En cuatro días (21 a 24 de enero), los diarios capitalinos publicaron cinco planas completas de información del gobierno del Distrito Federal sobre sus ``realizaciones'' en 1996 y sus ``programas de trabajo'' para 1997, que esconden difícilmente su carácter de publicidad electoral para el partido gobernante, pagada con recursos presupuestales. Las repetidas declaraciones del regente sobre su decidido apoyo electoral a su partido, aclaran cualquier duda al respecto. Desde ahora tenemos claras las condiciones de desigualdad que caracterizarán las elecciones en el DF, aún no iniciadas formalmente. Mal comienzo para un proceso que debería ser un paso sustantivo en la democratización de la capital.

De estas páginas publicitarias comentaremos las referidas a la Alianza para el Crecimiento del Distrito Federal (21 y 23 de enero). Hay que reiterar que los Pactos y Alianzas de los últimos tres gobiernos han sido acuerdos entre el gobierno y las cúpulas gremiales corporativizadas al régimen, con base en decisiones gubernamentales preestablecidas, que no se consultaron con sus propias bases gremiales ni mucho menos con los sectores que dicen representar o con el conjunto la sociedad nacional y/o capitalina.

La información es tan vaga que es imposible el juicio razonado de los ciudadanos, técnicos y expertos, para convertirse efectivamente en ``publicidad'' política. No nos dice dónde fueron hechas las acciones de 1996, quién las hizo, cuáles sus características, qué sector de actividad y qué agentes sociales se beneficiaron, por lo que es imposible constatarlas y evaluarlas. Igual sucede con las promesas para 1997. Las únicas acciones que se cuantifican, en pesos y números, son las obras públicas que permiten a los gobiernos irrigar con recursos a las grandes empresas constructoras y beneficiar al capital en su conjunto, o las que, a manera de ``compensación'' social, atenúan limitadamente la extrema pobreza de los sectores populares y sirven de gancho electoral.

La inserción del 21 de enero afirma que ``este nuevo acuerdo permitirá generar más empleos, recuperar gradualmente el poder adquisitivo de los salarios, elevar la producción, promover el ahorro y fomentar una mayor inversión local y extranjera en el Distrito Federal''. Pero de las acciones formuladas no se puede derivar esta afirmación, sobre todo en lo que se refiere a la recuperación del salario, que carece de acciones concretas, al tiempo que la política de ``topes'' salariales lo degrada sin cesar desde 1976, para colocarlos en una cuarta parte de su valor de entonces y el nivel de hace 60 años.

Para la generación de empleos, se proponen la capacitación de los empleados; pero los empleos en una economía capitalista neoliberal no los crean los trabajadores por capacitados que estén, sino las empresas y el Estado. Ninguna pequeña empresa busca hoy financiamiento, porque ya están endeudadas y las altas tasas de interés y el agiotismo de la banca lo impiden. No hay una sola referencia a la recuperación del mercado interno y de las empresas que para él producen, impedida por el deprimido poder de compra de la población.

Se sigue poniendo el énfasis en la política exportadora que beneficia básicamente a los grandes monopolios, poco generadores de empleo, y que no ha mostrado poder inducir un cambio real en el desfavorable intercambio mundial, pues el actual superávit de la balanza comercial es indicativo del estado de crisis de las empresas y no de su recuperación, invisible para el ciudadano común, que no vive de estadísticas macroeconómicas sino de su salario y lo que con él pueda comprar. No basta promover la exportación o informar sobre mercados para que la empresa crezca; se necesita financiamiento, tecnología adecuada y productividad, pues por su ausencia, decenas de miles de empresas en el DF están en quiebra o van para allá.

El voluntarismo de los ``compromisos'' de los sectores, que no sabemos cómo van a cumplir y cómo vamos a evaluarlos los ciudadanos, refuerza, en lo económico y social, el carácter publicitario de los acuerdos y el sentido de su costosa publicación en los diarios: son parte de la publicidad electoral. La democratización del DF y su proceso electoral exigen que el gobierno capitalino cumpla su función; pero debe sacar las manos y sus recursos del proceso electoral que compete a los partidos y los ciudadanos.