Cuando, a mediados del año pasado, delincuentes no identificados allanaron la sede del Partido de la Revolución Democrática y se llevaron un número indeterminado de computadoras en las que el partido del Sol Azteca almacenaba listas de militantes, entre otra información estratégica, el hecho pudo haberse tomado como un episodio más de la creciente inseguridad que afecta a la capital del país. Pero la semana pasada ocurrió un intento de asalto en las oficinas donde se encuentra el padrón de miembros de ese instituto político y, anteayer, los ladrones consiguieron robar las computadoras del Comité de Atención a Simpatizantes del Partido Acción Nacional.

Es difícil no concluir que esos tres hechos conforman un patrón de actos ilegales que --si se considera, además, que en el local panista no fueron sustraídos los equipos de cómputo más caros, sino los que guardaban información clave-- no parecen estar relacionados con la delincuencia común.

El hecho de que los ilícitos se realizaran contra oficinas partidarias, y no contra tiendas de cómputo, hace pensar que el interés de los asaltantes no estaba centrado en los aparatos, sino en los datos que contenían. Por lo demás, en la medida en que esta clase de hurtos ocurren repetidas veces en perjuicio de partidos de oposición --sin olvidar los episodios similares sufridos por varias organizaciones no gubernamentales--, y cuando dos de ellos tienen lugar en vísperas de las campañas electorales que desembocarán en los comicios del 6 de julio, es justificado suponer la existencia, de un ominoso plan delictivo de signo político en contra de tales organizaciones, por más que resulte imposible estimar su extensión, su rango y sus verdaderos propósitos. Con todo, no puede descartarse la posibilidad de que los autores de tales delitos respondan a grupos de interés enquistados en ámbitos del poder público.

Un hecho de características aparentemente distintas, pero que también podría formar parte de un acoso anónimo e inconfesable contra instancias opositoras, es la reciente agresión sufrida por la dirigente perredista Amalia García en esta capital.

Las autoridades encargadas de garantizar la seguridad ciudadana, investigar las violaciones a la ley y procurar e impartir justicia, están obligadas a indagar y esclarecer estos hechos inaceptables, y a localizar y encausar a los responsables, no sólo en virtud de un mandato legal, sino también porque tales delitos vulneran severamente la vida política, socavan la confianza en los procedimientos democráticos y erosionan la credibilidad de las instituciones

La vicepresidencia de comunicación de Televisión Azteca envió a este diario una inserción publicitaria con sus puntos de vista respecto a la información publicada en la primera plana de la edición de ayer, sobre las acusaciones que involucraron a los señores Ricardo Salinas Pliego, Javier Alatorre y Eduardo Blancas en la presunta planeación del asesinato del señor Ricardo Rocha.

Lo primero que salta a la vista es la manera como se parapeta un asunto individual tras la ``fuerza informativa azteca''. Nadie había establecido un nexo institucional entre las denuncias contra tres ciudadanos y el ámbito de un medio de comunicación. La consignación periodística de un documento oficial sobre el cual hasta ayer nadie, ni siquiera los propios involucrados, habían informado públicamente, no agrede a una empresa ni atenta contra el deseo que expresan de continuar ``mejorando la imagen de la televisión mexicana'', sino que da idea, sí, de las atmósferas de realidades y fantasías del mundo judicial.

La publicación de los datos asentados en una declaración ministerial no está de ninguna manera reñida con la ética periodística, tal como lo muestra cotidianamente la propia empresa televisiva en sus programas informativos, sobre todo los de corte policiaco, en los que se difunden escenas y circunstancias sustentadas frecuentemente en declaraciones ministeriales y procesos en curso, que no en sentencias o en resoluciones definitivas.

Obligación periodística es, sin lugar a dudas, dar a conocer todo material informativo disponible que tenga sustento documental, como es el caso que nos ocupa e, igualmente, difundir los puntos de vista antagónicos o complementarios que se produzcan al respecto.

En La Jornada se ejerce un periodismo dispuesto a presentar en público lo que otros periodistas se han guardado por el simple hecho de resultar involucrados. Un periodismo objetivo, veraz, ético, no puede regirse por los criterios de difundir a gritos cualquier falta ajena, y callarse cuanto tiempo le es posible una declaración ministerial que le atañe