El comienzo del programa de reordenación del comercio ambulante en el Distrito Federal, cuya primera fase debe realizarse en el Centro Histórico capitalino, es percibido por decenas de miles de personas que viven de esa actividad como una amenaza directa a la única forma de sobrevivencia económica que les ha dejado el modelo económico imperante. Las consecuencias de esa percepción y de la exasperación derivada debieran ser sopesadas con sensibilidad política por parte de las autoridades urbanas para que la aplicación de las disposiciones sobre comerciantes callejeros no se traduzcan en violentas e indeseables confrontaciones.

Ciertamente, la descontrolada proliferación de puestos comerciales en puntos conflictivos de la ciudad es un fenómeno que debe ser contrarrestado no sólo porque constituye un factor de inseguridad, insalubridad y, en general, de evidente deterioro de la vida urbana, sino también porque el ejercicio del comercio informal sin regulación alguna, como hoy se realiza, es una competencia desleal que provoca la justa irritación de los comerciantes establecidos.

Visto desde la sola perspectiva del conflicto de intereses entre distintos sectores de la ciudadanía, el asunto de los ambulantes sería un callejón sin salida para el que no podría hallarse solución. Por ello, es preciso ubicar el problema en su justa dimensión, la cual rebasa, con mucho, la mera aplicación de reglamentos, bandos y disposiciones.

Con este propósito, es oportuno señalar que el crecimiento hipertrofiado de los sectores económicos informales es consecuencia de la apli- cación a rajatabla, por parte de los sucesivos gobiernos de 1982 a la fecha, de un proyecto económico que afectó gravemente la planta laboral, no sólo porque destruyó o redujo severamente entidades que generaban empleos en forma masiva, sino también porque provocó una gravísima caída del poder adquisitivo de los salarios.

En circunstancias en las que el salario mínimo -referencia indispensable de toda la estructura salarial del país- no sirve para cubrir las estrictas necesidades vitales de una persona, y mucho menos de una familia, es inevitable que cientos de miles, o millones de ciudadanos, busquen fuentes de ingresos en donde sea. En tales condiciones, el ejercicio del comercio informal en puestos callejeros y en cruceros suelen ser la única alternativa para muchos, fuera de la emigración, la delincuencia, la mendicidad o la prostitución.

Pero la responsabilidad de las autoridades en la gestación de este problema no se limita a las consecuencias de su política económica. La proliferación del ambulantaje fue propiciada, también, de hecho, por actos errados de política social -como aquella consigna de ``empléate a ti mismo'' que el régimen salinista esgrimía ante el malestar causado por el desempleo y la caída de los salarios reales-, por el afán de mantener y expandir un control político clientelar y corporativo de la ciudad, por actos u omisiones administrativas y legales de los sucesivas gobiernos urbanos y por la llana corrupción imperante en diversos niveles de la Regencia, de la que un ejemplo es la proverbial y extendida práctica de extorsión de los inspectores de la vía pública contra los ambulantes.

Con estos antecedentes, sería por demás improcedente que la reordenación del comercio ambulante en la ciudad de México se entendiera únicamente como la súbita aplicación de un reglamento urbano que por desidia, incapacidad, cálculo político o intereses económicos ha sido incumplido desde hace varios lustros, y hasta la fecha, por las propias autoridades del Departamento del Distrito Federal. Es preciso y urgente, por supuesto, reglamentar, controlar y reordenar las actividades comerciales en la vía pública, pero sería éticamente inaceptable, y política y socialmente catastrófico, que ello implicara la cancelación de la única fuente de ingresos de que disponen decenas de miles de familias. Hoy más que nunca las autoridades urbanas y las instancias gubernamentales en general deben actuar con apego a las leyes y reglamentos, sí, pero también con una amplia sensibilidad política y social.