El Consejo de la Judicatura, incapaz de cubrir 130 plazas: magistrados

Jesús Aranda Ť Uno de los principales problemas que enfrenta la impartición de justicia en el país es la incapacidad del Consejo de la Judicatura Federal para cubrir adecuadamente las más de 130 plazas de magistrados y jueces de distrito que están en situación irregular desde hace más de ocho meses. Así las cosas, casi una tercera parte de los tribunales y juzgados del país ``trabajan de manera irregular, por no contar con un titular definitivo''.

Magistrados del Poder Judicial de la Federación señalan lo anterior y critican que sólo 20 por ciento de los tribunales y juzgados arriba mencionados tengan a su titular en funciones.

La irritación contra la falta de definición del Consejo de la Judicatura Federal se agudizó en los últimos meses entre magistrados y jueces toda vez que, en la mayoría de lugares donde no hay designación oficial, ``despachan'' secretarios con las funciones del titular, a pesar de que no cuentan con la experiencia y la capacidad necesarias para asumir un cargo de tal trascendencia.

En la práctica, dijeron, los que están por dejar el cargo se muestran preocupados por la incertidumbre de no conocer a ciencia cierta cuándo serán habilitados y a qué lugares irán. Además, muchos de ellos aplazan la solución de asuntos gordos para no tener problemas y tratan de dejar el paquete a sus sustitutos, en tanto que los tribunales y juzgados que trabajan con titulares habilitados operan en una ``situación de incertidumbre y desconfianza'', que afecta negativamente a la impartición de justicia.

El malestar se incrementó cuando las quejas en contra de los magistrados en funciones se intensificaron. Así las cosas, el 13 de noviembre pasado, el Consejo de la Judicatura Federal en pleno decidió imponer un ``castigo ejemplar'' --dijeron los magistrados-- a la licenciada Imelda Gutiérrez Muñoz, secretaria del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, con residencia en el Distrito Federal.

Después de analizar una queja en contra de la licenciada --copia de la cual está en poder de La Jornada--, debido a que decretó la libertad absoluta de un presunto narcotraficante en favor de quien resolvió también la devolución de 5 millones de dólares en efectivo que llevaba al momento de su detención, el Consejo decidió destituirla de su cargo e inhabilitarla por diez años para el servicio público.

Cuestionados sobre la decisión, los magistrados concedieron la razón al Consejo en cuanto a la destitución, pero no en cuanto a la pena, que calificaron de exagerada, porque tendría que verse también la responsabilidad en la que incurrieron los miembros del Consejo de la Judicatura que designaron en tribunales y juzgados a personal que no tenía capacidad para desempeñar esos cargos.

Al respecto, señalaron: ``¿de quién es la culpa, del Consejo que ha nombrado funcionarios sin capacidad y que no ha resuelto aún el nombramiento de titulares de tribunales y juzgados, o del funcionario sancionado?

Después que el Consejo de la Judicatura propició el problema por no haber designado en su momento a los 52 magistrados y 70 jueces de distrito que ganaron su lugar en los concursos de oposición que se realizaron desde el año pasado --continúan los magistrados--, ahora se presentó una nueva situación que pone en entredicho la capacidad del organismo para manejar la situación.

A principios de enero, el Consejo envió la circular 1/97 a jueces y magistrados en la que les comunica que: ``es a su cargo la obligación de cerciorarse previamente a la designación o propuesta ante el propio pleno de un secretario para que se le autorice a desempeñar las funciones de magistrado de circuito o de juez de distrito, según sea el caso, de tal manera que el servidor público cumpla con los requisitos de ley''.

Ahora resulta, señalaron molestos los entrevistados, que ante el desastroso resultado que han tenido las administraciones de los ``magistrados y jueces en funciones''. El Consejo trata de ``lavarse las manos'' y nos pretende imponer una obligación que no es la nuestra, toda vez que, según la ley, la designación de estos funcionarios le compete exclusivamente a él.

Ante la información extraoficial de que a partir del 1o. de febrero asumirán su cargo los magijueces --término que se acuñó en el Poder Judicial Federal para nombrar a los 52 jueces de distrito que desde el 10 de julio fueron designados magistrados, pero que no han asumido en su gran mayoría la nueva responsabilidad--, los informantes señalaron que no basta con que asuman su cargo. Hará falta ver cuándo entrarán en funciones los secretarios que ascendieron a jueces y, además, qué mecanismos se seguirán para completar las plantillas de tribunales y juzgados, dijeron.

Lo cierto, insistieron, es que, por el temor de los consejeros de equivocarse en las designaciones de jueces y magistrados, optaron por la decisión ``fácil'' de habilitar a secretarios con resultados desastrosos.

Hubo lugares donde la designación de magistrados se complicó por el hueco que queda en los juzgados, como es el caso de los juzgados primero, segundo y tercero de distrito en materia de procesos penales federales con sede en Toluca, estado de México. Ahí los tres jueces, Alejandro Sosa Ortiz, José María Pardo Rebolledo y Diógenes Cruz Figueroa, han sido los encargados de llevar los procesos más importantes de los presos en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, entre los que destacan: Raúl Salinas de Gortari y Mario Aburto Martínez, además de que en dichos juzgados se ventilan los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

Hasta el momento, de manera extraoficial, se informó que el juez séptimo de distrito, Ricardo Ojeda Bohórquez, fue designado como titular de uno de los juzgados penales federales de Toluca.

Sin embargo, oficialmente el Consejo no ha dado ninguna información al respecto.

Finalmente, indicaron que la reciente designación de la juez María Elisa Martín Argumosa como integrante del Consejo de la Judicatura Federal --en su calidad de juez--, evidenció la inexperiencia total del Consejo. El 13 de enero pasado se reunió el pleno y acordó las bases de la insaculación para la elección de la representante de los jueces ante el organismo. Este acuerdo no se notificó en el Diario Oficial ni en ninguna otra parte; a pesar de ello, el presidente del Consejo emitió la convocatoria correspondiente, que tampoco se notificó.

El 15 de enero se realizó la insaculación en la que participaron los 22 jueces que cumplían con los requisitos de ley y se eligió a la juez citada. Aquí el problema es que, enfatizaron, el Consejo tomó acuerdos y emitió convocatorias que nadie conoció, lo que pone incluso en entredicho la legalidad del proceso de selección referido.

La serie de errores en los que ha incurrido el Consejo a pesar de su reciente creación --dos años--, ha provocado que pierda su calidad moral ante los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, afirmaron los funcionarios judiciales entrevistados.