Veamos una lista no exhaustiva de actos y actitudes recientes y preocupantes:
--La imposición de una reforma electoral con rasgos prodemocráticos pero que descartó importantes propuestas de la oposición, sobre todo en el rubro de financiamiento a partidos, y anuló el deseable consenso buscado durante complejas y prolongadas negociaciones entre las fuerzas políticas.
--El rechazo a la propuesta legislativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) sobre derechos y cultura indígenas y, por tanto, el desconocimiento a los acuerdos de San Andrés.
--El desalojo violento de los barrenderos tabasqueños en huelga de hambre, revelador de una actitud autoritaria que no se anula con la firma de acuerdos que permitieron el fin de la protesta de los trabajadores de limpia.
--La actividad militar en Chiapas, evidentemente excesiva e intimidatoria, después de la negativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a aceptar la virtual contrapropuesta gubernamental sobre derechos y cultura indígenas.
--La invectiva presidencial contra sus críticos, sobre todo Jorge G. Castañeda y Adolfo Aguilar Zínser, fácilmente identificables en el discurso de la camiseta del presidente Ernesto Zedillo, dicho el pasado 7 de enero.
--La remoción o ``rotación'' del embajador de México en Gran Bretaña, Andrés Rozental, hermano de uno de los críticos virtualmente criticados por el Presidente, Jorge G. Castañeda.
--La actitud pendenciera del líder priísta Humberto Roque Villanueva, para quien un gobierno originado en el PAN degeneraría en fascismo y uno procedente del PRD terminaría en dictadura.
Son actos y actitudes que provienen de un tronco común: el endurecimiento. Endurecimiento que es negado por la palabra presidencial y confirmado por los hechos. Endurecimiento que ningún bien le hará al país ni al propio gobierno, del cual es exigible una pronta rectificación. Endurecimiento que sería plausible en asuntos como la defensa de la soberanía o, para decirlo como el Presidente, ``contra la intolerencia, la injusticia, la corrupción y la pobreza'', pero no justificable en los casos concretos citados.
Son signos de endurecimiento que hacen temer la peor conducta del partido de Estado en las próximas elecciones federales, estatales y locales de la ciudad de México, y ante los cuales se impone un estado de alerta por parte de las autoridades electorales, cuya acción autónoma se estrenará precisamente en esos comicios, que habrán de alcanzar su clímax con el escogimiento en las urnas del primer gobernador del Distrito Federal popularmente electo en décadas.
Está claro que, ante la posibilidad cierta de perder las elecciones legislativas federales y las locales en varias entidades, incluido el DF, el gobierno y su partido parecen estar prestos a transitar por la línea dura contra sus adversarios y críticos.
Los partidos de oposición, por tanto, deberán desplegar toda su estrategia antifraude acumulada por décadas, para enfrentarse a la gran fuerza del gobierno y su partido. Cometerán un grave error si, ante un panorama de probable derrota priísta, bajan la guardia y actúan como si la caída del partido de Estado fuese segura.
A juzgar por los primeros escarceos, difícilmente tendremos campañas de alto nivel y elecciones sin tentativas fraudulentas, pero es menester evitar que esta perspectiva desaliente los esfuerzos de los amplios segmentos sociales que, encuadrados o no en los partidos, tradicionalmente han pugnado por la altura en el debate electoral y la transparencia en los comicios.
La sociedad entera ha de estar vigilante para rechazar y combatir el endurecimiento gubernamental, en caso de que, contra lo deseable, el Poder Ejecutivo no rectifique y no se ajuste a la necesaria flexibilidad que debe prevalecer en el gobierno de una sociedad compleja y plural como la de este país.
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En el caso de los barrenderos de Tabasco, es demasiado pronto lanzar ahora las campanas al vuelo. Tantas veces y por tan largo tiempo han sido vejados y burlados esos trabajadores que es necesario esperar el cumplimiento de los compromisos suscritos antes de dar por finiquitado el conflicto. La palabra de este gobierno no es confiable y la firma de sus funcionarios tampoco. ¿No son los desconocidos acuerdos de San Andrés suficiente prueba de ello?.