Al mediodía del lunes, la policía judicial capitalina detuvo a Benigno Guzmán Martínez en la delegación de Tláhuac, donde tiene su morada. La detención se hizo en cumplimiento de órdenes de aprehensión giradas por las autoridades de Guerrero, y con alarde de violencia verbal y física, si nos atenemos al relato de la esposa y los hijos del inculpado, quienes visitaron La Jornada.

Así cayó el cabecilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR), según el comunicado de la Secretaría de Gobernación. Ese vocablo, de acuerdo con el diccionario, es la figura familiar de cabeza o jefe de rebeldes. Pero el calificativo le fue asestado a Benigno Guzmán en el comunicado sin probar ni la jefatura y ni siquiera su pertenencia (para usar otra palabra impertinente) al EPR. Peor aún, en ninguno de los tres juzgados guerrerenses ante los que rindió su declaración al día siguiente, fue interrogado sobre sus pretendidos vínculos con ese grupo armado, cosa que formalmente se entiende, dado que las acusaciones eran otras, pero que resulta inexplicable en las circunstancias políticas concretas que se viven y pesando la espectacularidad del caso. ¿De dónde sacó Gobernación lo de cabecilla del EPR?

No fue, por supuesto, del expediente de Benigno Guzmán Martínez, que puede ser muy voluminoso pero no incriminatorio, ni de ningún descubrimiento repentino, del que se habría dado cuenta puntual. Lo que seguramente se sabe en esa dependencia es, más o menos, lo que sabemos todos. Que Benigno es fundador y dirigente (cabecilla, aquí sí, siempre que no se emplee peyorativamente) de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), agrupamiento que tiene su fuerza en la movilización civil. Rubén Figueroa Alcocer reprimió con saña especial a la OCSS, tanto que varios miembros de ésta figuran como víctimas en la matanza del 28 de junio en el vado de Aguas Blancas. Después de ese escandaloso suceso, precisamente, Guzmán tuvo que emigrar con su familia y varios compañeros al DF, a causa de las amenazas de muerte que le dirigió Figueroa.

Y así tenemos que el ex gobernador goza de libertad, no obstante que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación lo señaló como responsable de violación a las garantías individuales en el caso de la masacre de Aguas Blancas, mientras que Benigno Guzmán, un dirigente social a cuya organización se dirigieron las armas criminales, ha ido a dar al penal de Acapulco. Esta es una peligrosa inversión de la justicia que enturbiará aún más la atmósfera social y política en este año decisivo para el desarrollo democrático. Y se da en momentos en que se han oscurecido también las negociaciones con el EZLN, otro grupo armado, a causa del temor oficial a llevar a la Constitución lo acordado en San Andrés Larráinzar respecto de la autonomía de los pueblos indígenas.

Es comprensible que el gobierno esté encrespado con el EPR, al igual que con el EZLN, porque su sola existencia arruina la imagen del país que quiere proyectarse. Pero no es mediante el engaño, que en el caso de Benigno Guzmán y de la autonomía indígena se parece más al autoengaño, como va a acabarse con la violencia insurreccional. Hay una forma más efectiva y dignificante. Al comentar el atentado contra Ortiz Rubio, en su exilio de Los Angeles, José Vasconcelos declaró: ``Yo espero la paz en México, pero sé que no vendrá sin la justicia. Esperemos, pues, primero la justicia''. Así que la justicia es el modo.