poder'' que se presentó en el asunto del militar. Esto, subrayaron, es inadmisible jurídicamente, porque son los tribunales castrenses los que tienen la facultad exclusiva de declarar su inocencia o culpabilidad, y decretar en consecuencia la aplicación de la pena correspondiente.

Detallaron las 15 averiguaciones previas en contra del general Gallardo, la instrucción de nueve causas penales y el decreto de 7 autos de detención. Aquí negaron que tal cantidad de procesos en contra del militar revelen la intención gubernamental de mantenerlo en prisión. Se trata, indicaron, de procesos judiciales que se han interpuesto según se han presentado los acontecimientos.

De esta manera, de acuerdo con documentación de la Secretaría de la Defensa Nacional, las averiguaciones previas y procesos judiciales más representativos en contra de Gallardo son los siguientes:

--El 21 de agosto de 1983 se inició el proceso 1860\83 en contra del entonces teniente coronel de caballería, como presunto responsable del delito de abuso de autoridad; fue girada orden de aprehensión en su contra y la causa fue desechada en octubre de ese año.

--A consecuencia de la denuncia por malversación de fondos y destrucción de lo perteneciente al Ejército se inició la averiguación previa 28\89, que fue archivada con las reservas de la ley por falta de elementos en 1989; pero reactivada en 1993 con la causa penal 2949\93, por la que está preso.

--La denuncia que presentó en su contra el mayor de caballería Félix González Ruiz, cuando Gallardo era el director de la Escuela de Equitación General, fue finalmente archivada en 1989.

--Respecto a la actuación de Gallardo como comandante del Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua, de la cual se desprendió su probable responsabilidad en los delitos de malversación, fraude, daño en propiedad ajena y abuso de autoridad, se inició la averiguación previa 85\89. En 1990, la justicia federal le decretó auto de formal prisión por dichos delitos; pero en 1991 la justicia federal lo absolvió de tres delitos, mientras que la justicia castrense desistió de la otra acusación.

--La averiguación por diversos faltantes que resultaron de la entrega y recepción de la Villa Ecuestre del Estado Mayor Presidencial concluyó en 1991, cuando se archivó el asunto.

--Cuando la Secretaría de la Defensa Nacional acusó a Gallardo por ``deserción, en la modalidad de abandono de plaza'', el juez militar dictó auto de formal prisión, mientras que la justicia federal lo amparó.

--La averiguación SC\143\93\I, por el presunto delito de difamación al Ejército, fue finalmente desechada por la justicia federal; lo mismo pasó con la acción SC\167\93\II, ésta por injurias, difamación y calumnias en contra del Ejército.

--Está pendiente de determinarse la acusación presentada por personal del Criadero Militar de Ganado Número 2 de Santa Gertrudis, Chihuahua, así como la denuncia que se hizo en contra de Gallardo cuando, estando preso en el Campo Militar Número Uno, resultó lesionado un interno.

Si el general Gallardo no ha salido de prisión es porque no se han resuelto los procesos que tiene pendientes con la justicia militar y, ``por tratarse de delitos graves'', se necesita que esté en prisión. A diferencia de lo que señala la CIDH, concluyeron, en ningún momento se violentaron los derechos humanos y civiles del militar, por lo que ``no ha lugar a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos''