La guerrilla, único reto al poder presidencial, ante la debilidad de partidos y sociedad civil

Mireya Cuéllar, enviada /I, Lima, 25 de enero Ť La irrupción del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en una fiesta que congregaba a la crema y nata de la sociedad peruana --en la residencia del embajador Morihisha Aoki, la noche del 17 de diciembre--, no fue ``un rayo en cielo sereno''. En Perú hace 16 años que no dejaba de llover.

Más bien se hacían intentos por olvidar las explosiones de los coches-bomba (en 1992) en el barrio de Miraflores (que es como decir Coyoacán en el Distrito Federal); las matanzas de campesinos en la sierra, lejos de Lima; el asesinato de ocho estudiantes y un profesor de la Universidad de la Cantuta; la ley de amnistía para los militares que los asesinaron... las tormentas de los últimos cinco años.

Pero un comando de adolescentes pobres de la selva amazónica, encabezado por Néstor Cerpa Cartolini, un ex líder sindical que se expresa en un español rural, no sólo logró que una parte del mundo mirara para el Cono Sur, sino que despertó a Perú del sueño hipnótico en que lo mecía Alberto Fujimori; el de que la guerrilla había sido vencida a golpe de bota.

La llamada crisis de los rehenes, dice Javier Díez Canseco, congresista de Izquierda Unida -que participaba en la cena la noche del asalto y fue liberado tres días después-, es un rayo que retumba cuando algunos pensaban que la tormenta amainaba. Y es, al mismo tiempo, un hecho que obliga a los peruanos a preguntarse si el futuro del país puede seguir sentado en una ``pacificación que es hija de la militarización''.

El planteamiento se abre paso con mucha dificultad en esta nación andina. Dar siquiera la impresión de que se defiende al MRTA cuando se argumenta sobre las muchas aristas que conducen a la lucha armada o a la toma de una embajada, es nadar contracorriente. Los medios de comunicación y los analistas políticos, aun los defensores de derechos humanos, cuidan mucho sus palabras.

Hay un miedo natural a que esto vuelva a ser como antes: coches-bomba, apagones que dejaban a media ciudad a oscuras, ataques a objetivos militares que se llevaban por delante a civiles, represión encarnizada y a oscuras, por parte de la policía, de todo lo que olía a ``terruco'', terrorista.

Según las encuestas, 88 por ciento de la población apoya al gobierno en su postura de no liberar a los 458 presos emerretistas; 65 estaría por dar mejores condiciones carcelarias a los reos y un boleto de avión al extranjero para quienes tienen tomada la residencia.

El gobierno peruano está renuente a ofrecer un acuerdo de paz que pudiera incorporar al MRTA a la vida política del país, así que no se cansa de repetir que no soltará a los 458 presos emerretistas para que regresen a la selva y se rearmen. Y el taxista, la mesera, la recepcionista del hotel y hasta los compañeros periodistas, siempre reacios a opinar, no desean que un grupo de jóvenes dispuesto a levantar un arma ande suelto por ahí.

El Congreso se ha excluido de cualquier participación en la crisis. El presidente de dicho órgano, Víctor Joy Way -del grupo fujimorista Cambio 90-Nueva Mayoría-, se ha concretado a decir que el mandatario tiene todo su respaldo para continuar con la negociación y ha ratificado una a una las posturas oficialistas, entre ellas la de que el MRTA es un grupo terrorista y no hay porque dejar libres a esos ``terrucos'' para que salgan a matar.

Alberto Fujimori desconoció al Congreso en 1992 porque le era adverso. El actual está dispuesto a aprobar las leyes que necesite el presidente, incluida una que le permite reelegirse por segunda ocasión en el 2000, contraviniendo la Constitución, que establece la posibilidad de una sola repetición. El Tribunal Constitucional -un órgano más autónomo- dijo que esa ley es inconstitucional, así que ahora la mayoría fujimorista analiza cambiar aquélla para darle una redacción a modo.

``Aquí no se juega'', explica el congresista Díez Canseco, a quien en 1990, cuando era senador (Fujimori desapareció el Congreso y creó un sistema unicameral tras el golpe), le enviaron una carta-bomba que hizo volar parte de su casa. Entonces era el más activo miembro de una comisión senatorial que investigaba el espionaje telefónico del Servicio de Inteligencia Nacional sobre opositores.

Además del terrorismo de Estado, que es ``muy disuasivo'', no hay partidos; lo que Alan García dejó del Apra o el Popular Cristiano y Acción Popular no tienen fuerza o capacidad de interlocución. Y en este conflicto no han dado la cara siquiera para decir qué opinan.

Fujimori y los dos grandes movimientos que creó para ganar las elecciones -Cambio 90 y Nueva Mayoría-, que tienen mayoría absoluta en el Congreso, no son partidos como lo que conocemos. No tienen estructura, programas, asambleas, secretarios generales, vaya, ni locales. Son ciudadanos que hicieron una lista de candidatos, le pusieron nombre y ¡sorpresa! ganaron las elecciones a los partidos tradicionales. Así que aquí no hay compromisos a cumplir o siquiera algo a reclamar.

Los sindicatos han sido golpeados por la política neoliberal, que no reconoce huelgas; muchas de las organizaciones sociales se diluyeron, presas del terror de Sendero Luminoso -al que su ``estrategía revolucionaria'' le marcaba asesinar a dirigentes sociales- y del Estado, que ha mantenido al país en constante ``estado de emergencia''. La sociedad civil no tiene estructura y organicidad para intervenir en hechos como la toma de los rehenes, ``los últimos años hemos vivido bajo un régimen cívico-militar'', dice el congresista.

Salvo la Iglesia católica, que desde los primeros días advirtió que la violencia tiene ``raíces profundas'' en lo económico, social, étnico, y los rehenes ``que han salido a dar testimonios muy distintos de los que algunos querían oír; que no han sido de alabanza al MRTA, pero sí de serenidad, equilibrio y búsqueda de una solución pacífica e integral...'', los sectores de la sociedad peruana están muy polarizados, y las voces que más se hacen escuchar son las del gobierno y la derecha.

Casi nadie hizo eco y muy pocos recuerdan la carta de puño y letra del canciller Francisco Tudela -firmada también por otros rehenes que siguen en la residencia-, donde proponen una solución global que parta de un esquema de reconciliación nacional: ``el proceso incluiría el cese de las acciones armadas, la liberación de todos los militantes del MRTA y la entrega de las armas por la militancia y mandos del MRTA, así como una forma eficaz de incorporar a los miembros del MRTA a la vida política nacional''.

Esto lo escribió un grupo de rehenes -el 20 de diciembre-, recuerda Díez Canseco. ``Pero no porque hubiera una pistola apuntándote a la cabeza, tampoco porque se es un cobarde o un demente afectado por el síndrome de Estocolmo o para hacer la comparsa al MRTA, sino porque la situación límite permite dejar las anteojeras para tener una visión más amplia de las cosas, derrumba tapias de los oídos... porque se dan intercambios con gente con la que nunca, si no fuera por este hecho, se hubiera tratado''.

Pero, de momento, sólo hablan los que tienen los fusiles y el gobierno con sus respectivos ecos. El MRTA cada vez se escucha

menos; la policía obstaculiza toda línea de comunicación con los periodistas. La prensa nacional (radio y tv, fundamentalmente) ha optado por aceptar las directrices del gobierno: no difundir los planteamientos de Cerpa Cartolini. El domingo un conductor de televisión comentó al aire, mientras mostraba un casete: `` Tenemos la grabación de lo que ayer dijo el líder terrorista, pero no lo transmitimos porque no somos voceros de terroristas''.

La salida al conflicto será muy lenta, prevé Díez Canseco mientras toma su café cortado en una pastelería de la calle Brasil, una de las más largas de Lima. Y será muy difícil porque es una negociación entre duros, que margina a la sociedad civil; el MRTA y el gobierno quieren adueñarse del escenario. La única ventaja, añade, es que la solución obliga indefectiblemente al diálogo, porque las partes están desgastadas y la discusión es sobre un territorio que no les pertenece (la residencia del embajador japonés).

El gobierno tiene la grave dificultad de que ha cerrado el paso a una negociación con el argumento de que el MRTA es un grupo

pequeño y terrorista; del lado del MRTA es difícil que una organización con lógica militarista entre a un diálogo esencialmente político. Son dos factores que no están caracterizados por la tolerancia, así que una negociación de este estilo es ``terriblemente complicada''.

Díez Canseco aún confía en que todo este drama despierte en sectores de la sociedad peruana una revisión de lo que significa la pacificación y la posibilidad de un gran diálogo nacional, ``porque no hay paz con hambre y desempleo generalizados, con falta de esperanzas, con un régimen que promueve el autoritarismo, con una cultura de la intolerancia''.

Lo peor sería que todos creyeran que, una vez resuelto el conflicto de la embajada, aquí no pasa nada.

En los días más dramáticos del terrorismo senderista, inaugurados con el estallido de dos coches-bomba con 750 kilos de explosivos -el 16 de julio de 1992, matando a 22 personas e hiriendo a más de 200- en pleno centro de Miraflores; cuando los limeños sintieron que la muerte podía esperarlos estacionada a la vuelta de la esquina -hasta entonces las matanzas habían sido en las zonas rurales, muy lejos de Lima como para ocuparse demasiado de ellas--, el escritor Alfredo Bryce Echenique escribió:

``... por sinvergüenza, por estúpida, por amnésica e ignorante, la derecha empresarial peruana ni siquiera debe saber hoy que dejó de pensar en Perú desde la década del 20. Desde entonces se dedicó exclusivamente a sobornar, apoyar obsequiosamente al gobernante de turno...''

En Perú fue hasta 1980 cuando los analfabetas tuvieron derecho al voto.