La Jornada 25 de enero de 1997

NO HAY BASES PARA ACUSAR A NADIE DE COMPRAR TESTIGOS: MADRAZO

EFE y Juan Manuel Venegas Ť El procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, dijo que carece de elementos jurídicos para suponer que algunos testigos en el juicio contra Raúl Salinas de Gortari recibieron gratificaciones económicas de parte de la ex fiscalía especial del caso Ruiz Massieu.

Madrazo Cuéllar se reunió ayer con corresponsales extranjeros y, según la versión difundida por la agencia Efe, el procurador considera válidas las pruebas que han sido presentadas en el proceso penal contra el hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.


Una patrulla de la Policía Judicial Federal
pasa frente a la casa de Pablo Chapa Bezanilla,
tras el rumor sobre arraigo domiciliario.
Foto: Duilio Rodríguez

La Dirección de Comunicación Social de la PGR no emitió ninguna versión del encuentro de Madrazo con los corresponsales extranjeros acreditados en México en el que, siempre de acuerdo al despacho de la agencia española de noticias, el abogado de la nación afirmó que se mantendrán los cargos contra Raúl Salinas y seguirá aportando indicios para probar que ordenó matar al secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu.

Por otra parte, ayer se informó que Pablo Chapa Bezanilla está fuera del país. La información surgió en el juzgado segundo del Reclusorio Norte, donde era esperado el ex fiscal, tras ser requerido como testigo en el proceso contra Ofelia Calvo Adame y Roberto Hernández Martínez.

Chapa Bezanilla no se presentó pero, según la información proporcionada en el juzgado, un representante del ex fiscal presentó como argumento para no responder al requerimiento judicial un viaje que lo mantendría alejado del país hasta la semana entrante.

No obstante, Chapa Bezanilla tendrá que pagar una multa de 20 días de salario mínimo por no cumplir el primer citatorio que se le giró para rendir su testimonio en el proceso contra Ofelia Calvo, ex secretaria de Raúl Salinas, y del abogado Roberto Hernández, ambos acusados por el propio Chapa --cuando era fiscal del caso Ruiz Massieu-- de falsear declaraciones.

En tanto, causó revuelo la versión de que la Procuraduría del Distrito Federal había ordenado arraigo domiciliario al ex funcionario. La presencia de guardias asignados a la seguridad física y material de Chapa desde que dejó su cargo, así como rondines que realizaron algunas patrullas de la procuraduría capitalina, provocaron un gran movimiento de fotógrafos y camarógrafos en su casa ubicada por el rumbo de Tlalpan.

No obstante, tanto en la Procuraduría General de la República (PGR), como en la del Distrito Federal, se desmintió inmediatamente el rumor --que empezó alrededor de las 13:30 horas--, explicando que no hay ninguna averiguación previa contra Chapa Bezanilla.

Exoneran a Roberto Hernández

El noticiero Hechos difundió anoche la noticia de que uno de los abogados de Raúl Salinas, Roberto Hernández Martínez, fue declarado inocente de los cargos que le imputó el ex fiscal Pablo Chapa Bezanilla por falsedad en declaraciones a una autoridad distinta de la judicial.

Hernández Martínez forma parte del equipo de abogados de Salinas de Gortari y, según la demanda en su contra que en su momento presentó el ex fiscal, pretendió inducir y sobornar a Noé Hernández Neri, ex escolta del hermano del ex presidente.

El abogado se protegió solicitando al juez tercero del Reclusorio Oriente una suspensión provisional contra la orden de aprehensión que se había girado en su contra y, aunque el plazo para determinar su situación jurídica vencía hasta el próximo domingo, el juez tercero determinó ayer por la tarde que no existían elementos que acreditaran los delitos que se le imputaban.


Juan Manuel Venegas Ť Eduardo Luengo Creel --abogado de Raúl Salinas de Gortari-- será recibido la próxima semana por el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, y --según informó el penalista-- aprovechará la audiencia para presentar una denuncia de hechos ``en contra de quien resulte responsable'' por los presuntos delitos de inducción y compra de testigos, falsedad en declaraciones a la autoridad judicial y ejercicio abusivo del servicio público, que se cometieron a lo largo del proceso penal contra su cliente.

La denuncia que tiene lista Luengo Creel destaca su petición de que se investigue a partir de ``la falsedad en que pudieron haber incurrido'' testigos como Agustina Cruz, Fernando Rodríguez González, María Bernal, Noé Hernández Neri, Francisca Zetina (La Paca) y Ramiro Aguilar Lucero.

Para ello, el abogado preparó una relatoría de las declaraciones de los testigos, donde subraya sus ``contradicciones'' y ``cambios de opinión''; asimismo, cuenta con documentación con la que pretende amparar su denuncia respecto a la ``compra e inducción de testigos'', entre ellos La Paca, Bernal y Fernando Rodríguez.

Entre los documentos que presentará Luengo Creel se encuentran los talones de los cheques expedidos por la Dirección de Control de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de la República a nombre de Zetina, Bernal y Rodríguez González, que significaron millones de pesos a las cuentas personales de esos tres personajes, presentados por el ex fiscal Pablo Chapa Bezanilla como testigos en el juicio que se sigue contra Salinas de Gortari por su presunta autoría intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.

Por otra parte, Paulina Castañón de Salinas de Gortari acudió ayer al juzgado cuarto del Reclusorio Oriente --como está obligada a hacerlo todos los viernes-- a firmar el libro de actas, en tanto se resuelve en audiencia constitucional sobre si queda amparada definitivamente contra la orden de aprehensión que se giró en su contra por el presunto delito de falsear declaraciones ante la autoridad judicial.