Uno de los signos de la evolución política que experimenta México es la reflexión, la discusión y la crítica en torno al desempeño de instituciones antes incuestionadas. A raíz de esta evolución, el país ha logrado empezar a analizar y a debatir, en forma cada vez más resuelta --y no exenta de polarizaciones, politizaciones, apasionamientos y excesos--, las acciones del Poder Ejecutivo, de la Iglesia Católica, de las Fuerzas Armadas, por mencionar a entidades que hasta hace pocos años se consideraban tabú.

Hechos recientes indican que esta tendencia a revisar públicamente el funcionamiento de las instituciones ha abarcado ya al Poder Judicial.

A pesar de que éste resulta una pieza central de la vida republicana, los sucesos internos de cortes y tribunales habían permanecido, por tradición, fuera del ámbito del interés general de la sociedad, hasta el punto de que sus acontecimientos, sus normas, sus problemas, y los nombres mismos de sus magistrados y funcionarios sólo son conocidos por un pequeño sector de la población.

Tal situación parece destinada a cambiar sustancialmente en la medida en que el accionar interno y externo del Poder Judicial empieza a ser permeado por el debate público. Debe reconocerse que, como contraparte de ese fenómeno, en las estructuras de la Suprema Corte de Justicia se muestra una creciente atención a la marcha de la sociedad y una actitud cada vez más plural y abierta.

Un ejemplo de ambas tendencias --la preocupación social por el funcionamiento de sus órganos de justicia, y la disposición al interior de éstos a ventilar sus problemas internos-- es la información, que se publica hoy en estas páginas, sobre el grave rezago que enfrenta el Consejo de la Judicatura en la cobertura de las plazas de magistrados y jueces de distrito que se encuentran en situación irregular, sobre conductas indebidas por parte de éstos y sobre malestares al interior de la institución.

Un caso que merece mención aparte es el conjunto de acusaciones formuladas ayer por el dirigente del PRI capitalino, Roberto Campa Cifrián, en contra del presidente de la Supremma Corte de Justicia de la Nación, Vicente Aguinaco, por supuestas acciones irregulares en asuntos de bienes raíces y tenencia de la tierra en el Distrito Federal. Aunque tales acusaciones afectan únicamente al funcionario mencionado y no a la institución que encabeza, no es fácil hallar precedentes a esta crítica pública, por parte de un alto dirigente del partido oficial, del desempeño de quien preside uno de los tres poderes de la Unión.

Aunque el hecho debe ser registrado, resultaría prematuro e improcedente adelantar una toma de posición al respecto. La opinión pública habrá de estar atenta a la réplica de Aguinaco a estas acusaciones y a su necesario esclarecimiento, del cual cabe esperar que se realice, de cara a la sociedad, por los canales legales pertinentes.