Luis Hernández Navarro
Los usos y costumbres del poder
El último eslabón de la ofensiva pública gubernamental en el campo de batalla por las reformas constitucionales tuvo lugar en Xilitla, San Luis Potosí. Allí el presidente Zedillo apareció nuevamente al frente de la campaña anunciando que su gobierno impulsaría y promovería reformas constitucionales y legales para garantizar la igualdad de las comunidades indígenas (no de los pueblos indios).
Se trata de la primera toma de postura pública del Jefe del Ejecutivo sobre el tema, después de que sus comentarios a la propuesta de la iniciativa de reformas de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) fueron descalificados por el EZLN. Hasta ahora, la posición gubernamental había sido expresada por otros funcionarios y por una multitud de comunicadores oficiosos y no por el mandatario. El mitin se realizó, a la vieja usanza priísta, acarreando gente de diversos lugares. El discurso presidencial se dedicó a alimentar los fantasmas sobre la reforma indígena que se han inventado desde el mismo Poder.
Efectivamente, a raíz de que los zapatistas juzgaron que la propuesta presidencial de reformas en materia de derecho y cultura indígena era inadmisible y violaba los Acuerdos de San Andrés comenzó a instrumentarse desde los círculos oficiales, una campaña para atemorizar a la población, falseando las implicaciones de la iniciativa de reformas elaborada por la Cocopa. Un papel destacado en esta ofensiva lo han desempeñado algunos juristas (como el abogado de terratenientes Ignacio Burgoa, campeón en el arte de usar el Derecho contra la Justicia), que han emitido opiniones políticas disfrazadas de juicios legales. Se ha dicho, por ejemplo, que la autonomía indígena dividiría al país, y que busca crear regiones donde las leyes federales no funcionarían. Se ha insistido en que trata de crear fueros especiales y privilegios para los indígenas. Se ha señalado que se busca colectivizar la propiedad de la tierra.
Ninguna de esta opiniones es cierta. Son juicios surgidos de una mezcla de desconocimiento de la realidad indígena e intenciones de crear confusión y miedo. Ninguna de estas acusaciones resistiría ser confrontada con la realidad. Forman parte de los usos y costumbres del Poder para no cumplir con los compromisos firmados en San Andrés el pasado 15 de febrero.
Esta ofensiva ha sido acompañada de otras medidas, tales como resolver (y difundir ampliamente en la opinión pública) algunos problemas de tierras de los yaquis, con el objetivo de hacer aparecer al gobierno como legítimamente preocupado por la problemática indígena. Este repentino acto de justicia, después de 50 años de abandono, olvida que ``una golondrina no hace verano'', y que un acto aislado de gobierno no puede ocultar un hecho central: los pueblos indios del país exigen derechos y no asistencia. Los mismos yaquis que resultaron beneficiados con la acción presidencial pidieron al Jefe del Ejecutivo, a través del Consejo Tradicional de Pueblos Indios del Estado de Sonora, ``pagar la deuda historica que tiene con nuestros pueblos'' y ``cumplir con la letra y el espíritu de los acuerdos de San Andrés''.
Las acciones espectaculares y publicitarias no son suficientes para evidenciar que la actual administración no tiene una política articulada, integral y coherente para los pueblos indios. A la crisis del indigenismo como ideología y acción institucional, el gobierno respondió tratando a los indios como objeto de políticas destinadas a combatir la extrema pobreza. Los resultados de esta iniciativa pueden medirse con la regla de la insurrección chiapaneca y la expansión de la lucha indígena por todo el país. Peor aún (a pesar de algunos programas aislados) en la actualidad el gobierno no tiene una política social para las regiones indígenas ni la voluntad ni las instituciones para canalizar los recursos económicos que requieren. Las únicas acciones consistentes puestas en marcha a partir de 1995 (militarización, contrarreforma agraria y descentralización de las agencias estatales) agravan el problema más que solucionarlo.
Cumplir con lo pactado en San Andrés es, precisamente, el único camino viable para reconstruir una relación que sea constructiva entre el Estado y los pueblos indios del país. Y lo es porque allí se expresa el sentir y la experiencia de los sectores más organizados de esos pueblos. Ese es el marco, mutuamente aceptado, para establecer un nuevo pacto. La decisión gubernamental de hacer valer sus usos y costumbres, al no cumplir con los acuerdos de San Andrés, echar a un lado la propuesta de reformas constitucionales de la Cocopa, confundir a la opinión pública sobre el verdadero alcance de ésta, e improvisar unas cuantas acciones espectaculares a favor de algunas comunidades no hará sino ensanchar la brecha existente entre gobierno e indígenas. ¿Será eso lo que quieren?.