Prolifera la prostitución en zonas militares de Chiapas

Juan Balboa, corresponsal, San Quintín, Chis., 26 de enero Ť Propietarios de centros nocturnos de Ocosingo y Altamirano, dos de los municipios que forman la llamada zona de conflicto, tejieron en los últimos dos años una red de prostitución --que incluye a mujeres indígenas-- en los ocho campamentos militares ubicados en el principal corredor zapatista de la selva Lacandona.

Unas cien mujeres se introducen semanalmente en las Cañadas del Jataté, para satisfacer a unos tres mil militares asentados en las comunidades zapatistas de La Garrucha --donde se construyó uno de los Aguascalientes del EZLN-- y en Nueva Providencia, ubicada en el corazón de la comandancia zapatista.

La presencia del Ejército Mexicano ha provocado violencia intrafamiliar, incremento en el consumo de alcohol y en los padecimientos psicosomáticos, así como el rompimiento de por lo menos 20 matrimonios indígenas, al aceptar las mujeres tener relaciones sexuales con los soldados por un pago de cincuenta pesos.

``En la comunidad de San Quintín y Nueva Providencia no mandan las autoridades ejidales, mandan los soldados'', señalan Pedro González y Manuel Aguilar, promotor de derechos humanos y catequista, respectivamente. ``Ahí ya están con desórdenes; lo que diga el militar es lo que hace la comunidad. Hay muchas mujeres que han dejado a sus esposos porque les han caído con los militares, teniendo relaciones. Las mujeres han abandonado los hombres y los hijos, porque ya están negociando con los soldados''.

La prostitución ha cambiado la vida cotidiana del Valle de San Quintín, uno de los corredores más importantes de la selva Lacandona habitado por milicianos y bases de apoyo del EZLN.

Aquí hay niños jugando con preservativos recién usados --a manera de globos--, mujeres tatuadas paseándose por el pueblo con militares en camiseta y short; prostitutas bañándose desnudas en los ríos --``mostrando su negocio'', dicen los campesinos--; pero sobre todo casas particulares convertidas en prostíbulos.

Los dueños de los prostíbulos de Ocosingo y Altamirano recorren diariamente los campamentos de La Garrucha, Patihuiz, Puente Jataté, La Soledad, La Sultana y San Quintín, repartiendo en combis o camiones de tres toneladas a las mujeres, quienes permanecen en promedio de ocho a diez días en casas particulares convertidas en prostíbulos, que habrán de satisfacer a los militares.

Paralelamente, unas 36 mujeres indígenas de San Quintín y Nueva Providencia hicieron de la prostitución su forma de subsistencia. San Quintín y Nueva Providencia son las únicas dos comunidades donde los elementos del Ejército Mexicano viven dentro de la población y ejercen presión psicológica entre los habitantes transformando la vida social, cultural y política de los indígenas.

``La prostitución está fuerte en la Cañada'', aseguran campesinos entrevistados en San Quintín, Betania, La Soledad, Emiliano Zapata y La Garrucha.

Pedro González, uno de los 30 promotores de derechos humanos de la región, dice a La Jornada con preocupación que la prostitución afectó a muchas mujeres indígenas. ``Ellas ya tratan con los militares; ya aprendieron; ya no hay muchachas para casarse en San Quintín y la Nueva Providencia'', lamenta.

Por su parte, Manuel Aguilar, catequista y dirigente de la organización indígena Aric-independiente, asegura que las comunidades están tomando precauciones para evitar que la prostitución afecte a las demás comunidades habitadas en su mayoría por zapatistas y miembros de la Aric-independiente. ``No dejamos que los soldados entren al poblado, evitamos cualquier relación de las mujeres con los militares y rechazamos invitaciones de ayuda que nos hace el Ejército Mexicano'', apunta.

Explica que muchas jóvenes indígenas han aceptado prostituirse por dinero: los militares pagan 50 pesos a las mujeres casadas y 100 las jóvenes que no han vivido con un hombre.

Agrega Aguilar: ``muchas familias de San Quintín han construido sus casas a partir de que sus hijas se han metido con los soldados a la prostitución''.

Este es el nuevo mosaico social que ha creado la entrada de por lo menos un centenar de mujeres que ejercen la prostitución en los ocho campamentos militares de la zona.

Para organizaciones que realizan trabajo en el área de conflicto, la prostitución ha provocado el incremento del confinamiento de la mujer indígena, debido al temor de ser hostigadas por miembros del Ejército.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Coordinación de Organismos no Gubernamentales por la Paz y la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, advierten del impacto que provoca la presencia de prostitutas en las comunidades indígenas, y califican de grave el aumento de la depresión, violencia intrafamiliar e intracomunitaria, de padecimientos psicosomáticos y del consumo de alcohol.