Roccatti: no sólo en Chiapas hay denuncias sobre abusos militares

Angeles Mariscal y Juan Balboa, corresponsales, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 29 de enero Ť La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Mireille Roccatti, reconoció que las denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército Mexicano, como las habidas contra habitantes de las zonas de conflicto en Chiapas, también se han presentado en Guerrero y otros estados donde hay grupos paramilitares.

Al ser interrogada sobre nuevas denuncias contra integrantes del Ejército, ahora en la zona norte del estado, agregó que se ha solicitado a la Coordinación Especial de Asuntos Indígenas que se traslade a esas comunidades.

Respecto a la invitación de los reos indígenas presos en Cerro Hueco, señaló que por el momento se designó a un coordinador para que se entreviste con ellos y analice sus denuncias.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Yesmin Lima Adam, informó que la Produraduría General de Justicia local recibió el año pasado 90 por ciento de las recomendaciones expedidas por el organismo a su cargo.

La mayoría de ellas, dijo, por aprehensiones o detenciones arbitrarias, dilación en la procuración de justicia, abuso de autoridades judiciales, irregularidades penitenciarias y denegación de justicia.

Lima Adam aseguró que en 1996 el organismo que preside recibió mil 424 quejas por violaciones a los derechos humanos en el estado, 992 de las cuales acusan a funcionarios y a personal de la Procuraduría General de Justicia del estado.

Al rendir su cuarto informe de labores, Lima Adam señaló que hicieron llegar 108 recomendaciones a diversas dependencias del gobierno de Julio César Ruiz Ferro, entre las que destacan las enviadas al procurador general de Justicia, Jorge Enrique Hernández Aguilar, y al secretario general de Gobierno, Eraclio Zepeda.

La ombudsman chiapaneca aseguró que el organismo que preside detectó deficiencias en las cárceles de la entidad, anomalías sobre las que informó a las autoridades estatales con el fin de corregir aspectos como instalaciones eléctricas, hidráulicas, condiciones de salud y de atención médica, así como relativas a las actividades educativas, traslados de reos por razones familiares y varios aspectos jurídicos.

La Comisión de Derechos Humanos estatal informó que el año pasado duplicó sus recomendaciones a las instituciones del gobierno local. Pasaron de 56 a 108, apuntó Lima Adam.

El cuarto informe de actividades de la ombudsman señala que de las recomendaciones emitidas el año pasado, 97 han sido parcialmente cumplidas, seis cumplidas totalmente y cinco no aceptadas: tres por parte de la Procuraduría General de Justicia y dos por el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas.

La dependencia que preside el procurador Jorge Enrique Hernández Aguilar sigue siendo la institución con el mayor número de quejas de la población y recomendaciones de las comisiones Nacional y estatal de Derechos Humanos.

En tanto, organizaciones no gubernamentales que trabajan en el estado afirmaron que en Chiapas ni la procuración ni la administración de justicia han sido garantes de los derechos de la Constitución.

``Los funcionarios de la instancia de procuración de justicia en Chiapas continúan utilizando como método de investigación y de obtención de información y confesiones la tortura, la detención arbitraria e ilegal y la creación de evidencias para inculpar a miembros de organizaciones sociales'', precisaron las ONG que trabajan en la defensa de derechos humanos y en la asistencia a zonas llamadas de conflicto.

Expulsan a cuatro chamulas por pertenecer al credo presbiteriano

Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis. Ť Cuatro indígenas chamulas fueron expulsados de su comunidad por pertenecer a la Iglesia presbiteriana, informó el Comité de Defensa Evangélica de Chiapas, y agregó que tres más han sido amenazados con ser desterrados si no cambian de religión.

El organismo dijo que con esta expulsión, los católicos tradicionalistas ``rompieron'' la tregua firmada por ambas partes y ``se pone en riesgo la estabilidad de San Juan Chamula, ya que los hermanos no se van a dejar pisotear más tiempo''.

Añadió que los cuatro indígenas protestantes, originarios de la comunidad de Jolbón -una pareja con dos niños- se encuentran refugiados en la colonia Paraíso de esta ciudad, ``y si los caciques no aceptan que regresen por la buena, retornarán a la fuerza, como ya sucedió antes''.

Según el comité, desde 1994 no había ocurrido expulsión alguna de comunidades de San Juan Chamula, de donde han sido desterrados más de 20 mil nativos en las últimas tres décadas.