Falsos, los cargos por peculado y enriquecimiento ilícito, dice el general

Jesús Aranda Ť Las acusaciones en mi contra por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y daño a los bienes del Ejército son totalmente falsas, aseveró ayer el general José Francisco Gallardo Rodríguez, quien sostuvo que la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sea liberado inmediatamente, convalida su propuesta para la creación de un ombudsman militar.

Asimismo, en entrevista vía telefónica con La Jornada, el militar, que lleva tres años en prisión como consecuencia de 15 averiguaciones previas y nueve causas penales en su contra, acusa directamente al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Enrique Cervantes Aguirre; al director de la Policía Judicial del Distrito Federal, Luis Humberto Gutiérrez Flores, y al ex titular de la Sedena, Antonio Riviello Bazán, de ser los autores intelectuales de su ``injusta reclusión''.

Durante la plática, Gallardo afirmó que las acusaciones que pesan en su contra carecen de validez, porque forman parte de la campaña de ``persecución, hostigamiento y desprestigio'' que a nivel nacional han implementado los altos mandos militares, los cuales de esta forma han pretendido desacreditarlo ante la sociedad mexicana.

Al referirse a los argumentos que utiliza el gobierno en su contra dice: ``la cancillería sabe únicamente lo que la Defensa quiere que sepa''.

Respecto a la decisión de la cancillería de no liberarlo y no acatar la recomendación de la CIDH, el militar dice, sin perder el ánimo, que esta actitud no hace más que confirmar el estado de impunidad en el país, además de que el gobierno de México estará expuesto a una fuerte presión nacional e internacional porque se le dé una solución favorable a su caso.

Luego de afirmar que en el expediente de sus causas se encuentran las pruebas que acusan a los generales señalados, indica que, de acuerdo con la resolución de la CIDH, éstos tendrían que ser consignados por ser los autores intelectuales de su reclusión.

Rechaza que se haya enriquecido a costa de los diferentes cargos que tuvo en el Ejército y subraya que la justicia federal lo amparó ya en los procesos principales que se siguen en su contra.

Explica en relación con las causas penales en su contra sobre el manejo que hizo de la Villa Ecuestre del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por la presunta destrucción de archivos y disposición indebida de equipo: En 1988 se cerró la causa en virtud de que había entregado sin novedad las instalaciones que estuvieron a su cargo.

Recuerda que la acusación por difamación y descrédito en contra del Ejército tuvo lugar después de cinco años de hostigamiento (1988-1993), que estuvo encabezado entonces por Cervantes Aguirre, Gutiérrez Flores (quien era contralor general del Ejército en el sexenio pasado) y Riviello Bazán. Sobre este asunto presentó un amparo que se encuentra en primera instancia.

Agrega que después de que las acusaciones no surtieron el efecto esperado, en 1993, Gutiérrez Flores inició otra causa penal en su contra, ésta por presunta deserción, asunto en el cual es finalmente amparado.

Cuestionado sobre la acusación en su contra en el sentido de que la malversación de fondos de que se le acusa ascienda a 800 mil dólares, el militar refuta:

``Yo demostré que mi dinero es lícito''. Explicó que tenía, junto con su madre y un hermano, una cuenta por 290 mil pesos, cantidad que fue invertida en diferentes movimiento bursátiles durante cuatro años.

Sin embargo, cuando el Ejército auditó la cuenta, sus peritos sólo sumaron los ingresos que se registraban, resultando así una cuenta estratosférica.

``Increíblemente no se tomó en cuenta que por ser dinero que estaba invertido en valores, pues entraba y salía de la cuenta según los movimientos bursátiles'', argumentó.

``Esta situación fue comprobada en los peritajes que presenté y finalmente se nos concedió amparo en primera instancia'', dijo.

Asimismo, refutó que las acusaciones que pesan en su contra sean graves de acuerdo con el Código Militar, por lo que califica de falsas las declaraciones de la cancillería al respecto.

Asevera que los archivos que supuestamente quemó fueron incinerados en el Estado Mayor de la Defensa (lo que es práctica común) y subraya que cuando entregó en su momento las instalaciones militares que estuvieron a su cargo lo hizo ``sin novedad'', con auditorías que se realizaron en aquel entonces.

Sin embargo, misteriosamente, después de ocho años, los mandos militares abren procesos en su contra sobre asuntos en los que no se había detectado en su momento irregularidad alguna.

Yo tengo todos mis comprobantes y en los diferentes procesos en mi contra se han evidenciado las contradicciones de los testigos y acusadores, aseguró.

``Aquí hay algo chueco y lo que busca la Sedena es mantener su status de impunidad'', asevera