Para Fujimori la lucha contra el terrorismo es ``un cheque en blanco'', dice general retirado

Mireya Cuéllar, enviada /III, Lima, 27 de enero Ť Gilberto Siura citó a los familiares de los desaparecidos para decirles que no firmaría el dictamen del Congreso que acusaba al ejército; ``la consecuencia sería un golpe de Estado ¡Y si eso ocurre, a uno de los primeros que matarán será a mí!''. Gisella lo confortó: ``siendo pastor evangelista debe confiar en Dios, Dios lo ayudará si busca la verdad''. El legislador explotó: ``¡...estoy hablando del ejército, de un monstruo que es más poderoso que Dios!''

El periodista Efraín Rúa describe así el encuentro --en su libro El Crimen de La Cantuta-- entre el congresista Siura y el grupo de familiares que tenía meses buscando a los nueve estudiantes y al maestro Hugo Muñoz, quienes una madrugada fueron sacados de los dormitorios de la universidad por un grupo de encapuchados.

--Cuando se habla de la guerra sucia, muchos creen que es un asunto viejo, de la década de los setenta, pero no. Un sector del ejército, Fujimori y Vladimiro Montesinos, su asesor de cabecera, creen que el combate al terrorismo es un cheque en blanco para asesinar y encarcelar a discreción-- dice el general de división (retirado) Rodolfo Robles Espinoza.

Este miembro del Foro Cívico y defensor de Derechos Humanos era en 1993 comandante general de Instrucción, Doctrina y Entrenamiento del Ejército --tercero en la jerarquía de su arma--, cuando un grupo de oficiales del servicio de inteligencia se le acercó para plantearle que estaba muy preocupado por la existencia de un grupo paramilitar que hacía ejecuciones extrajudiciales.

Robles también tenía conocimiento de un documento firmado por el grupo Comaca (Comandantes, Mayores y Capitanes) --una organización clandestina dentro del ejército peruano--, que había llegado a las manos del legislador Henry Pease, donde se daban detalles de la captura y ejecución del profesor Hugo Muñoz y nueve alumnos de la Univer-sidad de La Cantuta.

El general Robles transmitió la preocupación al presidente del Consejo de Gue-rra, José Picón Alcalde, quien se comprometió a investigar el caso ``si le aportaba algunas pruebas''. Robles indagó y le envió un informe detallado sobre el operativo Cantuta y los oficiales que habían participado en la ejecución. Pero Picón no investigó: fue y delató a Robles ante Hermoza Ríos.

Vinieron las llamadas telefónicas, ``que aunque anónimas, yo sabía de dónde venían''. Después, Hermoza Ríos lo citó en su oficina y le dijo que sería designado representante ante la Junta Interamericana de Defensa de la OEA. Era una celada. El 5 de mayo, Robles y su familia (incluidos sus dos hijos, también militares), ingresaron a la embajada de Estados Unidos en Lima con el pretexto de solicitar visa. Ahí permanecieron mientras en un hotel de esta ciudad un grupo de familiares daba una conferencia de prensa informando a la opinión pública de lo que pasaba.

El Servicio de Inteligencia del Ejército y el Servicio de Inteligencia Nacional --este último dirigido por Montesinos-- tenían un grupo especial, Colina, cuya finalidad era el seguimiento, captura y aniquilación de ``subversivos''; su presa más importante era Abimael Guzmán.

El grupo había sido creado en 1990 por instrucciones del jefe del SIN para poner freno a las acciones de Sendero. El nombre era en homenaje al capitán José Pablo Colina Gaige, un militar infiltrado en una patrulla senderista y muerto por sus propios compañeros en un ataque al poblado Ambo, en 1984.

Y este grupo era el responsable de la desaparición y ejecución de los estudiantes y el maestro de La Cantuta.

Muchos de los asesinatos ocurridos en esa época y atribuidos a grupos subversivos, recuerda Robles, los perpetró en realidad el grupo Colina; ``había un gran avance del terrorismo y debía combatirse, pero no lastimando el sistema democrático y matando a inocentes''.

El 8 de mayo, el presidente Fujimori dijo en un programa radial que el comandante general del ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, y su asesor, Vla-dimiro Montesinos, ``gozaban de su más absoluta confianza''.

En el Congreso, el oficialismo y la oposición se enfrascaron en un debate. Con los documentos que les hizo llegar Comaca y otro grupo de militares, también clandestino, denominado ``León Dormido'', la oposición hizo un dictamen: responsabilizaba directamente a Hermoza Ríos, a Montesinos y otros altos jefes militares de esas desapariciones.

El dictamen de los fujimoristas, suscrito por Gilberto Siura --uno de los 73 rehenes que Néstor Cerpa Cartolini mantiene en la residencia del embajador japonés--, dejaba en manos de la justicia militar el esclarecimiento de esos hechos.

Parecía que Hermoza y Montesinos ganaban la partida --recuerda Robles-- pero el 3 de julio de 1993 un sujeto dejó un paquete en la recepción de la revista Sí y salió sin decir nada.

El mensaje decía: ``Este plano es para la opinión pública de la desaparición de los alumnos y el profesor de La Cantuta. Aquí están los alumnos enterrados por los militares ... este es el plano de las tumbas clandestinas. Para mayor evidencia y prueba, aquí le enviamos el hueso de la cadera y pedazos de carne humana quemados que han sido quemados primero en el cuartel''.

El mapa los llevó hasta el kilómetro 14 de la carretera a Cieneguilla, a unos botaderos de basura ubicados a dos kilómetros de la base militar Montesinos. En el lugar encontraron tierra removida, además de un hueso quemado. La noticia corrió por la ciudad, llegaron seis fiscales para comprobar la veracidad de la denuncia, y también las cámaras de televisión.

En cuatro fosas encontraron los restos quemados de varios cuerpos, entre ellos un cráneo femenino con un agujero de bala en la nuca... algunos objetos como llaves. Varias puertas se abrieron con ellas; la del armario de Juan Mariños y la de la casa de Armando Amaro Cóndor, dos de los jóvenes desaparecidos.

Desde Buenos Aires, donde se encontraba gracias a las gestiones de la embajada de Estados Unidos, el general Robles dijo que quemar a sus víctimas era una de las técnicas que empleaba uno de los oficiales del grupo Colina, a quien se le co-nocía en las filas del ejército como Kerosene porque usaba esa sustancia para calcinarlas.

Fue hasta octubre, ``se sabe que luego de una serie de presiones por parte del gobierno de Estados Unidos'', cuando Alberto Fujimori anunció al periódico The New York Times la detención de cuatro oficiales del ejército. Los peruanos se enteraron por los cables de agencias internacionales, ya que el presidente se negaba sistemáticamente a tratar el tema con la prensa nacional.

Eran días difíciles para el presidente Fujimori: algunos consejeros le reco-mendaban mandar a retiro a Hermoza Ríos. Fujimori invitó al general a pasar a retiro a cambio del ministerio de De-fensa, pero él se negó.

El 18 de febrero de 1994 se inició el juicio llevado a cabo por la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar. Martín Rivas, alias Kerosene, dijo ``se está bajando la moral a nuestras fuerzas armadas señor presidente. Necesitamos un país digno y un país pacificado, pero no nos dejan...''

Los mayores Martín Rivas y Eliseo Pichilingue, jefes operativo y administrativo del grupo Colina, fueron sentenciados a 20 años de cárcel. Cinco suboficiales recibieron 15 años de cárcel como ejecutores materiales. Cuatro miembros más del ejercito fueron condenados a cuatro y cinco años ``por negligencia en sus funciones''. La sentencia indico que el crimen fue ``una operación clandestina no ordenada ni autorizada por el alto mando del Ejército...''

El presidente Fujimori diría después en una conversación privada con un grupo de reporteros --que finalmente tras-cendió-- que el maestro y los nueve alumnos eran los responsables del atentado de la calle de Tarata. Sin embargo, a las pocas semanas, la policía presentó a ``los responsables'' del atentado. Esta versión policial no implicó para nada a los muertos de La Cantuta.

Alberto Fujimori logró reelegirse el 9 de abril de 1995. Unos días después, la fiscal Ana Cecilia Magallanes abrió una investigación sobre la masacre de los Barrios Altos; todo indicaba que el grupo Colina era el autor de esos hechos. Los militares que en el caso de La Cantuta alimentaron a la prensa ahora daban detalles sobre los 15 muertos de 1991.

La justicia militar presentó un ``pedido de inhibición'' a la juez civil, diciendo que ellos ya habían iniciado una investigación. Empezo ahí una disputa (de trámites legales) entre la justicia civil y militar por quedarse con el caso.

Y así llegó la media noche del 15 de junio de 1995, cuando el congresista Gilberto Siura, uno de los hombres de mayor confianza de Vladimiro Montesinos --se conocieron en el ejército cuando Siura era capellán en las fuerzas ar-madas-- argumentó ante el Congreso que el país necesitaba una ley de ``reconcilia-ción nacional'' y presentó al pleno el proyecto para amnistiar a todos los militares que hubiesen cometido delitos ``como consecuencia de la lucha contra el terrorismo''. Aunque con algunas abstenciones del oficialismo, la ley fue aprobada por la mayoría del Congreso, intregrada por Cambio 90 y Nueva Mayoría.

En el debate, la congresista Lourdes Flores inquirió desde la tribuna a Siura: ``tanto le cuesta al ingeniero Fujimori vivir bajo la bota del general Hermoza, siente tan poco el peso de la votación recibida el último 9 de abril, que no es capaz de poner coto a las presiones absurdas que el comando general le formula....''

En el fondo, dice Robles --a quien sin solicitarla, el gobierno hizo extensiva la amnistía-- Fujimori tuvo que liberar al grupo ``Colina'' porque sus miembros empezaron a hablar. En la ``prisión dorada'' --como aquí se le conoce-- que compartían, comentaban, mientras jugaban tenis con otros oficiales, que su actuación era conocida por la cúpula.

Los miembros del grupo ``Colina'', ya encarcelados siguieron cobrando su sueldo. Fue hasta que la opinión pública presionó cuando se les dio de baja en el ejército, pero hoy --asegura el general Robles-- siguen trabajando para el Servicio Nacional de Inteligencia