La Jornada 28 de enero de 1997

PERIODISMO E INTERESES

La vicepresidencia de comunicación de Televisión Azteca envió a este diario una inserción publicitaria con sus puntos de vista respecto a la información publicada en la primera plana de la edición de ayer, sobre las acusaciones que involucraron a los señores Ricardo Salinas Pliego, Javier Alatorre y Eduardo Blancas en la presunta planeación del asesinato del señor Ricardo Rocha.

Lo primero que salta a la vista es la manera como se parapeta un asunto individual tras la ``fuerza informativa azteca''. Nadie había establecido un nexo institucional entre las denuncias contra tres ciudadanos y el ámbito de un medio de comunicación. La consignación periodística de un documento oficial sobre el cual hasta ayer nadie, ni siquiera los propios involucrados, habían informado públicamente, no agrede a una empresa ni atenta contra el deseo que expresan de continuar ``mejorando la imagen de la televisión mexicana'', sino que da idea, sí, de las atmósferas de realidades y fantasías del mundo judicial.

La publicación de los datos asentados en una declaración ministerial no está de ninguna manera reñida con la ética periodística, tal como lo muestra cotidianamente la propia empresa televisiva en sus programas informativos, sobre todo los de corte policiaco, en los que se difunden escenas y circunstancias sustentadas frecuentemente en declaraciones ministeriales y procesos en curso, que no en sentencias o en resoluciones definitivas.

Obligación periodística es, sin lugar a dudas, dar a conocer todo material informativo disponible que tenga sustento documental, como es el caso que nos ocupa e, igualmente, difundir los puntos de vista antagónicos o complementarios que se produzcan al respecto.

En La Jornada se ejerce un periodismo dispuesto a presentar en público lo que otros periodistas se han guardado por el simple hecho de resultar involucrados. Un periodismo objetivo, veraz, ético, no puede regirse por los criterios de difundir a gritos cualquier falta ajena, y callarse cuanto tiempo le es posible una declaración ministerial que le atañe