Los trabajadores de limpia de la ciudad de Villahermosa finalmente consiguieron un acuerdo satisfactorio con el gobierno de Tabasco, para ponerle fin a su prologado y difícil movimiento en defensa de su derecho al trabajo y a un trato justo. Para arribar a esa solución --reinstalación de 190 trabajadores, indemnización conforme a derecho de 110 y la revisión de 45 órdenes de aprehensión, además de una cantidad de dinero no especificada para los trabajadores-- debieron, sin embargo, hacer grandes sacrificios, realizar numerosos actos de protesta en Villahermosa y en la ciudad de México, tocar todas las puertas en demanda de justicia o de apoyo y solidaridad, soportar el acoso represivo y la insensibilidad gubernamental, y llevar a cabo la más prolongada huelga de hambre de la historia de la resistencia pacífica en el país, que puso al borde de la muerte a Venancio Jiménez y Jorge Luis Magaña. Fue, qué duda cabe, un movimiento ejemplar de resistencia y dignidad coronado con una satisfactoria solución, que esperamos sea cumplida por el gobierno estatal.

La reseña de este movimiento se ha hecho sobre todo en estas páginas, y de sus resultados han informado todos los diarios. Pero se hace necesario preguntar e intentar una respuesta: ¿Por qué un conflicto laboral aparentemente sencillo se convirtió en un asunto de dimensiones nacionales y con resonancia en el extranjero? ¿Por qué el gobierno federal intentó romper la huelga de hambre de los trabajadores y llevó al doctor Zedillo a justificar esa acción ilegal y condenable, además de ponerse en entredicho la respetabilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la licenciada Mireille Roccatti?

No se trata sólo de la arbitraria torpeza y tozudez de las autoridades del municipio del Centro, con cabecera en Villahermosa; tampoco puede reducirse la explicación a señalar la arbitrariedad del gobernador Madrazo Pintado o la disposición del gobierno federal a defender a toda costa a ese gobernador. El asunto tiene más fondo.

Debido a la rigidez del sistema priísta, a su renuencia a apegarse fielmente a las leyes, cada lucha de los trabajadores por sus demandas, así sean mínimas como las de los trabajadores de limpia de Tabasco, se convierten en un enfrentamiento con el autoritarismo, en una lucha política por la democracia, en un combate por la vigencia del Estado de derecho, o en una acción contra el injusto modelo de desarrollo económico del país, impuesto por el grupo en el poder.

No es nuevo lo anterior. La rigidez del sistema es antigua, consustancial al presidencialismo autoritario. Este sistema no admite la rebeldía, está acostumbrado a imponer su voluntad y sus caprichos sin resistencia; cuando ésta se produce, reacciona con violencia y trata de sofocar los movimientos con maniobras, cooptaciones o represión. Defiende a toda costa su autoritario principio de autoridad. Nunca cede a las demandas --sobre todo si son de trabajadores--, atendiendo a la razón, al derecho o a la justicia; no concede si no hay presión de quienes hacen reclamos. Esto es así cualquiera que sea el nivel de gobierno, si estos son priístas.

Los trabajadores de Ruta 100, para poner un ejemplo, debieron batallar más de un año, sufrir la prisión de sus dirigentes, amenazas, acosos sin fin para conseguir un arreglo con el gobierno del DF. La historia del conflicto que comentamos apenas está concluyendo. En su última fase, las semanas recientes, los barrenderos tabasqueños fueron sometidos a presiones muy fuertes, la más violenta de ellas el intento por quebrar su resistencia rompiendo la huelga de hambre de quienes se vieron orillados a jugarse la vida para apoyar su reclamo de justicia. No fue, como afirman los funcionarios gubernamentales, el presidente Zedillo incluido, una acción humanitaria para evitar la muerte de quienes llevaban 97 días en ayuno, pues el humanitarismo es increíble a las tres de la mañana con cientos de granaderos llevados a arrasar el campamento de los trabajadores. Como no fueron humanitarias las acciones para acabar violentamente las prolongadas huelgas de Demetrio Vallejo en prisión en los años 60, o para romper otra memorable huelga de hambre, la de los presos políticos en Lecumberri el 1o. de enero de 1970.

Sin embargo, el asalto al campamento de los trabajadores de limpia frente al edificio de la CNDH y el secuestro de los ayunantes fue tardío, ya no podía quebrantar su voluntad de luchar hasta el fin. La solidaridad social con la lucha de los barrenderos jugó un importante papel en el fortalecimiento de esa voluntad, pero lo decisivo fue la inquebrantable resistencia y dignidad de los trabajadores, quienes así prueban la posibilidad de vencer al autoritarismo.