Intromisión, la carta de legisladores daneses sobre el conflicto, señala la fracción priísta en la Permanente

aIsmael Romero Ť El grupo priísta en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviar una nota diplomática al gobierno de Dinamarca, por la misiva que un grupo de diputados daneses hizo llegar al presidente Ernesto Zedillo, en la que le piden que informe si existe o no voluntad para resolver el conflicto armado en Chiapas.

En la misma carta, los diputados daneses consideran que debe aprobarse la propuesta de iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), hecho que fue considerado por los legisladores del PRI como un acto ``inadmisible''.

En nombre del grupo priísta, el senador Amador Rodríguez Lozano dijo que la carta de los diputados daneses no debe ser tolerada, porque atenta contra la soberanía de México, además de que insulta a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

``Bajo ninguna circunstancia, como senador de la República, como mexicano, puedo soportar o admitir que un grupo de legisladores de otro país venga a suplantar la soberanía popular, y que venga a darnos clase de democracia'', dijo.

Rodríguez Lozano también se refirió a las recientes declaraciones de la nueva secretaria de Estado de Estados Unidos, quien para garantizar la ratificación de su nombramiento en el Congreso de su país, puso en duda la certificación de México en la lucha contra el tráfico de drogas.

El priísta dio lectura a una declaración política de su grupo parlamentario, en la que éste repudia ``firme y tajantemente'' la intromisión de legisladores extranjeros en asuntos de estricta competencia e interés nacional, y exigió que se observen las reglas del derecho internacional y, por lo tanto, el respeto irrestricto a la soberanía del pueblo mexicano.

Por su parte, el diputado Ramón Sosamontes, del PRD, expuso que la certificación se ha convertido en un instrumento político de presión que se rechaza en la palabra, pero se reconoce en los hechos. Mencionó, por ejemplo, el trabajo de lobby que realiza en estos días en Estados Unidos el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, en colaboración con otros funcionarios y diplomáticos mexicanos, todo con el interés de obtener la certificación estadunidense.

El diputado perredista propuso que desde el Congreso se haga una condena en contra de dicha certificación, y que se revisen la política de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y la cooperación con la agencia antinarcóticos estadunidense (DEA).

Por otro lado, la Cocopa suspendió la reunión anunciada para este miércoles, y se espera que hoy se reúna con representantes del Congreso Nacional Indígena.

La Cocopa continuó con la difusión de los acuerdos de San Andrés, y reprodujo el punto 5 de la fracción cuarta del Pronunciamiento conjunto del gobierno federal y el EZLN:

``5. Libre determinación. El Estado respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, en cada uno de los ámbitos y niveles en que harán valer y practicarán su autonomía diferenciada, sin menoscabo de la soberanía nacional y dentro del nuevo marco normativo para los pueblos indígenas. Esto implica respetar sus identidades culturales y formas de organización social. Respetará, asimismo, las capacidades de los pueblos y comunidades indígenas para determinar sus propios desarrollos. Y en tanto se respeten el interés nacional y público, los distintos niveles de gobierno e instituciones del Estado mexicano no intervendrán unilateralmente en los asuntos y decisiones de los pueblos y comunidades indígenas, en sus organizaciones y formas de representación, y en sus estrategias vigentes de aprovechamiento de los recursos naturales''.