Soldados por agentes de la PJF en Tijuana

Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, Tijuana, BC, 26 de enero Ť Luego de la designación de militares al frente de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), a partir de este fin de semana se inició la sustitución de agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) por elementos castrenses.

El reemplazo de los civiles por militares en labores antinarcóticos en esta frontera es sólo ``temporal'', mientras se asignan nuevos agentes federales provenientes de otras plazas, aseguró hoy un alto funcionario de la dependencia.

Según la fuente, tras la destitución de los mandos civiles el pasado viernes, se inició un proceso de concentración del personal de la PJF en la capital del país, y sus puestos fueron tomados en forma interina por elementos del Ejército que, incluso, la tarde del sábado arribaron a la sede de la PGR portando uniformes verde olivo.

La militarización de la dependencia generó diversas reacciones de rechazo por parte de activistas promotores de los derechos humanos.

Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, dijo que la designación de los militares es una ``grave contradicción'' del procurador Jorge Madrazo Cuéllar, quien como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca avaló la militarización de las fuerzas policiacas y ahora se suma a ese proyecto.

Según activistas, el nombramiento de militares en la PGR es el reconocimiento del fracaso de los civiles en la lucha contra el narcotráfico y expresa la desesperación del gobierno mexicano por retener este año la certificación de Estados Unidos en esa materia.

El viernes pasado, el procurador Jorge Madrazo designó al frente de la PGR al ex juez militar general José Luis Chávez García en sustitución de Cuauhtémoc Herrera Suástegui, quien estuvo al frente de la dependencia durante los últimos cuatro meses.

Asimismo, como nuevo comandante de la PJF fue nombrado el militar con licencia Felipe Pérez Cruz, en sustitución de Roberto Espinoza Mendoza, quien fue concentrado en la ciudad de México, junto con Herrera Suástegui.

El rechazo a la militarización de la PGR deriva de la experiencia vivida en esta frontera el pasado primero de marzo de 1996, cuando militares y miembros del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD) llevaron a cabo el Operativo Alacrán destinado a detener a los narcotraficantes Jesús Labra Félix y Benjamín Arellano Félix.

En aquella ocasión militares catearon 22 domicilios ubicados, en su mayoría, en lujosas zonas residenciales y, en algunos casos, se documentaron actos de abuso de autoridad.

Según la Procuraduría General de Derechos Humanos y Protección Civil de Baja California, el caso más grave ocurrió en la casa del empresario Armando Cázares, a la cual los militares habrían llegado en la madrugada del 1o. de marzo, y abrieron una de sus puertas con una explosión; además, dispararon en contra del dormitorio de los hijos menores de la familia.