La Jornada 25 de enero de 1997

VANGUARDIA Y RETIRADA

Mireya Cuéllar, enviada, Lima, 24 de enero Ť La constante presión que la Policía Nacional Peruana ejerce sobre los rehenes y emerretistas que permanecen en la residencia del embajador japonés, provocó hoy que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) suspendiera por más de cinco horas sus labores humanitarias y exigiera a las partes en conflicto garantías para continuar con sus tareas.

La reacción de la Cruz Roja se dio luego de que las dos unidades antiminas -vehículos blindados para el transporte de tropa-, que habían permanecido los últimos días en las inmediaciones de la residencia, desfilaron frente a ésta, violando los límites de movilidad de la policía acordados con el organismo internacional.

El contingente que desfiló frente a la residencia estuvo encabezado por una patrulla militar (jeep) que hacia sonar una sirena, seguido de un camión del ejército y las dos unidades antimotines con sus respectivos tiradores en posición de alerta. Esto ocurría mientras un helicóptero sobrevolaba la sede diplomática.

El desfile fue bastante cinematográfico y, si no fuera porque ha trascendido el efecto que causa en los rehenes, más que en los captores, podría decirse que es hasta cómico ver como organizan sus desfiles de una cuadra tan sólo para reventar los nervios del líder del comando armado, Néstor Cerpa Cartolini.

La guerra de nervios se reanudó pasadas las 10 de la noche, cuando de nueva cuenta tropas de élite de la policía y blindados realizaron maniobras frente a la residencia del embajador japonés, ante la cual estuvieron 15 minutos y luego se retiraron.

Para quienes están dentro de la embajada el sonido de las sirenas y del helicóptero sobre sus cabezas tiene un efecto distinto. Ha trascendido que más de uno de los 73 rehenes se pone muy nervioso cada vez que escuchan que la policía se acerca por aire o tierra. Michel Minnig, el coordinador del CICR, estaba en el interior del inmueble cuando la policía hizo su desfile y, a su salida, fue que exigió garantías para los miembros de su organización y los rehenes.

Mientras, los rehenes se quedaron sin comer porque no había una respuesta gubernamental. Fue hasta la hora de la cena que los miembros de la Cruz Roja, auxiliados por algunos bomberos, reingresaron en la residencia, sin hacer ya comentarios sobre lo acordado con el gobierno.

Minnig comentó que es posible llegar a un acuerdo en el conflicto, que inició el 17 de diciembre con el asalto de la residencia por el comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y confió en que las conversaciones empezarán pronto: ``Sería un error usar la violencia mientras una salida pacífica sea viable''.

Expresó que cada día es más difícil para ellos realizar su labor humanitaria (hacer chequeos médicos a los rehenes, llevar los alimentos, la ropa, las cartas, el agua...) por como se vienen dando las cosas. ``Nosotros no queremos poner reglas a la policía, pero necesitamos garantías'', añadió.

La decisión de la Cruz Roja alertó de nuevo a todos los medios de comunicación y empezaron a surgir algunas dudas sobre a la posición del gobierno de Fujimori frente al organismo. Varios versiones apuntan que pretende molestar a sus miembros hasta que decidan retirarse del lugar. Por lo pronto, Minnig le puso hoy un hasta aquí.

Están por cumplirse 40 días del asalto a la residencia del embajador Morihisha Aoki, y el destino de los 73 rehenes y del comando que los retiene es muy incierto. Lo que sí se percibe con claridad es que los emerretistas están cada día más solos. Los mensajes que Cerpa Cartolini intenta hacer llegar a la población peruana a través de los medios de comunicación han sido bloqueados, la prensa local sólo transmite versiones oficiales en torno al tema, y nadie aquí parece dispuesto a salirse de las pautas que va dando el gobierno. Y la residencia tomada se convierte cada día más en parte del paisaje limeño.

La respuesta que tuvieron los emerretistas a la acción de la policía fue cantar un himno de su organización, cuyo rumor apenas se escuchó en las calles aledañas. A gritos y por altoparlante hicieron saber que no se rendirán, y cerraron con la frase: ``Patria o muerte, venceremos''.

Incluso, por primera vez irrumpió el embajador estadunidense Dennis Jett para advertir que ``sería un error utilizar la violencia cuando un acuerdo pacífico se estudia para superar la crisis''. ``Estados Unidos no quiere oír hablar de ningún tipo de misión de rescate porque habrá muertos'', comentó a su vez el ex jefe de la sección de contraterrorismo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Vicent Cannistraro.

Para los emerretistas, de acuerdo con diversos reportes, las fuerzas de élite metieron al jardín de la residencia tomada un animal y luego lanzaron palos y piedras la víspera para comprobar si el terreno está minado. De hecho, el temor aquí es que no se ha descartado una acción de fuerza para retomar el inmueble.

El presidente Fujimori, quien en Bolivia declaró que la presencia de blindados en las cercanías de la residencia del embajador Aoki es una acción ``de autoridad'', hoy afirmó que las relaciones entre Lima y Tokio ``no van a ser afectadas'' por la crisis. Al reunirse con turistas japoneses, agregó que los vínculos más bien van a salir fortalecidos por las manifestaciones de solidaridad contra el terrorismo.

Mientras, se informó que emerretistas y senderistas serán trasladados de diversas cárceles de Lima al penal de máxima seguridad de Challapalca, en los límites de Tacna y Puno. Con ello, se buscará anular toda posibilidad de escapatoria.

El traslado comprenderá a Nancy Gilvonio Conde -esposa de Cerpa Cartolini-, la estadunidense Lori Berenson y los chilenos Jaime Castillo Petruzzi y María Concepción Pincheira, del MRTA. Asimismo, Osmán Morote, Carlos Incháustegui, Marta Huatay, Maritza Garrido Lecca y Edmundo Cox, de Sendero Luminoso.




Reuter, Ansa, Efe, Ap e Ips, Guayaquil, 24 de enero Ť El presidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, insistió este viernes en que hay en marcha un proceso de ``conspiración'' contra su gobierno a raíz de la anunciada huelga nacional para el 5 de febrero, por lo que amenazó con aplicar la Ley de Seguridad Nacional.

En momentos en que diversos sectores empresariales, populares, indígenas, sindicales, estudiantiles y políticos se suman a la convocatoria a la huelga nacional contra su política económica, y siguen las protestas callejeras, el mandatario sostuvo que se trata de un acto ``subversivo y conspirativo''.

Tras presidir una reunión del Consejo de Seguridad, en la que habría planteado decretar el estado de emergencia, declaró que ``todas las personas que están en este proceso subversivo recibirán la sanción definitiva y radical de la Ley de Seguridad Nacional''.

Más tarde, en un programa de radio Bucaram denunció que hay un ``complot golpista'' destinado a desestabilizar la democracia. Aunque señaló que no volverá a dictar medidas económicas, arremetió luego contra tres ex presidentes que se han unido a las críticas y acusó a la oposición de fomentar ``sentimientos subversivos''.

La huelga ha sido convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), pero todo un arco iris de sectores comienza a sumarse a la convocatoria, entre los que destacan trabajadores, organismos de derechos humanos, grupos urbano-marginales, partidos opositores y empresarios.

El ministro de Energía, Alfredo Adum, quien corre el riesgo de censura en el Congreso por sus actitudes autoritarias, calificó de ``subversivas'' las protestas estudiantiles que se efectúan desde hace tres semanas en todo el país contra la política de alzas de tarifas a los servicios.

A su vez, el ministro de la Presidencia, Miguel Salem, quien había afirmado que se sumaría a las protestas porque las alzas afectan a los sectores más desprotegidos y porque respeta el derecho a manifestarse, ahora acusó al opositor Partido Socialcristiano de pretender desestabilizar el país con su anuncio de participar en la huelga.

Bucaram, quien está al frente de un equipo de futbol profesional y esta noche debutó en un programa radiofónico como conductor, enfrenta además fuertes críticas de los ex presidentes Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja y León Febres Cordero.

Hurtado, democristiano, declaró que Ecuador carece de un gobierno y no puede resistir esta situación en los cuatro años de gobierno constitucional de Bucaram. Indicó que una de las situaciones más graves que el país afronta es el riesgo de una insurrección como consecuencia de la huelga nacional del 5 de febrero.

A la par, dijo, el país enfrenta la alternativa de una renuncia del presidente, dado su temperamento ``inestable'', su descalificación o destitución por el Congreso. No obstante, indicó que otra solución podría ser la convocatoria a una consulta popular que ratifique a Bucaram su mandato o pida su salida.

En tanto, el ex presidente socialdemócrata Rodrigo Borja defendió la posibilidad de que Bucaram sea enjuiciado penalmente por la justicia ordinaria bajo cargos de calumnia, de acuerdo con imputaciones de una legisladora y del ex candidato presidencial Jaime Nebot.

Por su parte, el ex presidente León Febres Cordero, al sumarse a las críticas contra el gobernante, señaló que es viable un juicio político contra el mandatario por traición a la patria, a causa de su llamado al perdón mutuo que hizo en Perú durante su reciente visita a Lima.

Mientras, las protestas estudiantiles y los incidentes de violencia con la policía continuaron hoy en las inmediaciones de la estatal Universidad Central y cerca del Banco Central de Ecuador. La policía se apostó en la zona para impedir que los manifestantes se aproximen al Palacio de Gobierno en el casco colonial.

También hubo protestas en Cuenca, donde una pequeña calle aledaña a la universidad estatal fue bautizada como Sandra Correa, el nombre de la controvertida ministra de Educación acusada de plagio literario, motivo por el cual será sometida a juicio político a partir del próximo martes en el Congreso.

Entre tanto, el Banco Mundial recomendó a Ecuador la observancia de una estricta disciplina fiscal, la creación de un fondo petrolero de estabilización y el fortalecimiento del sector financiero, como condiciones para aplicar la convertibilidad monetaria.